el confidencial accede a los mensajes

Un chat interno de Podemos revela que la Fiscalía filtró datos a Iglesias en el caso Dina

Un chat del equipo jurídico del partido, al que ha tenido acceso El Confidencial, revela que la abogada de Iglesias manejó datos clave de la causa incluso antes de que esta fuera abierta

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)

Los fiscales anticorrupción del caso Villarejo proporcionaron a la abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor, información de la pieza secreta en la que se investiga el supuesto robo de un móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham. Un chat interno del equipo jurídico del partido en la plataforma Telegram, al que ha tenido acceso El Confidencial, revela que la letrada manejó datos clave de la causa incluso antes de que esta fuera abierta, y que los representantes del Ministerio Público permitieron que el actual vicepresidente segundo del Gobierno se convirtiera en el único dirigente de la formación que figuraba en el procedimiento como perjudicado. Iglesias aprovechó esa circunstancia para centrar la atención mediática y lanzar una cruzada contra las cloacas del Estado en plena campaña de las generales de abril de 2019.

El caso ha dado un vuelco en las últimas semanas. El instructor de la operación Tándem, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ha retirado a Iglesias la condición de perjudicado por la difusión de los datos que estaban almacenados en el teléfono de Bousselham tras descubrir que recibió una copia del dispositivo en enero de 2016 y no se la entregó a su legítima propietaria al menos hasta cinco meses después, a pesar de que la memoria contenía “fotos íntimas” y otro material “vejatorio” para su compañera de partido. En el momento de la devolución, además, la tarjeta se encontraba “parcialmente quemada”, según un informe pericial incorporado al sumario. El instructor sospecha que Iglesias la destruyó para que ni Bousselham ni ninguna otra persona pudieran acceder de nuevo a sus archivos, lo que ha dejado al político al borde de una doble imputación en el Tribunal Supremo por los delitos de revelación de secretos y daños informáticos.

La causa arrancó con otra orientación. El 10 de diciembre de 2018, Bousselham recibió una llamada de la Policía para pedirle que se pasara por sus dependencias, según han confirmado a este diario fuentes próximas al caso. Allí le comunicaron que se había encontrado en poder del comisario Villarejo un 'pendrive' con los datos de un teléfono que supuestamente le habían robado tres años antes en Alcorcón. La dirección de Podemos decidió entonces utilizar el hallazgo para transformar la pieza separada de Dina en una causa general sobre la supuesta policía patriótica del Gobierno de Mariano Rajoy y presentar a Iglesias como su principal damnificado.

"Nos ha avisado Ironman..."

Del contenido de los mensajes y las afirmaciones de Marta Flor se deduce que los fiscales del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, facilitaron esa estrategia. La pieza Dina —la número 10 de las 25 en que se divide Tándem— fue creada el 19 de marzo de 2019. Más de un mes antes, Flor, que formaba parte del equipo jurídico de Podemos, escribió en el chat interno del grupo para contarles que “Ironman”, el nombre en clave que usaba para referirse a uno de los fiscales, se había puesto en contacto con ella. “TÁNDEM. Nos ha avisado Ironman que aparte de nuestra reunión mañana a las 10:00 horas, hay declaraciones martes, miércoles y jueves de Iron y Land”, escribió la letrada el 4 de febrero de 2019 a las 9:06 de la mañana. Podemos estaba personado como acusación popular en Iron y Land, dos de las primeras piezas del caso Villarejo, pero no es habitual que la Fiscalía prevenga a una de las partes de que hay declaraciones programadas. El cauce para este tipo de comunicaciones son las resoluciones del juzgado, que se remiten por igual a todos los actores.

El mensaje que escribió Flor el 4 de febrero también revela la existencia de una cita entre Anticorrupción y Podemos, un día después, para coordinar la investigación del caso Dina, que en ese momento ni siquiera existía. Flor participó en la reunión. El 8 de febrero, la letrada recordó un pasaje de ese encuentro en otro mensaje del mismo chat. “Gloria [Elizo, responsable entonces de los servicios jurídicos del partido], el otro día hablamos con los fiscales que decían que les extrañaba que no hubiéramos denunciado la publicación por [Eduardo] Inda de las capturas del móvil==> reunión del martes 5 de febrero de 2019”, publicó Flor. Las fuentes consultadas precisan que los fiscales querían incluir en su querella inicial de la pieza Dina que parte del contenido del teléfono sustraído a Bousselham había aparecido meses después en el medio que dirige Inda, 'OkDiario', para dirigir también la acusación contra él.

