Gran Canaria exige derivar inmigrantes para evitar ser "una cárcel atlántica"

El Cabildo de Gran Canaria exigirá al Gobierno de España y la Unión Europea "evitar que las islas, y en especial Gran Canaria, se conviertan en una cárcel atlántica" de inmigrantes irregulares derivándolos hacia otros territorios, según ha acordado este viernes.

Esa demanda se recoge en una moción que la corporación ha aprobado en sesión plenaria y que se remitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la comisaria de Interior, Ylva Yohansson; al presidente de España, Pedro Sánchez, y a los ministros de Interior, Migraciones y Defensa, Fernando Grande-Marlasca, José Luis Escrivá y Margarita Robles.

El pronunciamiento, que se enviará también al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, "exige una política coordinada del Gobierno de España y la Unión Europea consensuada con las instituciones locales que garantice una acogida digna de las personas migrantes que llegan" al archipiélago, se explica en un comunicado del Cabildo. El cual reclama que esa política esté, además, "acompañada de derivaciones hacia otros territorios, para evitar que las islas, y en especial Gran Canaria, se conviertan en una cárcel atlántica", destaca.

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La corporación plantea en su moción que "las 20.000 personas llegadas este año huyendo de la miseria y la guerra son la punta de lanza de un flujo migratorio que no cesará tras el cierre de la frontera del Mediterráneo, hecho que ha motivado que las mafias desvíen las rutas al archipiélago".

Una vía que es "la más peligrosa del mundo y que ha provocado miles de muertes en el mar", afirma el Cabildo, que, por ello, solicita "también reforzar los medios para detener el coste en vidas" del fenómeno de las pateras y los cayucos. E insiste en la "situación de extrema gravedad" y la "alarma social" que ha generado el problema, al tiempo que señala que "considera urgente e inaplazable la derivación a otros territorios de los 2.000 menores migrantes que son atendidos por el Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales" en la Comunidad Autónoma.

El Cabildo de Gran Canaria ha hecho estas declaraciones después de que el Defensor del Pueblo exigiese por escrito al Ejecutivo el cierre "inmediato" del campamento instalado desde el pasado mes de agosto en el muelle grancanario de Arguineguín, donde este viernes han amanecido 736 personas, lo que supone un paso más en la presión para encontrar una solución.

El defensor del Pueblo en funciones, Fernández Marugán, visitará el muelle, que llegó a albergar a 2.600 personas a principios de noviembre

En una jornada en la que han sido rescatadas otras 63 personas en dos pateras cerca de Gran Canaria, el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha anunciado que la próxima semana visitará el muelle, que llegó a albergar a 2.600 personas a comienzos de noviembre. Su exigencia es que el cierre de ese espacio como campamento para inmigrantes sea inmediato, en tanto que el Ministerio del Interior recalca que se trabaja "contrarreloj" tras la habilitación en el espacio cedido por Defensa en el antiguo polvorín de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria de un campamento con capacidad para 800 personas como Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Las fuentes han añadido que se están adecuando las instalaciones para que los migrantes puedan permanecer en ellas de la forma más digna posible y que poco a poco se irá evacuando Arguineguín. En consonancia con la exigencia del Defensor, organizaciones como Amnistía Internacional o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han pedido, entre otras cuestiones, que se reactiven los traslados a centros de la península, algo a lo que se niega el Gobierno salvo en caso de personas vulnerables o solicitantes de protección internacional.

Esas organizaciones, al igual que el Ejecutivo canario o Human Rights Watch (HRW) han reclamado de forma reiterada el cierre del campamento de Cruz Roja en el muelle por sus condiciones de hacinamiento. También lo ha hecho el juez del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), Arcadio Díez Tejera, quien ha revelado testimonios de personas que han permanecido más de tres semanas allí, cuando el máximo deben ser 72 horas.

El cierre de Arguineguín es uno de los frentes que debe resolver con urgencia el Gobierno; otro es la reubicación de las miles de personas alojadas en hoteles de Mogán, cuya alcaldesa, Onalia Bueno (CIUCA), ha dado un ultimátum a esos establecimientos para dejar de acogerlos antes de fin de año.

El plan del ministro José Luis Escrivá es realojar en breve en campamentos a los 6.000 inmigrantes acogidos en hoteles para, posteriormente, albergarlos en otras 7.000 plazas habilitadas en inmuebles cedidos por Defensa, Bankia y algunas corporaciones locales. "Eso es lo que están pidiendo los empresarios, a los que agradezco la colaboración que han tenido. Lo que me parece es que no se puede decir que tiene que ser el 31 de diciembre sí o sí, porque, si finalmente es el 5 de enero, ¿qué hacemos con esas personas, las mandamos a la calle?", ha manifestado el presidente canario.