La llegada de marroquíes se acerca al récord pese a la visita de Marlaska a Rabat

Esta semana, la primera de diciembre, los inmigrantes irregulares marroquíes llegados a Canarias deberían superar en términos absolutos a los subsaharianos, según las estimaciones del Ministerio del Interior. Noviembre acabó con un nuevo récord de aproximadamente 7.600 'sin papeles' que desembarcaron en el archipiélago, de los que el 65% era de Marruecos. Desde que empezó el otoño, el número de pateras con marroquíes a bordo está en constante auge.

En lo que va de año, con un pico importante en septiembre, han puesto pie en las islas unos 9.300 marroquíes y 9.750 subsaharianos, a los que hay que añadir un centenar de inmigrantes de otras nacionalidades, según datos que Interior traslada a diario a organismos internacionales, pero que oculta en España. Ni siquiera durante la llamada 'crisis de los cayucos', en 2006 (31.678 'sin papeles'), llegaron tantos en un periodo tan corto de tiempo como este otoño.

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La principal diferencia entre la actual crisis migratoria y la de hace 14 años es que ahora la mayoría son marroquíes y zarpan desde el Sáhara Occidental, concretamente desde algunos puntos de la costa al norte de Dajla y otros al sur de El Aaiún. En esa antigua colonia española controlada por Marruecos, se concentran los dos tercios del Ejército marroquí. Algunos inmigrantes viajan además con pasaporte —o lo tramitan en su consulado en Las Palmas—, y ese documento y un billete les bastan para subirse a vuelos interiores dentro de España aunque carezcan de visado Schengen.

La visita de Marlaska, sin resultados

Las autoridades marroquíes no parecen dispuestas a atajar el flujo migratorio y a aceptar repatriaciones al ritmo previo al estallido de la pandemia, unas 70 a la semana a través de las fronteras ceutí y melillense. De visita en Rabat el 20 de noviembre, el ministro Fernando Grande-Marlaska manifestó su “máxima satisfacción” por la cooperación marroquí, pero no hubo manera de que explicara por qué.

El ministro viajó a Rabat, como lo hizo también antes a Nuakchot, Argel y Túnez, para pedir poder devolver a inmigrantes, y en ninguna capital obtuvo una respuesta positiva, según fuentes conocedoras de su periplo. En la capital marroquí, la reunión con su homólogo, Abdelouafi Laftit, fue incluso tensa, según las mismas fuentes.

Desde que empezó la pandemia, en marzo, Interior no ha repatriado a nadie a través de Ceuta y Melilla, y solo ha conseguido devolver desde Canarias a una treintena de inmigrantes marroquíes en vuelos regulares en que cada uno iba custodiado por dos policías españoles. Los billetes de todos ellos y las PCR preceptivas corrieron por cuenta de Interior. Es un gasto elevado para un resultado escaso, porque el número de expulsados es tan pequeño que ni siquiera tiene un efecto disuasorio entre los aspirantes a emigrar en Marruecos.

El pasado fin de semana, circularon por las redes, sin embargo, un par de vídeos en los que inmigrantes alojados en hoteles en Gran Canaria —unos 6.000 se hospedan aún en esos establecimientos— bailaban con trabajadoras de la Cruz Roja. Estas grabaciones sí pueden suscitar vocaciones migratorias en Marruecos, como los traslados a la Península —equivalente a la puerta de Europa en el imaginario del inmigrante— que Grande-Marlaska quiere, por eso, evitar a toda costa.

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Aunque nadie lo manifiesta abiertamente, en el Gobierno español se considera que, a diferencia de anteriores ocasiones, Rabat no está dispuesta a atajar la inmigración a cambio de concesiones puntuales o pagos por parte de España o de la Unión Europea. Deja que fluya el flujo migratorio para dar salida a una parte de los cientos de miles de marroquíes, sobre todo trabajadores de la hostelería y del sector turístico, que perdieron su empleo a causa de la crisis sanitaria y económica. La semana pasada, Abdellatif Jouahri, gobernador del banco central marroquí, vaticinó en el Parlamento que el crecimiento sostenido no volverá hasta 2023.

Próxima cumbre hispano-marroquí

En el Ejecutivo español sí se prevé, sin embargo, que el ritmo de llegadas disminuya a medida que se acerque la fecha de la celebración —el 17 de diciembre en Rabat— de la cumbre hispano-marroquí que anunció en Twitter el jefe del Gobierno de Marruecos, Saedine el Othmani. Estas cumbres están descompensadas, porque El Othmani, como sus predecesores, manda muy poco, mientras que el presidente del Gobierno español sí ostenta el poder ejecutivo. El principal interés de la reunión será la audiencia que Mohamed VI conceda a Pedro Sánchez.

Las respuestas evasivas de Grande-Marlaska en Rabat contrastan con las pronunciadas, dos días más tarde en Dakar, por su colega de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya. Allí fue recibida hasta por el presidente, Macky Sall, y anunció que ambos países colaborarán para que “aquellos irregulares de nacionalidad senegalesa que han llegado a España sean devueltos”. Informó además de que la Guardia Civil y la Policía Nacional reforzarán su dispositivo en Senegal, donde cuentan desde 2006 con dos patrulleras y un helicóptero para luchar contra la emigración clandestina. Se les añadirán otra patrullera y un avión.

En el Ejecutivo español, se prevé que el ritmo de llegadas disminuya a medida que se acerque la cumbre hispano-marroquí

La ministra se precipitó, sin embargo, al anunciar que “en breve plazo” se reactivarán los vuelos de repatriación de inmigrantes con Senegal. Lo único pactado es que una delegación de funcionarios senegaleses se desplazará a Canarias —un desplazamiento sufragado por Interior— para identificar a inmigrantes de su país sin papeles con vistas a su posterior devolución.

A diferencia de Laftit, el titular marroquí de Interior que rehusó comparecer ante los medios junto con Grande-Marlaska, la ministra senegalesa de Exteriores, Aissata Tall Sall, sí dio la rueda de prensa con su homóloga española. “Juntos podremos llegar a frenar este fenómeno y encontrar soluciones satisfactorias”, declaró Tall Sall, una frase inimaginable en boca de Laftit.

Cuarenta y ocho horas después de la marcha de González-Laya, el número dos de la diplomacia senegalesa, Moïse Sarr, hizo una declaración para consumo interno desmintiendo cualquier nuevo acuerdo migratorio con Madrid y resaltando, en cambio, la próxima firma de un convenio que permitirá a los senegaleses jubilados que hayan cotizado en España cobrar en Senegal su pensión. Si son polígamos y fallecen, la pensión de viudedad será repartida entre sus esposas, porque así lo ha aceptado la Seguridad Social española. “Es una concesión [española] de gran alcance”, recalcó Moïse Sarr.