La tibieza de Moncloa y la visita de Sánchez a Ceuta abocan a una crisis larga con Marruecos

El Gobierno de España tuvo el martes una reacción tibia frente a la mayor oleada migratoria provocada por Marruecos con la llegada a Ceuta, desde el lunes de madrugada, de más de 8.000 'sin papeles', en su gran mayoría marroquíes. Tanto el presidente, Pedro Sánchez, como sus ministros evitaron señalar la responsabilidad del país vecino en esta crisis migratoria sin precedentes, con la que las autoridades marroquíes intentan, en el fondo, que España les brinde un mayor apoyo en el contencioso del Sáhara Occidental, alineándose como mínimo con Francia. París no reconoce la soberanía marroquí sobre ese territorio, pero sí respalda abiertamente el plan de autonomía ofrecido por Rabat para resolver el conflicto en esa antigua colonia española.

Tampoco ha gustado a Marruecos la visita que Sánchez ha hecho a las ciudades autónomas para ser informado sobre la evolución de los acontecimientos y de las medidas adoptadas. El mandatario socialista se reunió con las autoridades ceutíes y melillenses tras comparecer en la Moncloa y, mediante una breve declaración institucional, destacó que el Gobierno mantendrá la integridad del territorio nacional y su deseo de que el país vecino siga siendo "amigo". Acto seguido, efectuó el desplazamiento.

Lo que España pudo hacer y no hizo

La mañana de este miércoles, la policía marroquí ha sellado el paso fronterizo del Tarajal y ha interrumpido el éxodo migratorio. Antes, el martes, el Ejecutivo español podía, por ejemplo, haber llamado a consultas a su embajador en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner; podía aplazar la adopción de una ayuda de 30 millones de euros a Marruecos para que mejore la vigilancia de sus costas, aprobada ayer en Consejo de Ministros, e incluso podía haber solicitado el despliegue en Ceuta y Melilla de Frontex, la agencia europea para el control de fronteras. El organismo, de hecho, se ofreció este martes a secundar a las fuerzas de seguridad españolas.

Sin embargo, el Gobierno no llamó a consultas a su embajador, mantuvo los plazos iniciales del plan de 30 de millones y no ha tomado en consideración la oferta de Frontex, porque sabe que su despliegue en ambas ciudades autónomas acentuaría su carácter europeo, y eso enfadaría a Rabat.

Otras medidas más contundentes fueron siempre descartadas por el Gobierno español por el perjuicio económico o diplomático que causarían al país vecino. España podía, por ejemplo, cancelar de un plumazo el acuerdo bilateral provisional mediante el cual Enaire, gestor de la navegación aérea, cede el control del espacio aéreo del Sáhara a Marruecos. Las compañías aseguradoras dejarían de garantizar los vuelos que aterrizan o cruzan los cielos de la antigua colonia.

En su declaración desde la Moncloa de este martes, Sánchez se limitó a pedir a Marruecos "respeto a las fronteras mutuas" y anunció su inminente viaje a Ceuta y Melilla, un desplazamiento que disgustó a las autoridades marroquíes. Estas ya manifestaron su enfado cuando, en 2006, el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, visitó las dos ciudades. Al año siguiente lo hicieron, por primera vez, los Reyes de España, y entonces Rabat retiró a su embajador en Madrid, Omar Azziman, durante varias semanas.

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Los ministros de Sánchez, como José Luis Escrivá, Arancha González Laya y María Jesús Montero, insistieron todos al unísono ante la prensa en que lo sucedido en Ceuta “no tiene nada que ver” con la acogida en un hospital riojano del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ni con el conflicto del Sáhara.

Sus palabras en público contrastan con los comentarios que hacen en privado los miembros del Ejecutivo. Ninguno tiene dudas de que la invasión migratoria de Ceuta es la reacción marroquí a la hospitalización en Logroño del “enemigo número uno” de Rabat, además de por su empeño en doblegar la postura de España sobre el Sáhara. Marruecos se obstina en forzar ese cambio de actitud de la diplomacia española desde que el 10 de diciembre el entonces presidente de EEUU, Donald Trump, reconoció la soberanía marroquí sobre ese territorio.

Llamada a consultas a la embajadora en España

El descontento español solo fue expresado el martes a través de la convocatoria, por González Laya, de la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich. La ministra le trasladó su "rechazo" y su "disgusto" por la entrada masiva de inmigrantes, pero sin establecer ningún nexo con la acogida de Ghali en Logroño.

Pese a la prudencia del mensaje que González Laya transmitió a su interlocutora, este sentó mal en Rabat. Una hora después de que concluyese la cita de González Laya en la sede del Ministerio de Exteriores, la portavoz de la embajadora anunció a la prensa que había sido llamada a consultas y regresaba, por tanto, a Marruecos.

"Ya hemos esperado bastante tiempo las explicaciones de Madrid" sobre la acogida de Ghali, declararon fuentes diplomáticas marroquíes. "Cuando España se comporta así con un país al que llama aliado estratégico, es necesario extraer las consecuencias", añadieron. El 6 de mayo, Rabat también retiró a su embajadora en Berlín en protesta por la actitud de Alemania con relación al Sáhara.

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Algún responsable europeo ha empleado, dirigiéndose a Marruecos, expresiones más contundentes que los ministros españoles. Ylva Johansson, comisaria europea de Interior, recordó a Rabat que "las fronteras españolas son fronteras europeas" y le exigió que "cumpla" con su obligación de controlar las salidas irregulares que se producen desde su territorio. Las imágenes de cientos de niños y adolescentes marroquíes recién llegados a Ceuta han dañado la percepción de Marruecos en Europa.

Una crisis cuya solución se ve lejos

La tibieza de la reacción del Gobierno español, algo matizada por el viaje de Sánchez a Ceuta y Melilla, no bastará para apaciguar al vecino del sur, que espera, ante todo, gestos con relación al Sáhara Occidental. La crisis bilateral corre el riesgo de prolongarse. Lo más probable es que acabe empalmando con otra más amplia entre Marruecos y la Unión Europea, que podría estallar a finales de junio o principios de julio.

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Porque por esas fechas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debería pronunciarse sobre los dos recursos interpuestos por los abogados del Frente Polisario contra los acuerdos de asociación y de pesca suscritos en 2019 entre Marruecos y la Comisión Europea. Los letrados franceses (bufete Devers) del movimiento saharaui piden su anulación, porque incluyen extensiones para el Sáhara Occidental sin que su población haya sido consultada. A juzgar por algunos indicios, las sentencias no deberían ser muy favorables a los intereses de Rabat, que podría no dudar en emprenderla de nuevo con la Unión Europea empezando por sus vecinos más inmediatos.

La vista oral se celebró en Luxemburgo a principios de marzo. A los letrados del Polisario les hicieron frente los de la Comisión Europea, el Consejo de Ministros Europeo, los de dos asociaciones marroquíes de pesquerías y agricultores y los abogados del Estado de Francia y España. Ahí estaba de nuevo el Gobierno español defendiendo con discreción —Exteriores escondió su papel en el TJUE— los intereses de Marruecos en el Sáhara ante el alto tribunal. A Rabat esto ya no le basta. Quiere que España proclame su apoyo a los cuatro vientos.