Reunión 'in extremis' de Gobierno y PP para acercar posturas ante el decreto poscovid

Encuentro en el tiempo de descuento entre representantes del Gobierno, el Grupo Socialista y el PP en la tarde de este miércoles a solo unas horas de que se vote el decreto de nueva normalidad en el Congreso de los Diputados. Después de una jornada de malestar en las filas populares al ver que el Ejecutivo no recogía el guante ni respondía a su oferta de negociar, se sentaron a última hora de la tarde del miércoles la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, junto al secretario general del grupo popular, Guillermo Mariscal, con la portavoz de los socialistas, Adriana Lastra; el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla.

Según confirman fuentes populares, la cita sirvió para “intercambiar” las conclusiones de los dos grupos en la Comisión de Reconstrucción del Congreso (el plazo para presentarlas vencía a las nueve de la noche), y la idea pasa por “continuar hablando en los próximos días” para alcanzar un acuerdo, al menos en el ámbito sanitario. En todo caso, el PP sigue sin confirmar el sentido de su voto en el decreto, aunque hasta ahora se inclinaba por apoyarlo y con este acercamiento esa vía parece más factible. En el PSOE aseguran que los populares siguen "pensándose" qué hacer, pero los ven proclives al sí. "Ellos sabían que estábamos cerrando los documentos [de conclusiones de la Comisión de Reconstrucción] y que en cuanto estuvieran los iban a tener y nos íbamos a ver. Así se lo habíamos dicho", indican fuentes de la dirección socialista.

Como publicó este diario, estaba prevista la escenificación de un acercamiento a lo largo del día después de que Pablo Casado confirmara abiertamente la voluntad de su grupo parlamentario de respaldar el decreto siempre y cuando hubiera una negociación que incorporara algunas de sus propuestas. El líder del PP incluso se abrió a que la incorporación llegue más tarde, con la tramitación del proyecto de ley. Pero, eso sí, para los populares era fundamental una interlocución directa con el Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR

Casado pide acuerdos y Sánchez le exige que apoye al Gobierno

Fernando Garea

La cuestión es que a lo largo del miércoles el Ejecutivo no se pronunció y el malestar del PP iba en aumento. Casado había designado a la exministra Ana Pastor como negociadora con la idea de que hablara directamente con Salvador Illa. Pero esa interlocución no se produjo y ni siquiera en la Comisión de Sanidad el ministrorespondió a la diputada Cuca Gamarra cuando esta dejó clara la petición de su grupo. “Díganos dónde y cuándo, y el PP estará allí”, lanzó la portavoz adjunta, sin dejar de reconocer que su formación “esperaba una interlocución preferente” como líder de la oposición.

En la cita participaron Pastor y Mariscal por el PP, Lastra y Simancas por el PSOE y Bolaños y Montilla por el Gobierno. No hay anuncio aún de voto

“Planteamos medidas que creemos que hay que acordar. Hemos tendido la mano públicamente y lo volvemos a hacer. Queremos saber si están dispuestos a hablar del futuro de la sanidad española y hacer el pacto de Estado que necesitamos”, insistió en distintas ocasiones Gamarra. Pero el ministro respondió que el decreto que se convalidará este jueves en el pleno (el Gobierno ya cuenta con el apoyo de Ciudadanos y PNV) se consensuó con las CCAA, y se sacudió la exigencia de negociar con el PP asegurando que él no podía sustituir a los grupos parlamentarios que desempeñan esa tarea.

TE PUEDE INTERESAR

PSOE y Unidas Podemos aparcan el impuesto a los ricos para acercarse a los grupos

Juanma Romero Fernando Garea Paloma Esteban

"Arrimar el hombro"

Es decir, que en principio él no entraría a negociar con Pastor. Después de la comisión en el Congreso, Illa tenía previsto el Consejo Interterritorial del ramo con los consejeros de las autonomías. En la agenda, desde luego, no figuraba un encuentro con el PP. “No tiene pinta de que vayan a hacer ningún movimiento”, llegaron a vaticinar fuentes populares a media tarde, sin esconder ya el enfado. Pero a última hora se concretó un encuentro en el que no estaría Illa, pero sí dos representantes del Ejecutivo. Uno, Bolaños, hombre de la absoluta confianza del presidente, Pedro Sánchez. El otro, Montilla, de mano derecha de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Los conservadores piden una alternativa jurídica a la alarma. El Gobierno no contempla ahora recurrir a ella, pero avisa: si se da el escenario, lo hará

En realidad, el propio líder de los populares había vuelto a tender la mano en la sesión de control donde, a pesar de los habituales reproches al presidente del Gobierno, pedía un acuerdo final entre las dos grandes fuerzas del país. “La pelota está en su tejado. Pide adhesión total, pero rechaza la mano tendida”, dijo Casado. En el pleno, Illa contestó al diputado del PP José Ignacio Echániz: más allá de tener "permanentemente la mano tendida", los populares han de "arrimar el hombro", reprochó. O sea, no solo decir, sino hacer.

