El PSOE agita en su congreso el debate sobre la armonización fiscal contra Ayuso

La resistencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra la armonización fiscal se topará con un nuevo frente en el congreso federal del PSOE. En el cónclave del próximo fin de semana se debatirá la incorporación a su ponencia marco de una reforma que equilibre los tributos entre las diferentes comunidades autónomas. Las enmiendas en esta línea provienen de distintas delegaciones, según la memoria a la que ha tenido acceso este diario, creando un bloque común del que forman parte socialistas madrileños, catalanes, valencianos, andaluces o baleares. Del PSOE de Madrid parte una enmienda que reclama incluir en la reforma del sistema de financiación autonómica la armonización "de las bonificaciones, deducciones y tipos impositivos en los impuestos cedidos a las CCAA". En la enmienda aportada desde el PSC se añade que "se tenga en cuenta la lucha contra situaciones de 'dumping' fiscal entre comunidades", aun sin mencionar directamente a Madrid, porque "provocan concentración de patrimonios en ciertas comunidades" y "desincentivan la inversión privada, entre otras".

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ya anunció recientemente la creación de una ponencia que estudie la armonización para que la recaudación de tributos "sea paritaria en todas las comunidades" y se enfoque a una mayor progresividad fiscal. El Ejecutivo central también apuesta por crear este nuevo marco en una futura reforma tributaria, comprometida con Bruselas en el plan de recuperación. La hoja de ruta pasa por desarrollarla a partir del próximo mes de febrero, cuando se reciban las conclusiones del grupo de expertos creado para tal efecto, e implantarla en 2023.

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La posición de los socialistas madrileños no siempre ha sido la misma y en la campaña del 4-M su candidato, Ángel Gabilondo, se desmarcó de la armonización fiscal y evitó incluir en su programa cambios tributarios. Una posición contraria a la propuesta que poco antes habían presentado en la propia Asamblea. A través de una enmienda a la totalidad a la ley de bonificaciones fiscales presentada por Vox, los socialistas plantearon una reforma con el objetivo de "eliminar ciertos privilegios y trato de favor a las élites madrileñas". Entre ellos, reducir del 100% al 50% las bonificaciones en el impuesto de patrimonios superiores al millón de euros o un nuevo tramo en el IRPF.

En el caso de otras federaciones, la posición ha sido contundente desde hace tiempo. Tanto el 'president' de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, han hecho bandera de la igualdad en materia de fiscalidad como un elemento clave para el reequilibrio del Estado. El valenciano, por ejemplo, sostiene que Madrid aprovecha su capitalidad para ofrecer ventajas fiscales que otras autonomías no pueden permitirse.

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Otra de las enmiendas que se discutirán en comisión para intentar elevar al plenario argumenta en una línea similar que "la suficiencia financiera debe prevaler sobre la autonomía fiscal, por lo injusto que es la competencia entre desiguales, porque la competencia fiscal a la baja mina la solidaridad interterritorial y porque rechazamos lo que hay detrás del discurso antiimpuestos". Una confrontación directa con relatos como el de la presidenta madrileña, quien aboga por eliminar los impuestos autonómicos, aunque con un escaso impacto recaudatorio.

La financiación territorial

El sistema de financiación autonómica es otro de los asuntos en que Ferraz busca salir del cónclave con un consenso. El objetivo pasa por disponer de una propuesta que aúne las diferentes sensibilidades para erradicar lo que consideran "disfunciones" que se arrastran desde hace años. No será fácil y cada territorio mantiene sus posiciones, vaticinando que este será uno de los principales focos de conflicto en el cónclave. La ponencia marco parte de la base de que el sistema de financiación propuesto aporte “reglas clarificadoras que aseguren la autonomía financiera de las comunidades autónomas, la solidaridad interterritorial y los principios de corresponsabilidad, suficiencia y coordinación”.

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La asociación entre la reforma fiscal y la de la financiación autonómica aparece en varias de las enmiendas presentadas por los socialistas de los territorios del Mediterráneo. La federación valenciana es especialmente activa en reclamar al PSOE que salga de su congreso con una posición clara en materia de reparto de recursos por territorios. La ponencia marco refleja el "firme compromiso de avanzar en la reforma de los sistemas de financiación". Pero una enmienda enviada desde Valencia aboga por "alcanzar a la mayor brevedad posible un acuerdo político". Hasta 10 enmiendas incorpora el PSPV sobre la financiación reclamando una nivelación vertical, que tenga en cuenta la deuda generada por la infrafinanciación. "Los y las socialistas rechazamos que la recuperación pospandemia se produzca a distintas velocidades entre las CCAA como consecuencia de la inequidad en el reparto actual de recursos del sistema de financiación y trabajamos para frenar las desigualdades territoriales", escriben.

