PSOE y Unidas Podemos aparcan el impuesto a los ricos para acercarse a los grupos

Al límite de la hora prevista y tras una larga negociación interna entre los socios. Pero hubo conclusiones conjuntas. Un documento único firmado por PSOE y Unidas Podemos, como broche de la Comisión de Reconstrucción del Congreso que echó a andar hace unas semanas como respuesta política a la emergencia sanitaria por el coronavirus. El texto busca esa salida, por tanto, "a la necesidad de paliar las consecuencias del covid-19" y, como subrayan las dos patas del Ejecutivo, está en línea con las directrices de los diferentes Consejos Europeos, con el acuerdo programático de socialistas y morados y con el resto de pactos de investidura y la mesa de diálogo entre patronal, sindicatos y agentes sociales. Antes del registro en la Cámara Baja, las dos formaciones enviaron el documento "a todas las fuerzas parlamentarias con la voluntad de alcanzar acuerdos".

Decenas de propuestas acordadas por PSOE y Unidas Podemos para cada uno de los cuatro grupos de trabajo que penden de la Comisión de Trabajo (sanidad, políticas sociales, reactivación económica y Unión Europea) y donde también destaca qué no está. Y no figura el impuesto a las grandes fortunas que planteaban los morados. Pablo Iglesias no ha dado la batalla por esa medida para facilitar el pacto con sus socios y acercar posturas con los demás grupos. Porque el documento registrado [aquí en PDF] es solo un borrador de conclusiones, y cada grupo registró las suyas. De hecho, Cs también hizo un esfuerzo por aproximar posturas al rebajar sus propuestas de máximos.

Este jueves, 25 de junio, se discutirán los textos en los respectivos grupos de trabajo y se elegirá el borrador que servirá de base para las conclusiones de la comisión. El borrador elegido, presumiblemente, será el PSOE y Unidas Podemos, como representantes de la mayoría minoritaria del Congreso. La semana que viene los grupos podrán presentar sus enmiendas, que la Comisión de Reconstrucción discutirá y votará, hasta aprobar un dictamen conjunto el próximo 3 de julio, que se elevará al pleno de la Cámara Baja para su deliberación, prevista para después de las elecciones vascas y gallegas del 12-J.

Tampoco la reforma laboral

Pese a basarse en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, sus propuestas conjuntas eluden las medidas más ideológicas o que tengan que ver, por ejemplo, con la derogación de la reforma laboral —pactada inicialmente con Bildu— o con aumento de impuestos. De hecho, la creación de una figura específica de una tasa para las grandes fortunas era rechazada abiertamente por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El PSOE es partidario de tocar los impuestos ya existentes, porque cree que hay margen —como en sociedades— pero no comparte la necesidad de alumbrar un nuevo gravamen cuya eficacia sería dudosa. De hecho, argumentaban estos días fuentes de Hacienda, ya existe el impuesto de patrimonio, vaciado ya en muchas comunidades autónomas, pues son ellas las que lo pueden bonificar.

El texto plantea reducir la brecha fiscal con la UE porque España "tiene unos ingresos fiscales sobre PIB más de siete puntos por debajo de la media"

Los dos partidos que conforman el Ejecutivo se limitan a proponer “reducir la brecha fiscal con Europa". "Nuestro país tiene unos ingresos fiscales sobre PIB más de siete puntos por debajo de la media de la zona euro. Esto supone decenas de miles de millones de euros cada año que no se pueden invertir en fortalecer nuestro Estado del bienestar o nuestro modelo productivo. Para reconstruir social y económicamente nuestro país, es indispensable reducir esta brecha”.

También plantean “avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre y progresividad de nuestro sistema fiscal, de manera que permita mejorar la capacidad de recaudación en términos de justicia fiscal y capacidad de pago de los contribuyentes (tanto para personas físicas como jurídicas), con el fin de que aporten más quienes más tienen para que reciban más quienes más lo necesitan”. O sea, el principio básico, y genérico, de que paguen más quienes más tienen.

En el documento se habla asimismo de "desarrollar de una manera efectiva una fiscalidad verde, según las recomendaciones de la UE, de manera que ayuden a impulsar un crecimiento económico sostenible", y de "fortalecer la prevención y lucha contra el fraude fiscal, especialmente el relacionado con las grandes fortunas y la economía sumergida, en cooperación entre administraciones, tanto a escala nacional como internacional".