Otro de los componentes del equipo de abogados de Podemos, Alejandro Gámez, desveló ese mismo día que, en la reunión del 5 de febrero, los fiscales también les “propusieron investigar si había habido más robos o cosas extrañas”. “Y que los integrantes del chat que aparecen son también víctimas de un delito de revelación de secretos”, añadió Gámez a las 16:20. El partido declinó la invitación para que el caso se centrara en Iglesias y no se diluyera su rol de víctima. Además, algunos de los que salían en el chat publicado por 'OkDiario', como Sergio Pascual, ya habían abandonado la cúpula de la formación (fue secretario de Organización hasta 2016). El Ministerio Público aceptó la decisión de Podemos e, incomprensiblemente, no ofreció acciones legales a otros altos cargos de Podemos que pudieron ser objeto de una revelación de secretos en idénticas condiciones que Iglesias.

"Si lo publican, nos arruinan el registro"

Con todo, las comunicaciones más comprometedores son del 25 de febrero de 2019, cuando aún faltaban tres semanas para que se incoara la pieza número 10. A las 13:46, Gámez escribió que una tal “Patricia” le había dicho que las “piezas de Dina y Podemos” ya eran “visibles” en el juzgado. “Me pregunta si le damos permiso para dar la exclusiva”, comentó el abogado. “Nosotros no le hemos pasado nada en particular, así que... Sí me da miedo que se desvele e Inda pueda tomar alguna precaución al respecto. Aunque creo que si Patricia ya lo sabe, Inda también”, añadió Gámez a las 13:48 de ese 25 de febrero.

Solo dos minutos después, Flor respondió con una advertencia. “Como publiquen lo de Dina nos arruinan el registro”. “¿Qué registro?”, preguntó Gámez. “El registro a 'OkDiario”, contestó la abogada personal de Iglesias y Bousselham hasta la semana pasada. “Inda sabrá que en la pieza de Dina él está involucrado; con tiempo suficiente para destruir lo que sea”, zanjó.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado a este diario que, efectivamente, la Fiscalía tenía previsto en esas fechas pedir el registro de la sede de 'OkDiario' para tratar de encontrar pruebas de una hipotética vinculación entre el robo del móvil y la posterior publicación de parte de los datos del teléfono en ese medio. Stampa y Serrano llegaron a formular esa propuesta verbalmente al instructor del caso. Sin embargo, semanas después, este trasladó que no autorizaría una medida tan contundente contra un medio de comunicación sin tener indicios claros de esa conexión e invitó a los fiscales a plantear de nuevo la diligencia más adelante si aparecían nuevas pistas. Finalmente, los fiscales optaron por no solicitar el registro de 'OkDiario por escrito para evitar que el juez se lo denegara.

Especial protección a la víctima

Preguntadas por el contenido de estos mensajes, fuentes de Anticorrupción recuerdan que en el momento en que se producen estos comentarios Podemos ya estaba personado en otras piezas del caso Villarejo como acusación popular. Aseguran que la coordinación entre la acusación fiscal y el resto de acusaciones es habitual en las causas y se realiza a través de la representación letrada, que en este caso asumía la abogada Marta Flor. El contacto adquiere mayor lógica al tratarse de un caso en el que el partido aparecía, al menos en aquel momento y de forma indiciaria, como perjudicado. El estatuto fiscal incide especialmente en el deber de protección a la víctima y es en ese contexto en el que sitúan las comunicaciones. Inciden también en que Marta Flor pudo exagerar su conocimiento de las intenciones de la Fiscalía.

En la fecha en que tuvo lugar el intercambio de comunicaciones, la pieza separada aún no se había constituido. No se abrió hasta marzo de 2019. Y la instrucción de esta parte del caso se mantuvo en secreto hasta el pasado febrero. Además, la petición de un registro dependía exclusivamente de la Fiscalía. Era una diligencia confidencial que, por sus evidentes necesidades de reserva, no podía ser comunicada a las partes, ni siquiera después de efectuarse. Pero los mensajes remitidos por Flor indican que ella y el resto de abogados del partido conocieron con antelación los planes del Ministerio Público.