Delegados de Málaga, Córdoba o Granada también advierten de las desigualdades y reclaman una revisión completa del modelo.

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La descentralización es otro de los asuntos de debate empujados desde diferentes delegaciones. El propio presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, defendió recientemente la descentralización de instituciones de Madrid. Una propuesta que en pocos minutos era respondida por Ayuso calificándola como "un ataque frontal y directo contra Madrid" y avanzando: "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedirlo".

Las diferentes enmiendas en este sentido abogan por la descentralización de diversos organismos del Estado en otros emplazamientos que no sean la propia capital, tanto para fijar población como para generar un efecto tractor al desarrollo de los diversos territorios y distribuir la oferta de empleo cualificado. "Queremos avanzar hacia una España vertebrada, por lo que resulta fundamental un cambio de paradigma: España tiene que ser policéntrica. El centralismo es ineficiente, pero también es insolidario", recoge una de las enmiendas presentadas por los valencianos. Esta concluye que "la descentralización política en el marco del Estado autonómico implica también descentralizar los organismos del Estado, ubicando las sedes de los mismos en otros emplazamientos que no sean la propia capital". La visión en red la extienden al diseño de las infraestructuras y las inversiones del Estado.

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La propuesta de la desconcentración no es nueva, Sánchez ya la comprometió en la pasada campaña electoral y existen proyectos que están ya en marcha, como la instalación en Soria del nuevo Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de la Seguridad Social, previsto para el año 2024. Unas medidas que además concitan el respaldo de buena parte de los presidentes autonómicos, que llevan tiempo empujando para romper con el centralismo madrileño, que acapara todos los órganos de poder del Estado. El pasado mes de junio, Juanma Moreno, presidente de Andalucía, defendió en un acto en el Círculo de Economía de Barcelona, con otros barones territoriales del PSOE y con Alberto Núñez Feijóo, la descentralización de instituciones para mejorar la cohesión territorial. Ximo Puig ha reclamado la sede de Puertos del Estado para Valencia, por ejemplo, y defiende que el Instituto Oceanográfico se ubique en Vigo.

Una forma de luchar contra la despoblación y, más allá de organismos de nueva creación, algunas enmiendas se refieren directamente a la descentralización del aparato estatal que se encuentra situado en la capital de España. "En este concepto, pensamos que las sedes de los diversos ministerios y demás órganos estatales deberían repartirse y trasladarse a las diferentes provincias, lo que permitiría un cambio real en la vida y la economía de la España rural", recoge uno de los textos que se debatirán en el cónclave de los socialistas el próximo fin de semana en Valencia.

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Trasvase Tajo-Segura

En materia territorial, el PSOE también tendrá que afrontar el espinoso debate del agua en su congreso de Valencia. Delegados de la Comunidad Valenciana y Murcia, con respaldo de sus direcciones autonómicas, han elevado enmiendas en las que piden incorporar a la ponencia marco un pronunciamiento claro en favor del trasvase Tajo-Segura, muy cuestionado desde la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por el también socialista Emiliano García-Page. El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, ha promovido recientemente una revisión de los caudales del trasvase atendiendo a los niveles de los embalses de cabecera.

El PSOE murciano enmienda la referencia del documento político a la política del agua, que en apenas tres líneas señala que es prioritario adaptarla a la reducción de la pluviometría provocada por el cambio climático y a la “exigencia de mantener ríos con vida”. La propuesta murciana pide añadir una apuesta por el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y el reconocimiento de los derechos de explotación y la participación de las autonomías por las que discurre en los órganos de gestión de los recursos hídricos. “Es preciso revisar el memorándum del trasvase Tajo-Segura para exigir la disminución del mínimo trasvasable, permitir riegos de emergencia en periodos de extrema sequía, modificar las normas de trasvase y desembalse, participación con voz y voto de los usuarios en la comisión técnica, todo ello concretado en una ley definitiva del trasvase Tajo-Segura”, se escribe en el texto.

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También los socialistas valencianos quieren apretar en la misma línea que Murcia, aunque en su caso la enmienda se ha presentado al articulado sobre medias de eficiencia en el sector agrícola. Los de Ximo Puig sostienen que el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura “resulta esencial para el sostenimiento de la actividad agroalimentaria en el sureste”. “La solución frente a la disminución de las aportaciones en su cabecera debe afrontarse como una cuestión global y no como una mera suma de actuaciones independientes donde la cuestión básica ha de ser la permanencia de esta infraestructura”, afirman. En esta línea, piden que la ponencia marco recoja el compromiso del PSOE de que "los volúmenes disponibles para los regantes y usuarios del trasvase no se verán disminuidos". “En la planificación hidrológica, se dispondrán las medidas necesarias para asegurar este hecho, de manera que, además, el precio del recurso no se vea incrementado”, añaden.