El juez extiende a Londres las pesquisas por las contradicciones de Iglesias y su exasesora

Las contradicciones entre Pablo Iglesias y su exasesora Dina Bousselham en el caso Villarejo han llevado al magistrado a extender las pesquisas a Reino Unido. La investigación pone el foco en el robo del móvil de Bousselham en 2015 y en cómo el contenido del mismo acabó en manos del comisario José Manuel Villarejo, pero tras un año de instrucción, se ha desvelado que el líder de Podemos tuvo una tarjeta con información del móvil durante meses sin que ella lo supiera y, cuando finalmente se la entregó, esta se encontraba dañada. A la vista de estos hechos y las implicaciones penales que pueden tener para el vicepresidente, fuentes jurídicas confirman a El Confidencial que el juez Manuel García-Castellón ha emitido una comisión rogatoria para obtener datos de la empresa de Reino Unido a la que el marido de Bousselham supuestamente envió esta tarjeta en un intento de recuperar su contenido.

La comisión rogatoria, que ha sido adelantada por el diario 'Vozpópuli', trata de aclarar el proceso que siguió esta tarjeta desde que Iglesias se la entregó a su exasesora hasta que ella la presentó ante la Audiencia Nacional "parcialmente quemada". En un auto emitido este mismo miércoles, el magistrado ya recogía tres conclusiones que explican las dudas en torno a las declaración ofrecida por el vicepresidente: "Pablo Iglesias Turrión tuvo en su poder la tarjeta de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo Pérez". "Pablo Iglesias Turrión ocultó a Dina Bousselham la posesión de la tarjeta de memoria". "Pablo Iglesias Turrión devolvió dañada a Dina Bousselham su tarjeta de memoria".

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Con la comisión rogatoria, se trata ahora de aclarar ese último punto. A finales de mayo, el magistrado ya dio un vuelco al retirar la condición de víctima al vicepresidente y, como adelantó El Confidencial, se prepara para pedir al Supremo que le investigue por dos posibles delitos: revelación de secretos y daños informáticos.

El paso a paso de la tarjeta

En enero de 2016, Antonio Asensio, el presidente del Grupo Zeta, entregó a Iglesias la tarjeta del móvil que fue sustraído a Bousselham después de que esta llegara a su redacción. Pese a ello, el vicepresidente no se la dio a su exasesora hasta meses después y, a falta de que avance la investigación, el uso que pudo hacer de la información en ese tiempo es uno de los pilares sobre los que se apoya su posible imputación por un delito de revelación de secretos. El magistrado reconoce que todavía no ha quedado claro en qué momento se produjo la entrega, pero apunta a que "existen razones fundadas para entender que no debió ser antes de 2017".

"Llama la atención comprobar que el Sr. Iglesias mantuvo la tarjeta en su poder, sin poner, como mínimo, este hecho en conocimiento de la titular de la tarjeta, pese a ser consciente de todo lo anterior, y observar el contenido de la tarjeta, teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Busselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima que habían acabado en manos de un medio de comunicación", argumentaba el magistrado en un auto notificado este jueves.

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En cuanto al segundo delito, el de daños informáticos, el juez subrayaba en su auto el pasado mayo que la tarjeta que Iglesias supuestamente entregó a Bousselham estaba "parcialmente quemada", como ella misma reconoció antes de desdecirse en un reciente escrito. Este hecho choca con que el vicepresidente, al reunirse con Asensio en enero de 2016, "pudo realizar, en el mismo lugar, un análisis exhaustivo del contenido de la tarjeta". Si el vicepresidente tuvo acceso a la información y meses después entregó una tarjeta destruida a la exasesora, el magistrado considera que cabe hablar de un delito de daños informáticos cuya autoría todavía debe aclararse: "Las declaraciones de quien entregó y de quien recibió la tarjeta no han permitido esclarecer quién causó los daños materiales que la misma presentaba", explica.

Ahí es donde entra la comisión rogatoria a Reino Unido: Bousselham dijo en mayo de 2018 que había "enviado la tarjeta a una empresa de Alemania" para recuperar su contenido e incluso entregó la misma ante el juzgado en un sobre con un "matasellos (alemán)", pero esta idea choca con lo que ella misma declaró en marzo de 2019, cuando dijo que "nunca llegó a enviar a Alemania la tarjeta". Ante este baile de declaraciones, el magistrado pone el foco en su marido, Ricardo Sa Ferreira, que envió correos electrónicas a la empresa Recuperación Express para acceder a su contenido y supuestamente llegó a enviarles la tarjeta en septiembre de 2017.

En un intento de esclarecer este punto, García-Castellón a las autoridades británicas que faciliten la identificación de la persona que recibió la tarjeta y el estado en el que se encontraba la misma cuando la recibieron. Según informa el diario anteriormente citado, ha solicitado que tanto el receptor como el técnico que manejó la tarjeta declaren como testigos en el caso, a lo que se suma la investigación que sigue la Policía Científica en España para tratar de averiguar el modo en que fue destruida.