La guerra de los barones por la financiación amenaza la estabilidad interna de PSOE y PP

La crisis entre los barones territoriales por la financiación autonómica y la incapacidad de PSOE y Partido Popular de alcanzar un pacto de Estado para reformar un modelo de reparto de recursos obsoleto y caducado desde hace más de seis años amenaza con contaminar sus principales citas políticas de otoño, la convención nacional de los conservadores la semana que viene y el 40º Congreso del PSOE previsto para la siguiente. La cumbre protagonizada el pasado martes en Sevilla por el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, y su homólogo andaluz, el popular Juan Manuel Moreno, ha agitado un avispero que hasta ahora permanecía más o menos lejano del gran debate político, pero que se vive periódicamente con intensidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el Ministerio de Hacienda.

La Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia son los territorios más perjudicados por el sistema, con diferencias de hasta 700 euros por habitante 'ajustado'; es decir, una vez ponderados correctores como dispersión o envejecimiento. Estas tres autonomías están apretando para que el Ejecutivo cumpla su promesa de abordar una actualización del modelo aprobado en 2009 y que lleva desde 2014 caducado. Moncloa ha hecho gestos de empatía hacia los agraviados, pero hay división en el gabinete sobre el ritmo de la negociación de un asunto que genera inquietud en otros territorios, que temen perder recursos cuando se produzca el reequilibrio si el Gobierno no pone más dinero en la tarta autonómica.

Se trata de un conflicto transversal, que no atañe a las trincheras políticas habituales en Madrid y que tendrá como próximo episodio una reunión en Galicia de los presidentes de los territorios menos poblados y envejecidos reacios a realizar grandes cambios, con los populares Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y los socialistas Javier Lambán (Aragón) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) como principales referencias.

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La nula comunicación entre PSOE y PP para propiciar pactos de Estado alimenta esa división territorial, que se está volviendo en contra de los dos partidos, obligados a ponerse de acuerdo porque una nueva Lofca requiere mayoría absoluta. El Gobierno lanza señales de división. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, trata de navegar reclamando a los barones que no configuren bloques, pero los mensajes con los que ha apuntado a una solución "en los próximos años" indican que no está convencida de abrir ya el melón.

La ministra María Jesús Montero, que conoce bien el problema desde su etapa como consejera de la Junta de Andalucía, quiere empezar a andar y prevé presentar en noviembre un primer esbozo con la propuesta de redefinición del concepto de "población ajustada". En su última comparecencia en el Congreso no solo apeló a la necesidad de abordar la reforma para solventar los agravios, sino que además introdujo en la ecuación el debate sobre la deuda acumulada por el déficit de las autonomías peor financiadas. "Puede enseñar parte del camino: no te lo puedo dar todo, pero sí dejar en la mitad la diferencia, y quitarte el 40% de la deuda", señala una fuente del equipo económico de la Generalitat valenciana.

La división de los barones del PP

En la dirección nacional del PP, por su parte, reconocen que "la disparidad" entre sus presidentes autonómicos no hará fácil el encaje de una posición común. "Castilla y León no es Andalucía. Y Galicia no es Madrid ni Murcia. Nos ha costado mucho homogeneizar posiciones, por ejemplo, en el tema fiscal", explican sin esconder cierto escepticismo sobre cómo abordarán internamente el futuro modelo de financiación. La realidad es que Génova no tiene prisa. Sobre todo, porque la estrategia de la cúpula es esperar, consideran que debe ser el Gobierno el que mueva ficha de una vez. "Montero dice que los partidos nos arreglemos internamente. Pero es ella quien tiene que presentar una propuesta y, a partir de ahí, ya veremos", insisten en el entorno de Pablo Casado.

Mientras la dirección deja correr el tiempo, los barones más 'activos' como Moreno, que lidera reuniones bilaterales (arrancó con Puig y seguirá con otros en los próximos días), amenazan con que el asunto termine por estallar en la casa del PP. La próxima semana, además, llega la convención nacional en mitad de un ambiente enrarecido por los tira y afloja entre el presidente y la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El presidente de la Junta de Andalucía cree que el debate no puede seguir dilatándose y, de hecho, ya ha defendido públicamente que cuenta con que el líder de la oposición (el presidente de su partido) "pondrá de su parte" para que haya un gran acuerdo. En el entorno de Casado desconfían del Ejecutivo y recuerdan que no han recibido ninguna llamada para tratar de llegar a un acuerdo entre las dos principales fuerzas. Tampoco se llaman a engaño, especialmente en el equipo económico popular, reconociendo el sudoku que supone esta reforma para el Ministerio de Montero.

Con los postulados de Andalucía también está el presidente de Murcia, Fernando López Miras, a pesar de que se quedó fuera de la reunión a dos entre Moreno y Puig. "Había un nuevo modelo pactado y casi concluido con Rajoy, y con la llegada de Sánchez se guardó en un cajón. No ha habido interés de abordarlo ni de convocar el CPFF. Y es muy urgente, más con la salida de la pandemia, la necesaria reactivación, y los problemas del Mar Menor", zanjan en su entorno. Caso aparte es el de Madrid, aunque en líneas generales la comunidad comparte esta posición en la que también está la Comunidad Valenciana (en manos socialistas), para que se tenga en cuenta el factor poblacional.

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En la otra cara de la moneda se sitúan Galicia y Castilla y León, que forman parte del frente de autonomías de la España envejecida. Todas ellas tendrán un encuentro próximamente para aunar fuerzas y para reclamar que el factor de la despoblación (dispersión geográfica, extensión territorial, envejecimiento y baja densidad demográfica) sea clave en el reparto. Representan un sector más inmovilista frente a los presidentes que exigen un cambio en el modelo urgente. Y, entre unos y otros, Casado deberá mediar. Está por ver cómo se abordará el debate en la convención que los populares van a celebrar el próximo fin de semana. De hecho, el sábado coincidirán todos los presidentes autonómicos.

Asperezas en el PSOE

En las filas socialistas admiten que el tema genera divisiones internas y que hay cierto enconamiento. El consejero de Hacienda de Aragón, Carlos Pérez Anadón, ha llegado a secundar a la Comunidad de Madrid en el Consejo de Política Fiscal contra el fondo transitorio de nivelación que reclaman Andalucía y la Comunidad Valenciana hasta que se resuelva la reforma. Un fondo respaldado por el 'think tank' independiente Fedea y que Montero se resiste a aplicar por esas diferencias entre unos y otros y porque le obligaría a inyectar más dinero verticalmente.

El PSOE celebra el tercer fin de semana de octubre su 40 Congreso en una cita concebida para renovar el liderazgo de Pedro Sánchez como secretario general y muchas caras nuevas de la ejecutiva. Nadie duda de que no será una cita convulsa, sino más bien de unanimidad en torno a la figura del presidente del Gobierno. Pero eso no quiere decir que no haya muchos matices subterráneos. El 'conseller' valenciano de Hacienda, Vicent Soler, escribió esta semana al resto de consejeros socialistas para ofrecerles un encuentro dirigido a limar asperezas y encontrar puntos comunes.