niega que fuera víctima de Villarejo

El juez acusa a Iglesias de ocultar hasta 3 años un USB con fotos íntimas de una asesora

El instructor del caso Villarejo expulsa al vicepresidente segundo del Gobierno del procedimiento al entender que no ha quedado en ningún momento acreditado que fuera víctima del comisario

Foto: Pablo Iglesias, la semana pasada, en el Congreso. (EFE)
Pablo Iglesias, la semana pasada, en el Congreso. (EFE)

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, responsable del caso Villarejo, ha decidido retirar a Pablo Iglesias la condición de víctima del comisario. En un auto dictado este lunes, el magistrado concluye que las pesquisas efectuadas hasta el momento “no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna” el vicepresidente segundo del Gobierno y denuncia que a lo largo del procedimiento se han descubierto “contradicciones” incompatibles con su supuesta posición de damnificado. Le reprocha incluso que ocultara entre cinco y 36 meses un pendrive con fotos íntimas de una colaboradora.

La resolución supone un duro varapalo para Iglesias, que centró en esta causa y, en general, en los supuestos ataques de las cloacas del Estado toda la campaña electoral de Podemos en las elecciones generales de abril de 2019. El auto supone su expulsión del procedimiento, a pesar de que el actual vicepresidente del Ejecutivo sostenía que el comisario Villarejo y sus teóricos colaboradores sustrajeron en 2015 un móvil a una de sus asesoras en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, para filtrar la información a la prensa con la intención de atacarle.

Tras aceptar una querella de la Fiscalía Anticorrupción, el juez García-Castellón convirtió estos supuestos hechos en la pieza separada número 10 de la llamada operación Tándem y aceptó que Bousselham e Iglesias se personaran como acusación particular. Los abogados de Podemos lograron inculpar a Villarejo, a media cúpula de la Policía del PP y a varios periodistas.

Dina Bousselham. (EFE / Román G. Aguilera)
Dina Bousselham. (EFE / Román G. Aguilera)

Las investigaciones realizadas en el último año han hecho que el discurso del actual vicepresidente del Ejecutivo se tambalee. El Ministerio Público dio la semana pasada un giro de 180 grados. Solicitó que se revocara al líder de Podemos la condición de perjudicado y que se le preguntara a Bousselham si de verdad desea seguir adelante con el caso. El juez ha accedido a la primera solicitud y ha considerado prematura la segunda, aunque el auto dictado este lunes deja la puerta abierta a ese trámite.

Por un lado, el magistrado apunta que no se ha acreditado la participación del comisario Villarejo en el robo del móvil. En la operación Tándem, se localizó en su casa una copia de su contenido, pero no hay ningún indicio que lo relacione a él ni a ningún otro policía con la sustracción del teléfono. La información llegó de forma anónima a la revista 'Interviú' y los interrogatorios han acreditado que este medio rechazó publicarla porque entre los archivos había "fotos íntimas" y datos "sensibles".

Sin embargo, se ha demostrado que, en enero de 2016, el máximo responsable de 'Interviú', el editor del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se reunió en su despacho con el propio Iglesias y le hizo entrega de un 'pendrive' con el contenido del móvil. Allí mismo, en el despacho de Asensio, el vicepresidente segundo del Gobierno consultó el contenido del móvil y comprobó su carácter comprometedor.

Pese a su relevancia, el propio Iglesias reconoció en sede judicial que no se lo entregó a su colaboradora hasta junio o julio de 2016, es decir, al menos cinco meses después. Pero cuando Bousselham trató de acceder al USB, vio que este estaba estropeado y era imposible abrir los archivos. El juez pone el acento en ese extraño comportamiento de Iglesias y subraya que, en realidad, pudo guardar el contenido "hasta 36 meses", si se tiene en cuenta que no se aportó al sumario un 'pendrive' en perfecto estado hasta marzo de 2019. García-Castellón da un paso más allá y sugiere que la ya exempleada del ahora vicepresidente segundo tiene la posibilidad de ejercer acciones penales contra el que fuera su jefe si así lo decide.

El magistrado también cree inexplicables las contradicciones en las que ha incurrido Bousselham a lo largo del caso. Al inicio de la causa, denunció que su teléfono móvil fue usado para filtrar a la prensa pantallazos de conversaciones delicadas en las que participó Iglesias. Pero un informe de la Policía Científica ha demostrado que ella misma hizo esos pantallazos y se los envió a terceras personas. Según tuvo que reconocer, lo hizo para dejar constancia de esas conversaciones. También ocultó a la instrucción durante meses que Iglesias le entregó un USB con una copia del móvil y que este no funcionaba, así como las gestiones que hizo con empresas de recuperación de archivos para intentar acceder a la información.

La exasesora de Pablo Iglesias dejó todas sus responsabilidades en Podemos hace poco más de 10 días. Pasó de la gestora del partido en Madrid y de integrar las listas de la candidatura del líder de la formación en la tercera asamblea ciudadana de Podemos para formar parte de los órganos de dirección estatales a desvincularse del partido para ponerse al frente de un nuevo medio, 'La Última Hora". El periódico digital, que se ofrece como estandarte de la información "veraz, libre y valiente", ha recibido el apoyo expreso de Podemos, que en un 'e-mail' a sus inscritos califica su lanzamiento como "imprescindible" y les pide apoyarlo como socios.

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