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Desarrollar el IMV

El documento conjunto sí incluye medidas que pueden ser asumibles por otros grupos, por ser genéricas. Por ejemplo, “asegurar la financiación de las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos sociales, acercándonos a una inversión educativa y sanitaria que converja con la media europea”. O “reforzar el sistema de garantía de ingresos mediante el desarrollo del reglamento del ingreso mínimo vital, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad cuya cobertura debe garantizarse en todo caso, así como un diseño del mecanismo de estímulo al empleo para asegurar la eficacia de este ingreso en su función de inserción social”. El IMV fue aprobado por el PP y salió adelante en el Congreso sin votos en contra.

Las propuestas son genéricas: financiación de las políticas públicas, brecha salarial, violencia de género, racionalización de horarios, alquileres...

En todo caso, la coalición gubernamental remite al diálogo social, para proponer “orientar las políticas de empleo a la eliminación de la brecha de género en el empleo y la ocupación y, en consecuencia, la brecha salarial”. También se quiere concertar una propuesta legal sobre el teletrabajo, que recoja el reconocimiento de nuevos derechos como el derecho a la desconexión y a la formación continua.

Y lo completa con otras medidas como “un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluya una ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, que permite reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. Se debe, asimismo, desarrollar una legislación del trabajo corresponsable, que incluya la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial”.

PSOE y Unidas Podemos proponen prolongar algunas medidas aprobadas para paliar los efectos de la pandemia, como las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda, para evitar impagos y desahucios que podrían dejar a muchas personas y familias en situaciones de extrema vulnerabilidad. También las medidas referidas a los ERTE, que sindicatos y patronal quieren ampliar hasta diciembre.

Sobre vivienda, piden “estudiar medidas para contener las subidas abusivas de alquiler con carácter temporal, excepcionalmente, y en zonas urbanas de mercado tensionado” y elaborar un plan estatal para la rehabilitación de viviendas, de cuatro años de duración.

El texto incluye medidas de protección de los derechos de las personas LGTBI, además de mejorar la Ley de Dependencia. Recoge el impulso de medidas contra el racismo y la xenofobia, "con especial incidencia en los delitos de odio, atendiendo a las recientes recomendaciones de Naciones Unidas". Se habla asimismo de asegurar el "cumplimiento de las obligaciones institucionales frente a la violencia contra las mujeres" o de universalizar la educación pública de 0 a 3 años en condiciones de "equidad". Apostar por la cultura como "un sector estratégico en el modelo productivo y el modelo social" es otra de las medidas incorporadas.

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Atención primaria, reserva estratégica

En medidas sanitarias, PSOE y Unidas Podemos proponer reforzar con carácter urgente la atención primaria para asumir funciones de vigilancia y epidemiología de campo frente al covid-19; organizar una red nacional de depósitos de reserva de material sanitario estratégico —materiales de protección, equipos de protección individual (EPI), mascarillas, sustancias desinfectantes, instalaciones de camas de UCI, respiradores automáticos, etc.—; priorizar la compra a fabricantes españoles y coordinar la creación de esta reserva con el impulso público al levantamiento de la capacidad industrial local que permita a España fabricar estos materiales a alto ritmo en situaciones de emergencia y potenciar el Ministerio de Sanidad. Esta última medida, el refuerzo del departamento que hoy dirige Salvador Illa, podría chocar con la posición de partidos nacionalistas e independentistas.

El PP pide la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública (compartida por Illa) y una Oficina de Atención a las Víctimas del covid-19

El PP registró sus propuestas, pero solo hizo públicas las referidas a Sanidad [aquí en PDF]. En ellas, pide la creación de “una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial para una mejor gobernanza, que contará con un sistema solvente de vigilancia epidemiológica y de control de casos y rastreo y seguimiento de contactos”; una “Oficina de Atención a las víctimas del covid-19, para una atención coordinada a las personas que han padecido la pandemia y a sus familias”; “un plan de recursos humanos con el principal objetivo de lograr la estabilidad en el empleo, desarrollar una política retributiva que mejore los niveles actuales, con incentivos para el ejercicio de las profesiones sanitarias en el ámbito rural” y “profundizar en la formación especializada MIR que sea compatible con una actividad laboral digna y con una mejora en la retribución”. La idea de la agencia pública es similar a la que ya Illa planteó hace una semana en el Congreso: un Centro Estatal de Salud Pública, previsto de hecho en la Ley General de Salud Pública de 2011.

