La crisis migratoria canaria desborda al Gobierno y aviva sus contradicciones

“Si no estuviéramos en el Gobierno estaríamos protestando en la calle y movilizados desde hace tiempo, porque no se están respetando los derechos humanos en Canarias. Y ahora lo hace un Gobierno progresista”, aseguraba este miércoles un destacado diputado de Unidas Podemos, indignado por la gestión de la crisis humanitaria en las islas, que ya se ha convertido en asunto de confrontación política, incluso entre socios de coalición y parlamentarios.

Los diputados de Unidas Podemos tendrán que respaldar en el Congreso al ministro del Interior, señalado por diferentes partidos como principal responsable de la situación, porque el escándalo político ha estallado también para el Gobierno y los partidos de la oposición ya han dejado claro que harán bandera de él. De hecho, el líder del PP, Pablo Casado, irá a Canarias para denunciar la situación.

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La crisis humanitaria ya es también un problema político para el Gobierno. Los dirigentes de Unidas Podemos reprochan a una parte del Gobierno, especialmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el trato a los migrantes, que haya miles hacinados en un muelle desde hace semanas y que no se les traslade a la Península. Y la gota que ha colmado el vaso es la decisión de dejar fuera de ese muelle a unas 200 personas sin plazas de acogida ni ayuda. Esa decisión es apócrifa, porque el ministro del Interior no ha explicado en el Congreso quién la tomó ni la razón, y nadie se hace cargo de ello. Solo aseguró que no piensa dimitir.

Por ejemplo, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha asegurado a EFE que ni su equipo ni él dieron la orden de facilitar la salida de inmigrantes del campamento de Arguineguin sin tener un recurso alternativo donde alojarlos, lo que provocó una situación que “no se va a repetir”.

La llegada a Canarias de casi 20.000 migrantes, empujados por la crisis provocada por la pandemia, ha desbordado las islas y también al Gobierno. La descoordinación y los enfrentamientos entre los ministerios afectados (interior, Inclusión, Defensa, Transportes, Exteriores y Administración Territorial) han agravado durante meses el problema, según admiten fuentes de diferentes departamentos.

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La decisión reciente de la vicepresidenta Carmen Calvo de tomar las riendas de la crisis no ha mejorado la situación. Solo han avanzado para que Defensa ceda instalaciones para acoger a los migrantes, pero Interior mantiene casi cerrada la opción de traslados a la Península, donde hay plazas de acogida de sobra, según le piden las ONG y las organizaciones humanitarias. Estas organizaciones temen que los campamentos temporales habilitados por Defensa se cronifiquen.

El Ministerio de Inclusión, que dirige José Luis Escrivá, y que tiene una Secretaría de Estado de Migraciones, ha improvisado soluciones temporales como la habilitación de plazas hoteleras para acoger a los migrantes. Fuentes de ese ministerio aseguran que esa solución temporal presenta graves problemas si se prolonga, por las reticencias en las islas, el rechazo de los hoteleros y también por su elevado coste.

Y, además, ha causado graves problemas en el seno del Gobierno de coalición. Unidas Podemos está al margen de la gestión, pero culpan a Marlaska de la catástrofe humanitaria. De hecho, Unidas Podemos de Canarias, en contra de la dirección nacional del partido, emitió el martes un comunicado pidiendo la dimisión del ministro del Interior del Gobierno del que forma parte.

Y este miércoles por la tarde, el partido de Pablo Iglesias hizo público un tuit en el que asegura: "La situación de los migrantes en Canarias es insostenible. No podemos esperar al próximo Arguineguin, debemos actuar YA con políticas de acogida dignas que eviten el desamparo de miles de personas y garanticen el cumplimiento de los derechos humanos". Algo insólito al referirse a competencias del Gobierno del que forma parte este partido. Fuentes de UP aseguran que temen el uso de la crisis por parte de grupos de ultraderecha y xenófobos.

Con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se produjo una situación similar con la llamada crisis de los cayucos, que provocó la intervención de la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. La entonces número dos del Gobierno puso en marcha un plan global que incluyó la gestión en los países de origen con gran apoyo económico, acción diplomática, control de aguas jurisdiccionales y refuerzo de centros de acogida. Fuentes diplomáticas recuerdan que Pedro Sánchez es el único presidente del Gobierno que rompió la tradición de hacer a Marruecos el primer viaje oficial en el cargo. Y explican que no ayuda en la relación con Marruecos, fundamental para frenar la salida de pateras o cayucos, que Unidas Podemos se pronuncie expresamente desde el Gobiernio a favor del referéndum en el Sáhara.

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Marlaska ha asegurado en la sesión de control del Congreso que es un "problema extraordinario y excepcional", ha hablado del trabajo conjunto y "complejo" que se está realizando con países como Mauritania, Senegal, Gambia o Marruecos, donde viajará el próximo viernes "con el fin de seguir incrementando la lucha contra las mafias" y garantizar una migración "legal, regular y ordenada". "Vemos los que llegan, pero no vemos los que hemos evitado que lleguen y pongan en peligro su vida", ha añadido el ministro.

Han pedido su dimisión el PP y la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, para quien "Canarias es un polvorín, es un volcán, es una razón de Estado". También Ciudadanos ha exigido la renuncia del ministro. El PP ha decidido hacer bandera política de la crisis en Canarias y ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que piden la repatriación urgente de los migrantes del muelle canario de Arguineguin y también de todos los que lleguen a las costas españolas. Pablo Casado viajará el fin de semana a Canarias para poner el foco de su actividad en la migración.