Además de incorporar medidas en el ámbito sanitario (con especial énfasis en un plan estratégico covid que haga seguimiento de los enfermos y la creación de una agencia nacional que coordine el sistema sanitario con representantes permanentes de las CCAA bajo un mando único y que cuente con una unidad específica de pandemias), los populares se mantienen muy insistentes en la necesidad de una alternativa jurídica que permita hacer frente a posibles rebrotes sin echar mano del estado de alarma. Para el PP, es una prioridad absoluta la modificación de legislación ordinaria para que, de forma eficaz, el Estado pueda afrontar futuras situaciones de crisis sanitarias sin el confinamiento generalizado. Pero ya el Gobierno ha insistido en que el instrumento más garantista y el único posible para restringir una libertad tan fundamental como la de circulación es la alarma.

No obstante, el Ejecutivo no está pensando en volver a activar esa herramienta. El propio ministro insistió en que no tiene "ninguna intención de volver a aplicar" la alarma. "Ya sabemos para qué sirve, pero sinceramente no lo contemplo. Pienso que estamos haciendo las cosas bien para tener esto bajo control", aseguró. El proceso de desescalada, subrayó, ha servido para preparar la respuesta ante los brotes. El objetivo, en este momento de combate contra el coronavirus, es detectar precozmente todos los repuntes para que se pueda actuar "muy quirúrgicamente", y también controlar los casos importados mediante controles en puertos y aeropuertos, que la oposición continúa viendo como insuficientes o laxos.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno descarta volver a la alarma ya pero la activaría si los brotes se descontrolan

Juanma Romero

No hay "riesgo cero"

"El riesgo cero no existe en ninguna parte, hay brotes y los seguirá habiendo", avisó. Desde el 11 de mayo se han registrado 36 brotes que han afectado a unas mil personas, la mayoría en mataderos y temporeros, aunque también ha habido contagios en centros de salud y en residencias de mayores, casos importados y algunos asociados a imprudencias de los ciudadanos, pero las CCAA han actuado "con contundencia". Illa aportó un dato: las comunidades están detectando unos 53.000 casos sospechosos por semana, a los que se les hace la prueba diagnóstica en las primeras 24 horas en un 91% de las ocasiones, informa EFE.

Illa confirma que Sanidad prepara un plan de reescalada en el que se analizará el nivel de riesgo (bajo, medio, alto) de transmisión y el escenario

El ministro confirmó [aquí en PDF] durante su comparecencia semanal en el Congreso —la decimotercera, desde el 26 de marzo, y última con motivo de la alarma, que decayó el pasado 21 de junio— que Sanidad trabaja en un plan de reescalada, como ya adelantó este diario hace una semana. Un plan de preparación y respuesta para hacer frente a una posible segunda oleada del covid-19 o un incremento en la transmisión comunitaria del virus. El documento incluirá aspectos relacionados con la evaluación del riesgo según el nivel de propagación de la enfermedad y la capacidad asistencial. El plan también recoge la configuración de una reserva estratégica de materiales y medicamentos, y el refuerzo de la vacunación frente a la gripe, entre otras medidas.

El documento contendrá nivel de amenaza y escenario a aplicar. Illa recordó que hay distintos instrumentos de información epidemiológica que proporcionan información diaria, como el Sistema de Vigilancia en España (SiViES), el Sistema Español de Resultados de Laboratorio (Serlab), que recopila los datos de todas las PCR realizadas en todos los laboratorios públicos y privados; información sobre capacidades asistenciales; el Sistema de Vigilancia de Mortalidad Diaria (MoMo), y la encuesta nacional de seroepidemiología. Con toda esta información, el plan propondrá indicadores específicos para evaluar la transmisión de la enfermedad, el estado de las capacidades de asistencia sanitaria y las capacidades de salud pública. Así, se asignará un nivel de riesgo bajo, medio o alto a cada unidad territorial.

La información se compartirá semanalmente con las CCAA y se "verificará el contenido para evaluar conjuntamente el nivel de la amenaza". Y en base a ello se definirán las actuaciones, a escala estatal, autonómica o local, dijo Illa. Gamarra acusó al ministro de no anticiparse lo suficiente, afirmación que él rebatió. España no va por detrás de los brotes, insistió. El plan, además, está ya ultimándose y fuentes próximas al titular de Sanidad señalaron a este diario que el objetivo es que esté listo en una semana.

llla se despidió de sus señorías dejando un comentario personalizado de agradecimiento a cada uno de los portavoces de los grupos, porque de todos dijo haber aprendido en este tiempo durísimo de lucha contra la pandemia. Le queda este jueves la defensa del real decreto ley de nueva normalidad, y la jornada arrancará sin que el PP haya confirmado el sentido de su voto. Pero el acercamiento, pese a las dificultades, se ha producido, siquiera mínimamente.