Seis meses de reproches, un día de 'shock': así se gestó el gran desencuentro con Marruecos

Las señales estaban allí. La más reciente y precisa, a finales de abril, cuando más de un centenar de marroquíes cruzaron a nado hasta Ceuta. Pero no ha sido la única. En los últimos meses, la animosidad política de Marruecos hacia España ha ido ‘in crescendo’ en un contexto de fuerte presión económica y social. Esas tensiones, que han pasado de puntillas por la opinión pública española, cristalizaron el lunes en una avalancha de más de 8.000 inmigrantes cruzando la frontera. Muchos se preguntan ahora, ¿qué está pasando en Marruecos?

“Algunos pueden pensar que Marruecos está chantajeando a España y a la Unión Europea con esta crisis, pero se trata de algo mucho más profundo”, explica el profesor Ali Zoubeidi, experto en seguridad, migración y crimen organizado en la Universidad Hassan I de Marruecos, en una entrevista con El Confidencial. “Marruecos tiene un poder geopolítico y lo está ejerciendo para obtener un mejor trato, tanto de España como de la UE”, agrega.

Efectivamente, si recorremos la cronología reciente de las tensiones bilaterales, encontramos un camino cuajado de incidentes, malentendidos y reproches que han ido agriando la relación entre los vecinos estratégicos a mínimos de varios años. Desde el cierre en falso de la crisis migratoria en Canarias el pasado mes de noviembre, una nueva serie de roces diplomáticos han ido calentando la situación mientras el entorno económico se ha recrudecido aceleradamente por el impacto del coronavirus.

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“La crisis era previsible si no se gestionaba con inteligencia —asegura Pau Solanilla, consultor internacional en diplomacia especializado en el Norte de África— y el principal error de España ha sido minimizar esos problemas que para nosotros no eran estratégicos, pero que para Marruecos sí eran simbólicamente muy importantes”.

Un diciembre de reivindicaciones

La fecha clave para entender la situación es el 10 de diciembre de 2020. Ese día, Donald Trump reconocía en sus últimas semanas en la Casa Blanca la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental —una medida que no parece que Joe Biden tenga intención de revertir—. Rabat, por su parte, se unía a la andanada de países árabes que aceptaban reconocer diplomáticamente a Israel.

España no criticó el anuncio estadounidense, pero se desmarcó al insistir en la necesidad de respetar “las resoluciones de la ONU para buscar una vía de solución”, como explicó entonces la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Al día siguiente, la cumbre de alto nivel España-Marruecos, un mecanismo para dirimir asuntos bilaterales de forma más directa y que llevaba sin celebrarse desde 2015, era aplazada ‘sine die’ una vez más. Poco después, el primer ministro marroquí, Saadedin Otmani, volvía a airear públicamente la aspiración soberana del país alauí sobre Ceuta y Melilla. Madrid, irritado como siempre ante este planteamiento, respondió cortante: “No hay tema. Ceuta y Melilla son españolas”.

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Un enero de oídos sordos

El año arrancó con un cambio estratégico de Marruecos. Rabat supeditaría la buena relación con España a que el Gobierno de Pedro Sánchez hiciera un gesto amistoso sobre el Sáhara Occidental tras el movimiento estadounidense. Como mínimo, a considerar su propuesta de un Sáhara autónomo bajo soberanía marroquí. “Europa debe salir de su zona de confort y seguir la dinámica de EEUU”, advirtió el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, en una conferencia de prensa.

El Ejecutivo nacional hizo oídos sordos e intentó reconducir la conversación. En enero, el Ministerio del Interior español anunciaba una dotación de más de 10 millones de euros para su homólogo marroquí para financiar la compra de material de seguridad para la frontera. Cámaras, visores nocturnos, vehículos. Todo para frenar la migración ilegal que se había disparado un 880% respecto 2019.

Un febrero de miseria

En paralelo, la crisis económica desatada por la pandemia ponía a muchos ciudadanos marroquíes al límite. Rabat ya había cerrado las aduanas comerciales de Ceuta (en 2018) y Melilla (2019), tratando de poner fin al fenómeno del porteo o contrabando atípico, como lo llaman en las ciudades autónomas —un contrabando tolerado a ‘pequeña escala’ que llegaba a mover unos 700 millones de euros anuales, según algunos cálculos—.

