La Fiscalía vuelve al rescate de Iglesias e insiste en que su asesora le exculpa

Cruce de escritos en la Audiencia Nacional en una pieza que se complica cada vez más para el vicepresidente del Gobierno. Mientras el juez instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, insistía este miércoles en los indicios de comisión de delitos por parte de Pablo Iglesias en la pieza en la que se investiga lo sucedido con la tarjeta del móvil de una de sus exasesoras, Dina Bousselham, y se conocía que rastrea en Reino Unido lo sucedido con este dispositivo, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un nuevo escrito en el que insiste en que ella no quiere conocer si el que fuera su jefe tuvo o no acceso a sus datos personales o dañó el dispositivo: según sostiene el Ministerio Público, Bousselham ha perdonado a Iglesias de forma tácita con lo que quedaría exculpado.

La disparidad de criterios comenzó hace varias semanas. El juez apuntaba en el auto en el que retiraba al vicepresidente la condición de perjudicado que Anticorrupción había llevado a cabo una maniobra para conseguir que se extinga la acción penal y, con ella, desaparezcan los delitos que indiciariamente pudo cometer Iglesias. "Al pretender la aclaración de Dina Bousselham sobre si expresa el perdón, parece que el Ministerio Fiscal alude al artículo 197.2 del Código Penal, respecto del cual el artículo 200.3 del mismo texto legal prevé que el perdón del ofendido o de su representante legal extingue la acción penal", dice.

En un nuevo informe al que ha tenido acceso El Confidencial, los fiscales se posicionan en contra de la providencia del magistrado en la que se indicaba que el hecho de que Dina e Iglesias compartan la misma abogada supone un conflicto de intereses y se apoyan en el escrito que presentó Bousselham ante el Juzgado en el que cambiaba de nuevo su versión de lo sucedido para 'salvar' a Iglesias. Sostenía la exasesora Bousselham que —en contra de lo declarado con anterioridad— en realidad Iglesias le entregó el USB con los datos de su teléfono móvil "antes de que se iniciaran estas actuaciones" y de que "se conocieran los hechos que dieron lugar a las mismas" en la Audiencia Nacional, y también decía que la destrucción de la tarjeta, que aparecía quemada parcialmente, fue posterior a esa entrega, ya que cuando se la dio, funcionaba.

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La pieza del caso Villarejo ha pasado de centrarse en la presunta intervención del comisario en una difusión de datos personales del ahora vicepresidente a girar sobre si él pudo a no cometer revelación de secretos o daños informáticos con estos datos privados. En resumen, la tarjeta de Dina le fue entregada a Iglesias por el presidente del Grupo Zeta, editora de 'Interviú', Antonio Asensio, después de que le robaran el aparato en un Ikea. Una copia apareció en el registro del domicilio del policía jubilado. Pese a que el líder de Podemos la tenía, la afectada no la recuperó hasta meses después y dañada, defiende el instructor que ve indicios delictivos.

"Inequívoca falta de voluntad"

Anticorrupción, que había pedido al juez sin éxito que se permitiera declarar a la asesora para que exculpara a su jefe, insiste en que a ella, víctima del presunto delito no le interesa saber lo sucedido. Existe —dice— "una inequívoca falta de voluntad de la víctima de esclarecer los hechos" en cuanto "a la forma, fecha y estado de entrega de la tarjeta telefónica por parte de Pablo Iglesias". Incide en que su manifestación voluntaria desarma los indicios que persigue el juez.

Para la Fiscalía, el escrito de Dina "siembra mayores dudas sobre la posible causación dolosa de daños en la tarjeta telefónica", ya que desmiente que la recibiera en mal estado. "Ni siquiera puede considerarse que los daños de la tarjeta se produjeran por imprudencia grave, que para constituir delito deberían superar, además, los 80.000 euros, y también sería renunciable la acción penal por la perjudicada".

Los fiscales tampoco ven problema en que la asesora e Iglesia compartan abogada. "Goza del derecho fundamental a elegir letrado de confianza y del derecho a otorgar su perdón expreso", insisten. Dicen además que la propia Dina "niega categóricamente que exista conflicto de intereses" y que ha utiliza en el mencionado escrito exculpatorio para otorgar de forma tácita su perdón.