La próxima crisis con Marruecos tiene fecha: a principios de verano

Fernando Castillo de la Torre, asesor jurídico principal de la Comisión Europea, advirtió a los cinco jueces que tenía enfrente sobre las serias repercusiones de la sentencia que pronunciarán a principios del verano. Su veredicto puede hacer que se tambalee la relación de Marruecos con la Unión Europea y especialmente con España, su vecino más inmediato.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dedicó, el 2 y 3 de marzo, 16 horas de audiencia a estudiar el recurso presentado por el Frente Polisario solicitando la anulación de los acuerdos de asociación y pesca suscritos en 2019 por la Comisión Europea con Marruecos. Ambos incluyen al Sáhara Occidental, un territorio cuya soberanía no ostenta aunque lo controla en un 80%. El territorio, cuya superficie es similar a la del Reino Unido, fue colonia de España hasta 1976.

A la reclamación de Gilles Devers, el letrado del Polisario, se opusieron nada menos que los juristas y abogados de la Comisión, del Consejo de Ministros de la UE, de Francia y España —los principales abanderados de Marruecos en Europa— y los de la Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo Rural (Comader) y de las Cámara Marítimas marroquíes. El ambiente en la sala estuvo cargado de animosidad, algo nada habitual en el Tribunal de Luxemburgo.

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Devers ya ganó hace años el primer asalto. En tres sentencias sucesivas, pronunciadas entre 2016 y 2018, invalidó los acuerdos existentes argumentando que Marruecos y el Sáhara Occidental eran dos territorios distintos. Cualquier acuerdo que abarcase al Sáhara, recalcó el tribunal, debía contar con el consentimiento de su población autóctona.

La Comisión Europea reaccionó entonces, avalada por los Estados miembros, negociando en 2019 con Rabat sendos nuevos acuerdos que preveían extensiones para el Sáhara que dejó de ser considerado como parte integrante de Marruecos. Para obtener el consentimiento de la población autóctona envió además a El Aaiún y a Dajla, las dos principales ciudades, a dos funcionarios que se entrevistaron con los saharauis indicados por las autoridades marroquíes.

Gracias a esos acuerdos, las exportaciones del Sáhara a la UE alcanzaron en 2019 los 435 millones de euros. Consisten en productos agrícolas exentos de arancel y en pescado que se añade a las capturas (85.000 toneladas anuales) que efectúa la flota comunitaria. El 92% de las capturas proceden de aguas saharianas y el resto de las marroquíes, según la Comisión. Para que puedan faenar los 128 pesqueros, en su gran mayoría andaluces, gallegos y canarios, la Comisión abona anualmente 52 millones de euros al Estado marroquí.

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Los defensores de los acuerdos no pusieron ya en tela de juicio que se tratara de dos territorios distintos. Sí argumentaron ante el tribunal, en cambio, que el Polisario no representaba al pueblo saharaui y que este sí fue consultado y dio su consentimiento. “El requirente no es una persona moral con capacidad jurídica”, recalcó Vincent Piessevaux, en nombre del Consejo de Ministros. El Polisario “no es el único representante del pueblo saharaui”, alegó la letrada Nathalie Colin, del bufete SJOA, contratado por Comader, el sindicato agrícola marroquí.

Castillo de la Torre, el representante de la Comisión Europea, sostuvo que estos acuerdos son generadores de empleo en el Sáhara y atenúan la presión migratoria. El año pasado 23.023 inmigrantes irregulares desembarcaron en Canarias, la cifra más alta desde 2006. La mayoría (51%) eran marroquíes y zarparon desde las costas del Sáhara Occidental aunque no residían en ese territorio.

España con la Comisión, contra el Polisario

Sonsoles Centeno Huertas, la abogada del Estado enviada a Luxemburgo por el Ministerio de Asuntos Exteriores, hizo más hincapié en su intervención en que España no tenía ninguna responsabilidad en el Sáhara desde 1976. El último informe de la asesoría jurídica de Naciones Unidas, redactado en 2002 por Hans Corell, secretario general adjunto, contradice este argumento. “España es la responsable de la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental (…)”, reconocía además el Gobierno español en una respuesta parlamentaria en 2017.

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Gilles Devers sostuvo primero que el Polisario es el representante del pueblo saharaui tal y como lo estipulan dos resoluciones, que se remontan a más de 40 años, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Así lo reconocieron además las anteriores sentencias del TJUE. “Seguimos partiendo de los mismos fundamentos jurídicos, es decir, la ausencia de soberanía de Marruecos, el derecho a la autodeterminación (de los saharauis) y la representatividad del Polisario en tanto que movimiento de liberación nacional”, afirmó.

Negó después Devers que hubiera habido consentimiento del pueblo saharaui. El propósito de su recurso solicitando la anulación es poner fin “al saqueo de los recursos naturales del territorio ocupado”. Con los pagos que hace al Estado marroquí, la Comisión “costea el crimen de la colonización que viola así el derecho internacional humanitario” y hasta comete un “crimen de guerra”, concluyó. Desde mediados de noviembre, Marruecos y el Polisario se libran una guerra de baja intensidad.

La sentencia se dará a conocer a finales de junio o principios de julio, un plazo relativamente corto, porque su ponente, el magistrado griego Dimitrios Gratsias, cambiará de tribunal. Él ya fue ponente de otra sentencia, en 2016, desfavorable a la Comisión y, por tanto, a Marruecos. Es previsible que se pronuncie en el mismo sentido y dé, con matices, la razón al recurso del Polisario, según opinan fuentes jurídicas. Aunque es apelable ante una instancia superior, la Corte de Justicia de la UE, el veredicto es, en principio, de inmediata aplicación por lo que la flota pesquera europea debería abandonar las aguas saharianas.

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Envalentonado por la decisión del presidente Donald Trump, en diciembre, de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, declaró en vísperas de la celebración del juicio: “Si Europa cree de verdad en la asociación entre Marruecos y la UE, debe de tomar conciencia de que este tiene enemigos”. “Europa ha de reaccionar ante este acoso judicial”, añadió dando a entender así que la Comisión y los Estados miembros deben presionar a los jueces.

Si la sentencia disgusta a Rabat, es posible que provoque una crisis con la UE, especialmente con sus vecinos más próximos, mayor aún que la que desencadenó la semana pasada con Berlín a causa de su posición sobre Sáhara Occidental. Cortó toda relación con la Embajada de Alemania, con la agencia de cooperación y con las grandes fundaciones alemanas que organizaban actividades en Rabat.

A principios de 2017, tras conocerse la primera sentencia del TJUE, el ministro marroquí de Agricultura, Aziz Akhnnouch, quizás el miembro con más peso del Gobierno de Marruecos, formuló una velada advertencia en una entrevista con la agencia de prensa española EFE. “¿Cómo queréis, los europeos, que hagamos el trabajo de bloquear la emigración africana y hasta la marroquí si hoy Europa no quiere trabajar con nosotros?”, se preguntó.

El año siguiente, 2018, fue el peor año de la inmigración irregular en la historia de España. Llegaron a sus costas y a Ceuta y Melilla 64.298 “sin papeles” en su gran mayoría procedentes de Marruecos. ¿Cuántos llegarán si prospera en Luxemburgo el recurso de los letrados del Polisario?