Las filtraciones y el propio caso Dina tuvieron una influencia decisiva en la política nacional. Podemos aprovechó el caso para presentar a Iglesias como el mártir de una operación de espionaje parapolicial y, de ese modo, recuperar la lucha contra las supuestas cloacas del Estado para su campaña del 28-A. Los tiempos también favorecieron al socio de gobierno de Pedro Sánchez. El 23 de febrero de 2019, Iglesias volvió de su baja de paternidad con un mitin en la plaza del Museo Reina Sofía. Y cuatro días después, cuando ya solo faltaba un mes para los comicios, fue citado a declarar en la Audiencia Nacional como perjudicado. A partir de ese momento, Iglesias y el resto de la cúpula de Podemos se lanzaron a repetir el mensaje de que habían sido el blanco de una guerra sucia y esta idea acabó vertebrando todo su discurso para las generales.

Enfrentamiento con el juez

Aunque la pieza Dina arrancó en marzo de 2019, los acontecimientos se han precipitado en las últimas semanas. Los fiscales y el juez instructor han ido enfrentándose cada vez más. Todo comenzó con la aparición de un 'pendrive' con datos del teléfono de la colaboradora de Iglesias en casa de Villarejo. La teoría inicial que defendía Anticorrupción era que fue el comisario jubilado el que los robó para hacer daño al líder de Podemos mediante la publicación de conversaciones comprometedoras en un diario digital.

Según avanzaba la investigación, la tesis comenzó a tambalearse. En los distintos interrogatorios, se descubrió que Villarejo tenía el contenido del móvil de Dina no porque lo hubiera robado sino porque se lo había entregado un periodista. También que no se le podía vincular con la publicación de conversaciones privadas porque la misma Bousselham había hecho pantallazos de varios chats y los había reenviado. Se supo que Iglesias recuperó la tarjeta de su ayudante porque había llegado a la revista 'Interviú' y el director del grupo decidió entregársela en lugar de publicar su contenido.

Y comenzaron a aparecer contradicciones entre lo que declaraba la colaboradora y lo que aseguró el líder de Podemos ante el magistrado. Comparando ambas versiones, se concluía que Iglesias retuvo la tarjeta varios meses y acabó devolviéndola, pero inutilizada, quemada parcialmente. Pasaba a ser sospechoso de delitos de revelación de secretos y daños informáticos. El juez instructor se prepara para remitir el caso al Supremo, ante el que el vicepresidente es aforado.

Una petición de Anticorrupción —lógica dada la evolución del procedimiento— fue el detonante de la tensión. Los fiscales reclamaron a finales de mayo que se sacara a Iglesias de la causa, que ya no fuera considerado víctima y se le expulsara. Sin embargo, añadían una segunda parte en su petición que levantó las suspicacias del juez. Proponían citar a Dina para que esta concretara si otorgaba su perdón a su antiguo jefe. En concreto, pedían que especificara “de manera expresa contra qué personas físicas y/o jurídicas ejerce la acción penal, y a quién o a quiénes otorga en su caso el perdón expreso por los hechos punibles que hubieran podido cometerse, se encuentren o no formalmente investigados".

El juez rechazó esa petición y apuntó en un auto: “Al pretender la aclaración de Dina Bousselham sobre si expresa el perdón, parece que el Ministerio Fiscal alude al artículo 197.2 del Código Penal, respecto del cual el artículo 200.3 del mismo texto legal prevé que el perdón del ofendido o de su representante legal extingue la acción penal".

Ese fue el inicio de un intercambio cada vez más tenso de escritos. El Ministerio Público insistió en un segundo escrito, en que insiste en que Dina no quería conocer si el que fue su jefe tuvo o no acceso a sus datos personales o dañó el dispositivo. Apuntaban que Bousselham perdonó a Iglesias de forma tácita a través de un escrito. El juez contestó apuntando que la postura de Anticorrupción pretendía la exculpación del vicepresidente.

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