La asfixia comercial ha ido arreciando a ambos lados de la frontera sin que ninguno de los ejecutivos hayan movido ficha. La pandemia cerró definitivamente la frontera en marzo de 2020 y, desde entonces, el malestar ha ido en aumento. A comienzos del pasado mes de febrero, miles de vecinos de Castillejos (Fnideq) tomaban las calles de esta ciudad marroquí fronteriza con Ceuta para protestar por la dramática situación en la que han quedado miles de familias que viven directamente de comercial a ambos lados de la verja.

De fondo, el conflicto con los saharauis se reavivaba con episodios no vistos en décadas, como el lanzamiento de misiles tierra-aire o el Frente Polisario asegurando tener capacidad para golpear dentro de Marruecos tras reivindicar la muerte de tres soldados marroquíes en la pequeña guarnición de Ouakziz.

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Un marzo de avisos

El 1 de marzo llegó la primera advertencia seria de que en Rabat habían cambiado las reglas del juego. El izado de la bandera de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) durante unas horas en pequeño Parlamento regional de Bremen hizo que Marruecos suspendiera de inmediato “el contacto, interacción o cooperación” con la diplomacia alemana. Una decisión drástica —pero incubada durante meses— con el claro sello de aviso a navegantes.

“Ahora, la crisis desatada por Rabat con Berlín constituye un aviso al Gobierno español para que se distancie de su posición tradicional y adopte una aún más conciliadora con los intereses de Marruecos, según señalan fuentes diplomáticas”, escribió en ese momento Ignacio Cembrero en El Confidencial.

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Un abril de furia

Un evento inesperado complicó la trama. A finales de abril, Marruecos filtraba que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, estaba ingresado en el Hospital San Pedro de Logroño (La Rioja). En el Gobierno español hubo discrepancias sobre si aceptar esta patata caliente. En Interior se resistían ante el previsible cabreo marroquí mientras en Exteriores apostaban por el gesto humanitario —el líder independentista tiene 72 años, sufre cáncer y se había infectado con coronavirus—.

“Para nada esta cuestión ni impide ni perturba las excelentes relaciones que España tiene con Marruecos", comentó la jefa de la diplomacia española a la prensa el 22 de abril.

A los dos días, el embajador de España en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, era convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí para “conocer más detalles”. Las explicaciones no les convencieron. “El Reino de Marruecos deplora la actitud de España [...] (y) manifiesta su decepción ante un acto contrario al espíritu de colaboración y buena vecindad con relación a un asunto fundamental para el pueblo marroquí”, criticó en un comunicado Rabat el día 25 de abril.

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Menos de 24 horas después, más de 130 migrantes marroquíes —posteriormente repatriados— nadaban los 300 metros que separan la playa de Castillejos de Ceuta ante la mirada impasible de las fuerzas de seguridad marroquíes. Segundo aviso.

Un mayo de avalancha

A principios de mayo, llegó la última advertencia. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores del país magrebí aseguraba que acoger a Ghali fue "una decisión premeditada” del Gobierno español de la que "sacará todas sus consecuencias". Rabat tensaba la cuerda para forzar a España a apoyar su plan sobre el Sahara. Cuando le preguntaron a González Laya sobre esta amenaza, la ministra contestó: “Nada que añadir a lo dicho”.

“Con Marruecos, que es una cultura de tradición árabe, los gestos son muy importantes. Creo que se han sentido heridos en el orgullo al ver como España minimizaba esos desencuentros, eso ha hecho bola de nieve y nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Las señales estaban ahí. Tanto las declaraciones como los silencios”, apunta Solanilla.

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Sobre la mesa no solo se trata de un asunto político, sino también económico. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está sopesando si anula los acuerdos de asociación y pesca suscritos en 2019 entre la Comisión Europea y Marruecos por el recurso presentado por el Frente Polisario saharaui. Una sentencia que se espera para principios de verano y que podría reconfigurar el mapa estratégico entre Europa y la nación alauí.

“Esto me recuerda a lo que pasó entre Cuba y EEUU, cuando unos 150.000 cubanos cruzaron el estrecho de Florida entre abril y octubre de 1980”, advierte Zoubeidi. “La crisis tan solo comenzó ayer. Esperemos que esta no se prolongue tanto”.