Marlaska viaja a Marruecos en medio de la crisis migratoria que colapsa Canarias

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llega este viernes a Marruecos en pleno pico de la crisis migratoria en las Islas Canarias, donde este año se han registrado 18.000 llegadas irregulares de emigrantes, la mitad de ellos solo en el último mes.

Aunque el Gobierno español no facilita detalles sobre las nacionalidades de los llegados, se calcula que la mitad de ellos son marroquíes, por lo que la visita de Marlaska se ve como un intento de pactar con Rabat nuevos mecanismos de repatriación de sus nacionales y de estudiar cómo reforzar el control marroquí de las costas atlánticas.

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La presión migratoria, que se concentraba tradicionalmente en las costas del Estrecho y el Mediterráneo, se ha desplazado hacia las costas del sur de Marruecos, y sobre todo del Sáhara Occidental, donde se han trasladado tanto los candidatos a la emigración como las mafias que los trasladan, según coinciden todos los expertos.

Habitantes de la ciudad de Tánger, habitual punto de salida de la emigración, comentan a Efe que los subsaharianos que se concentraban en barrios como Boukhalef o Moghogha, han desaparecido de allí y se han trasladado a las ciudades saharauis de El Aaiún y Dajla a la espera de encontrar una ocasión para zarpar.

La misma dirección han tomado los numerosos marroquíes, generalmente muy jóvenes (entre los 15 y los 25 años) que dejan sus hogares en un año donde se ha combinado la sequía y el hundimiento económico de la pandemia, sobre todo en los pequeños jornaleros agrícolas.

El Gobierno marroquí calcula que la tasa de desempleo podría subir este año cuatro puntos porcentuales, hasta el 13% de la población, con especial incidencia en los jóvenes de 15 a 30 años, que representan tradicionalmente dos tercios del total de parados.

Las estrictas medidas de confinamiento decretadas en Marruecos contra el coronavirus entre abril y junio supusieron una drástica bajada de la salida de pateras hacia España, pero en el momento en que se levantaron las restricciones, a partir del verano, se dispararon esas salidas.

Hay un detalle que convierte el control migratorio en más difícil: ya casi no se usan las potentes zodiacs para surcar el mar, sino que las redes migratorias prefieren las barcas de madera usadas por los pescadores, que pueden pasar más desapercibidas.

Lo mismo sucede con los cayucos llegados a Canarias desde Senegal: son embarcaciones de pesca que se echan al mar con aparente normalidad.

Las vías de repatriación

Con Mauritania -otro país de partida de la "ruta canaria"- España tiene un mecanismo bien "engrasado" de vuelos de repatriación: cuando se considera que un emigrante irregular ha llegado a Canarias a partir de la costa mauritana, el país magrebí acuerda recibirlos de vuelta en vuelos de repatriación.

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Acogiéndose a este mecanismo, salieron hacia Mauritania desde aeropuertos canarios cuatro aviones antes de la pandemia (con 162 emigrantes a bordo) y un quinto el mes pasado. Inmediatamente tras su aterrizaje, todos ellos fueron expulsados de Mauritania a Senegal y Mali, principales puntos de origen.

Pero con Marruecos las repatriaciones han sido y son más difíciles, y sobre todo más inconstantes, aunque ni Rabat ni Madrid ofrecen nunca detalles sobre estos acuerdos de devolución pactada de emigrantes.

Por su parte, también Marruecos practica las repatriaciones con distintos países subsaharianos: entre septiembre y noviembre, al menos seis aviones han salido desde aeropuertos marroquíes hacia Senegal, Mali y Guinea Conakri, los mayores países emisores de emigración irregular.

Estos vuelos son generalmente pactados con los países de origen de los emigrantes, según insisten fuentes diplomáticas marroquíes, que los califican de "repatriaciones humanitarias", aunque no se hacen en coordinación con las agencias de la ONU presentes en Marruecos.

Marruecos se precia de ser uno de los pocos países africanos con una estrategia de emigración que ha permitido regularizar documentalmente a unas 50.000 personas, pero la doble crisis de la sequía y la pandemia ha supuesto un duro golpe para la economía informal, donde generalmente esta población encuentra empleo, y ahora un buen porcentaje de ellos ha pasado a la ilegalidad.