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Las contradicciones que salpican a Iglesias en el caso Dina: de la tarjeta al baile de fechas
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PIDE NUEVAS DILIGENCIAS A LA POLICÍA

Las contradicciones que salpican a Iglesias en el caso Dina: de la tarjeta al baile de fechas

El juez del caso Villarejo retiró este lunes la condición de perjudicado a Iglesias en un auto en el que destaca las "contradicciones del relato de Dina Bousselham", su exasesora

Foto: El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)
El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)

La pieza Dina del caso Villarejo se ha convertido en un mar de contradicciones. El juez Manuel García Castellón dio un giro de 180 grados este lunes al retirar la condición de perjudicado a Pablo Iglesias y, como adelantó El Confidencial, se prepara para pedir al Supremo que investigue al vicepresidente por dos posibles delitos: revelación de secretos y daños informáticos. En principio, las pesquisas ponían el foco en el robo de un móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham y en cómo su contenido acabó en manos del comisario José Manuel Villarejo, pero ahora se ha abierto una línea de investigación para averiguar si Iglesias manejó datos personales de su exasesora y destruyó la tarjeta en que se guardaba información del móvil antes de entregársela.

Una de las claves para retirar la condición de perjudicado a Iglesias se basa en que no ha quedado acreditado que los pantallazos de las conversaciones privadas que se publicaron en prensa procedieran del entorno de Villarejo. El supuesto espionaje a Podemos orquestado por la trama policial del comisario parte de un registro realizado en noviembre de 2017, cuando los responsables de la investigación hallaron en la vivienda del policía un soporte de memoria con información obtenida del móvil de Bousselham. Pese a ello, en los últimos meses se ha empezado a barajar otra posibilidad sobre cómo esas conversaciones llegaron a los periódicos, línea que se basa en que Bousselham ha admitido que hizo pantallazos de esas conversaciones y se los envió a terceros.

Foto: El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso. (EFE)

"Dina Bousselham reconoció haber 'capturado' las imágenes correspondientes a las conversaciones publicadas (...), y admitió haberlas enviado a terceras personas", subraya el magistrado en el auto con el que retira la condición de perjudicado a Iglesias. García Castellón incide además en que la exasesora de Podemos ha ido cambiando su versión en este sentido, para lo que subraya que en un primer momento "negó que hubieran salido de ella capturas de pantalla del chat de Telegram como las publicadas". Este reconocimiento no implica descartar "en absoluto" la participación de Villarejo "en dicha difusión", pero el juez concluye que cabe la posibilidad de que llegaran al periódico a través de esas personas a quienes se las envió "voluntariamente" o incluso a través del propio Iglesias, por lo que carece de sentido esa personación como perjudicado.

Para sostener la idea de que también pudo ser el vicepresidente, el juez subraya otro de los hechos que más dudas plantean: Antonio Asensio, el presidente del Grupo Zeta, editora de 'Interviú', entregó en 2016 la tarjeta del móvil que fue sustraído a la asesora del partido a Iglesias, pero él no se la entregó a Bousselham hasta meses después. García Castellón explica entonces que existen "dudas razonables" sobre "cuándo se materializa la entrega" de esa información "reservada, sensible y además íntima", apuntando a que el vicepresidente pudo tardar entre "entre cinco y 39 meses" en dárselo. A la espera de que avance la investigación, el uso que pudo hacer Iglesias de la información en ese tiempo es uno de los pilares sobre los que se apoya su posible imputación por un delito de revelación de secretos.

En su auto, el magistrado destaca las "contradicciones del relato de Dina Bousselham"

En cuanto al segundo delito, el de daños informáticos, el juez subraya en su auto que la tarjeta que Iglesias entregó a Bousselham estaba "parcialmente quemada". Este hecho choca con que el vicepresidente, al reunirse con Asensio en enero de 2016, "pudo realizar, en el mismo lugar, un análisis exhaustivo del contenido de la tarjeta", como él mismo reconoció en su declaración. Si el vicepresidente tuvo acceso a la información y meses después entregó una tarjeta destruida a la exasesora, el magistrado considera que cabe hablar de un delito de daños informáticos cuya autoría todavía debe aclararse: "Las declaraciones de quien entregó y de quien recibió la tarjeta no han permitido esclarecer quién causó los daños materiales que la misma presentaba", explica.

En su auto, el magistrado destaca además las "contradicciones del relato de Dina Bousselham", que van desde ese cambio de versiones respecto a los pantallazos hasta la declaración que ha prestado sobre cuándo recibió la tarjeta: tanto Iglesias como ella afirman que se la dio en junio de 2016, pero García Castellón apunta a que "no se corrobora este extremo con la fecha de los correos enviados por Ricardo Sá Ferreira [la pareja de Bousselham] en orden a lograr recuperar el contenido de la tarjeta". Según explica el magistrado, los correos a una empresa radicada en Madrid para intentar acceder al contenido de la tarjeta destruida comenzaron en febrero de 2017, ocho meses después de que Iglesias supuestamente se la entregara.

Foto: El último director de 'Interviú', Alberto Pozas. (EFE)

"Una vez examinados [los correos], se ha podido constatar que no concuerdan con ninguno de los datos aportados por ella en su última declaración", sostiene el juez. Más allá del baile de fechas, García Castellón se refiere así a que Bousselham dijo en mayo de 2018 que había "enviado la tarjeta a una empresa de Alemania" e incluso entregó la misma ante el juzgado en un sobre con un "matasellos (alemán)", pero esta idea choca con los correos de su pareja y con lo que ella misma declaró en marzo de 2019, cuando dijo que "nunca llegó a enviar a Alemania la tarjeta". Sobre por qué presentaba el sobre un matasellos alemán, García Castellón se muestra incapaz de encontrar una explicación, pero ya ha remitido los correos a la Policía Nacional para que "esclarezca los envíos a terceras personas y alteraciones físicas de las que pudo ser objeto la tarjeta".

A falta de que la Policía Nacional cumpla con este encargo, el auto del juez deja claro que la credibilidad de Bousselham se ha visto tocada y eso afecta de forma directa a Iglesias, pero por el momento ella niega que "haya recibido ninguna instrucción" a la hora de declarar. En función de las conclusiones que remita ahora la policía a la Audiencia Nacional, el magistrado decidirá si envía los hallazgos a la Sala de lo Penal del Supremo para que investigue al vicepresidente, posibilidad que ha ido cogiendo fuerza ante las contradicciones en las que han incurrido a lo largo de la investigación.

La pieza Dina del caso Villarejo se ha convertido en un mar de contradicciones. El juez Manuel García Castellón dio un giro de 180 grados este lunes al retirar la condición de perjudicado a Pablo Iglesias y, como adelantó El Confidencial, se prepara para pedir al Supremo que investigue al vicepresidente por dos posibles delitos: revelación de secretos y daños informáticos. En principio, las pesquisas ponían el foco en el robo de un móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham y en cómo su contenido acabó en manos del comisario José Manuel Villarejo, pero ahora se ha abierto una línea de investigación para averiguar si Iglesias manejó datos personales de su exasesora y destruyó la tarjeta en que se guardaba información del móvil antes de entregársela.

Comisario Villarejo
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