El Gobierno se expone con la gestión migratoria a su mayor crisis interna y externa

El Gobierno de coalición ha encadenado numerosas disputas internas desde su formación en enero de este año. Las pugnas por el ingreso mínimo vital, por la ley contra las violencias sexuales, por la prohibición de los desahucios y hasta por los planes contra la pandemia han sido parte del día a día. Sin embargo, en Canarias se está fraguando la mayor crisis desde que Pedro Sánchez confeccionó un Ejecutivo de dos partidos. La situación de los migrantes, abocados a residir en campamentos improvisados, ha generado una corriente de indignación en Unidas Podemos y ha encendido las alarmas de la Unión Europea y de Marruecos.

El líder del PP, Pablo Casado, mostrará este fin de semana cuáles son los arietes de su oposición. Hoy estará en la isla de El Hierro para denunciar la "irresponsable" política migratoria del Gobierno, pues se basa en "el papeles para todos", según la versión de las fuentes de la dirección de los populares consultadas por El Confidencial. Mañana participará en una manifestación contra la ley Celaá. En esta formación han encontrado dos grietas en las que, a poco que hurguen, pueden hacer daño al Ejecutivo. Como reconocen las fuentes, basta con observar la conflictividad que respiran los representantes de los dos partidos de la coalición.

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, acudió a primera hora de ayer a TVE para hablar de varios asuntos de actualidad, en especial de la crisis migratoria de Canarias, en cuya gestión su Ministerio está participando. No tiene competencias, ha recordado, pero sí instalaciones. Ha cedido inmuebles con 7.000 plazas. A Robles, además, le preguntaron por la actitud de Unidas Podemos al respecto, muy crítica. "Todos tenemos que ser leales con las decisiones", ha afirmado para más adelante destacar: "Sería difícil de entender que el que está en el Gobierno al mismo tiempo hiciera de Gobierno y de oposición; eso no sería fácil de entender".

Horas más tarde, la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, uno de los altos cargos de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, publicaba en su perfil de Twitter este recado a Robles: "Cuando eres la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox quizá estés haciendo daño a tu Gobierno".

La contestación de una de las personas de máxima confianza de Iglesias revela la magnitud de la discrepancia, que amenaza con agujerear la cohesión del Gobierno de coalición. Fuentes de Unidas Podemos han insistido en que su cometido, respecto de Canarias, consistirá en aplicar un modelo de atención a los migrantes respetuoso con los derechos humanos. Es algo, reconocen, que "aún no está dando sus frutos", aunque la perseverancia no cesará. El partido de Pablo Iglesias ha concentrado su malestar en el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Precisamente el titular de Interior viajó ayer viernes a Rabat para abordar con su homólogo la crisis migratoria. Lo que dijo ha tenido que decepcionar a Unidas Podemos, a favor de trasladar a migrantes a centros de acogida de la península. Marlaska rechazó esta posibilidad porque hay que evitar "vías" de acceso "irregular" a Europa. Esta posición también ha debido de enfadar al Ejecutivo canario, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, quien lleva días pidiendo al menos que se baraje la derivación a otras comunidades autónomas y a otras ciudades. Algunas se han ofrecido.

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Que el ministro de Interior haya ido a la capital marroquí no es baladí pues de este país provienen la mayoría de personas que llegan a Canarias. La relación bilateral se basa en gran medida en el control del tráfico migratorio, fuente de tensiones habituales entre los dos Estados. Lo que acuerden o hagan España y Marruecos será analizado con lupa por la Unión Europea, ya que, como ha recordado Marlaska, la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez es la política migratoria de la UE.

Un campamento de 6.000 plazas

El viaje del ministro de Interior no fue el único de ayer. José Luis Ábalos (Transporte) y José Luis Escrivá (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) se desplazaron a Las Palmas en un intento de mostrar coordinación y determinación. El despliegue ministerial quizá llega tarde porque el hacinamiento de los migrantes, la mayoría marroquíes, es una realidad desde hace días en el Puerto de Arguineguín y en otros puntos del territorio insular. Una de las situaciones más caóticas se produjo esta misma semana cuando 200 personas se quedaron en la calle tras ser desalojados del campamento de emergencia levantado en el mencionado puerto grancanario. Nadie supo explicar los porqués.

Escrivá anunció una medida que recuerda a la isla de Lesbos, donde se levantó el campamento de Moria, o a la italiana de Lampedusa. El ministro de Inclusión avanzó la creación de un campamento con 6.000 plazas gracias a 84 millones procedentes de los fondos europeos. La infraestructura acogerá a muchos de los que actualmente están alojados en 17 complejos turísticos de la zona. Al mismo tiempo, se habilitarán 7.000 plazas más en esos inmuebles cedidos por Defensa. Las cifras son considerables, aunque aún pequeñas si se comparan con esta: en lo que va de año han llegado a Canarias, en pateras, más de 18.000 personas.

El ministro de Inclusión avanzó la creación de un campamento con 6.000 plazas gracias a 84 millones procedentes de los fondos europeos.

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, relató el pasado miércoles en el Congreso la realidad actual de su comunidad. La pandemia ha dejado al sector turístico en el esqueleto y el porcentaje del paro asusta (según sus números, más del 60 por ciento de los jóvenes en edad de trabajar no trabaja). A este desastre económico y social se une ahora la crisis migratoria.

El sindicato policial SUP y el de la Guardia Civil, la AUGC, lamentaron "la descoordinación ministerial". A esta denuncia se sumará hoy la de Pablo Casado, para el que la culpa es básicamente del Gobierno, en concreto de Podemos. "Este verano defendió regularizar de forma extraordinaria a los 600.000 inmigrantes que pasaron en España el estado de alarma", recuerdan las fuentes de la dirección nacional del PP para explicar por qué creen que hay un "efecto llamada".