Como medidas más coyunturales propone que se califique “como enfermedad profesional el contagio de los profesionales sanitarios por el covid-19”, potenciar la atención primaria y crear una “reserva estratégica de productos sanitarios”, entre otras medidas.

El objetivo del PP es negociar sobre estas medidas y asegura que considera posible el acuerdo. Este miércoles ya se reunieron sus diputados Ana Pastor y Guillermo Mariscal con Adriana Lastra, Rafael Simancas, Félix Bolaños y José Antonio Montilla para escuchar las propuestas del Gobierno y del PSOE.

Cs, giro importante

Ciudadanos apostó desde el primer momento por un documento moderado [aquí en PDF] que pudiera contribuir a alcanzar acuerdos a izquierda y derecha. De hecho, en su documento de conclusiones económicas, reconocía que ante la necesidad de un gasto público elevado consecuencia de los destrozos generados por la crisis del coronavirus, se abría a estudiar una revisión de algunos impuestos como el de sociedades o el que regula las sicavs.

Cs se abre a revisar impuestos como sociedades o las sicavs para paliar los destrozos generados por el covid y ante la necesidad de un gasto elevado

En concreto, el documento especifica “revisar el sistema especial de las sicavs, devolviendo la verificación del cumplimiento de los requisitos a efectos tributarios, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria”. También defiende “promover una revisión en profundidad del impuesto de sociedades, no solo de los tipos impositivos que resultan de aplicación, sino también del régimen de deducciones, régimen de exención por doble imposición de dividendos, uso de bases imponibles, regímenes especiales, eliminación de las medidas que desincentivan el crecimiento empresarial de pequeñas y medianas empresas”.

Un giro importante en su política fiscal, habida cuenta de la apuesta continua del partido por la bajada de impuestos, uno de los puntos clave para el entendimiento con el PP en las cuatro autonomías donde gobiernan. El partido decidió incluir este apartado por la situación tan excepcional que ha generado esta crisis sanitaria en aras de facilitar acuerdos y renunciando a las bajadas generalizadas que siempre ha defendido.

Fuentes del partido naranja ya advirtieron a lo largo de la jornada de que, a diferencia del ámbito sanitario (en el que la mayoría de grupos se encuentran relativamente alineados), la parte económica era con seguridad la que más escollos generaba. De hecho, el propio grupo de Inés Arrimadas quiso incluir en su documento recetas económicas que son clásicos de sus programas electorales, y que son rechazadas por otros partidos. Un ejemplo es la “simplificación del menú de contratos” y su limitación a un contrato único más uno de formación, y “otro temporal que tuviera un origen causal y cuya aplicación esté limitada a situaciones coyunturales como sustituciones por enfermedad o excedencia”, y la creación en el ordenamiento laboral de “un mecanismo similar al de la mochila austriaca por el que los empleadores constituirán un fondo de capitalización a favor de sus empleados a través de aportaciones periódicas al mismo”. Propuestas que ya diseñó el propio Luis Garicano para los programas de las elecciones generales que hicieron a Cs irrumpir en el Congreso, y que también defendió insistentemente el economista Toni Roldán, hoy fuera de la política.

Las fechas que vienen

Este miércoles, 24 de junio, finalizó el plazo de presentación de los borradores de resoluciones correspondientes a los cuatro grupos de trabajo que cuelgan de la Comisión de Reconstrucción del Congreso (sanidad, políticas sociales, reactivación económica y UE).

Este jueves, desde las 15:00, comenzará la discusión de los borradores en los grupos de trabajo y la elección del borrador que servirá de base para las conclusiones. 

El lunes 29, a las 15:00, es la fecha límite de presentación de las enmiendas sobre el borrador elegido por cada grupo de trabajo. 

El miércoles 1 de julio se reúnen los grupos de trabajo para deliberar y votar las enmiendas presentadas y aprobar las conclusiones. Finalmente, el viernes 3, se reúne la Comisión de Reconstrucción para aprobar las conclusiones y el dictamen que se elevará al pleno del Congreso, para su debate y aprobación. Pero al hemiciclo ya llegarán tras las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio.