Seis motivos por los que España podría enfadarse con Rabat, y no por Ceuta y Melilla

Saadedine el Othmani, que encabeza el Gobierno de Marruecos, recordó el domingo pasado la reivindicación de su país sobre Ceuta y Melilla como en otras ocasiones lo hicieron otros políticos marroquíes de peso y hasta el propio rey Mohamed VI en 2007. “Ceuta y Melilla son marroquíes, como el Sáhara”, declaró El Othmani. “Llegará un día en que habría que abrir este asunto”, añadió ante las cámaras de la televisión saudí Acharq y en respuesta a las preguntas de un periodista.

Abbas el Fassi, primer ministro perteneciente al partido Istiqlal, se expresó públicamente en 2007 en términos más contundentes en un discurso pronunciado en un pleno extraordinario de su Parlamento. “España debe comprender que los tiempos del colonialismo están acabados”, declaró. Llegó a comparar la situación de las dos ciudades autónomas con la ocupación de Cisjordania por Israel.

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EFE

Entonces, España, gobernada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, no protestó, pero ahora, bajo otro presidente del mismo partido político, Pedro Sánchez, sí lo ha hecho. La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach, convocó el lunes de urgencia a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich. Le trasladó que “España espera de todos sus socios respeto a la soberanía e integridad territorial” y le pidió “aclaraciones sobre las declaraciones del primer ministro de Marruecos”. Exteriores hizo pública la queja publicando un comunicado. Veinticuatro horas después, la vicepresidenta Carmen Calvo insistió: “Ceuta y Melilla son españolas” y “no hay tema”.

La agencia de prensa oficial marroquí (MAP) omitió informar de la convocatoria de la embajadora mientras que la prensa privada achaca la queja española a un intento de “apaciguar la ira de la oposición de derecha en España”. “Sánchez debe responder de inmediato a las declaraciones del primer ministro marroquí”, escribió Pablo Casado en Twitter. “La división interna y la debilidad internacional del Gobierno PSOE-Podemos cuestan demasiado caras”, añadió.

La declaración de El Othmani no tendrá ningún efecto práctico y, sin embargo, ha suscitado una queja. Desde que Sánchez se puso al frente del Ejecutivo, en junio de 2018, el Gobierno ha tenido, sin embargo, múltiples motivos de descontento hacia Marruecos que nunca suscitaron protestas públicas o discretas, pese a que las iniciativas marroquíes sí tienen consecuencias prácticas. He aquí algunos ejemplos.

1. En lo que va de año, han llegado unos 14.000 inmigrantes irregulares marroquíes a España, en su gran mayoría a Canarias. Marruecos vuelve a no controlar sus costas. Hasta que a finales de noviembre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajó a Rabat, Marruecos no admitía repatriaciones de inmigrantes. Desde entonces, sí lo está haciendo, solo en avión y al ritmo de unos 60 a la semana, un número muy inferior al de los que entran. Interior corre con los gastos de la repatriación. Rabat no acepta, en cambio, las devoluciones de subsaharianos que hayan zarpado desde sus costas, pese a que el acuerdo bilateral de 1992 sí lo prevé.

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2. El Parlamento de Marruecos aprobó en enero pasado por unanimidad, a instancias de su Gobierno, dos leyes que amplían sus aguas territoriales —incluyen al Sáhara Occidental— y crean una zona económica exclusiva que se solapa con la solicitada por el Ejecutivo español ante la ONU para Canarias. Rabat no reconoce además que Ceuta y Melilla tengan aguas territoriales. Nunca hubo consultas con España durante la tramitación parlamentaria de estas leyes, pero sí 'a posteriori'. El PSOE se declaró entonces, a través su secretario de Relaciones Internacionales, Héctor Gómez, preocupado ante las “iniciativas unilaterales” de Marruecos y prometió mostrarse “firme y sin concesiones”. El Ejecutivo socialista guardó silencio durante toda la tramitación.

3. Rabat suprimió el 7 de octubre de 2019 el contrabando, que los ceutíes llaman 'comercio atípico', entre Marruecos y la ciudad autónoma. En sus años de esplendor, alcanzó los 750 millones de euros anuales en mercancías exportadas irregularmente al país vecino. Aunque generaba muchísimo empleo del lado marroquí de la frontera, era perjudicial para la economía marroquí. La decisión marroquí tuvo serias consecuencias sobre Ceuta, donde el contrabando proporcionaba trabajo a centenares de personas, pero no fue consultada ni comunicada de antemano a España.

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4. El 1 de agosto de 2018, Rabat cerró, sin ni siquiera informar a España, la aduana comercial de Melilla por la que se exportaban legalmente mercancías a Marruecos por valor de unos 40 millones de euros anuales. Su apertura había sido acordada en el marco del tratado hispano-marroquí de Fez en 1866 y confirmada por Rabat en 1956 tras el acceso de Marruecos a la independencia. Se creó en el otoño de 2018 un grupo de trabajo compuesto por funcionarios de aduanas de ambos países para resolver el problema, pero apenas se ha reunido y no ha alcanzado ningún acuerdo.

5. Rabat no aplica el acuerdo suscrito en 2007 sobre el retorno concertado de los menores marroquíes —unos 9.000— tutelados por las comunidades autónomas. En octubre de 2018, el ministro del Interior marroquí, Abdelouafi Laftit, viajó a Madrid para mantener una reunión específica sobre ese tema con su homólogo español, pero las exigencias marroquíes fueron consideradas inaceptables. Laftit pidió que España se hiciera cargo de la educación y manutención de los menores repatriados hasta su mayoría de edad.

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6. Rabat se ha negado a colaborar con la investigación de la Audiencia Nacional sobre el asesinato, en octubre de 2013, de dos jóvenes españoles de Melilla, Abdeslam Ahmed Ali y Amin Mohamed Dris, a manos de tres infantes de marina marroquíes que les dispararon desde una patrullera de la Marina Real cuando navegaban en aguas marroquíes, pero muy cerca de su ciudad. Rabat no tramitó ninguna de las comisiones rogatorias enviadas desde España. El portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa al Khalfi, anunció, en diciembre de 2013, que se entregaría al Ejecutivo español un informe con el resultado de la investigación efectuada por las autoridades marroquíes, pero aún no lo ha remitido.

No hay un miembro o un alto funcionario del Gobierno socialista que conozca la relación bilateral con Marruecos y que no admita en privado que la actitud del país vecino es merecedora de protestas diplomáticas. El temor a que el palacio real marroquí, donde de verdad reside el poder ejecutivo, utilice aún más la herramienta de la inmigración irregular o suspenda la cooperación en materia de seguridad y lucha antiterrorista, como hizo con España y, sobre todo, con Francia en 2014, aborta de antemano cualquier atisbo de reproche.