El juez pedirá ayuda al CNI para desencriptar los audios de Villarejo

La información almacenada durante años por José Villarejo e incautada en los inicios de la operación Tándem que llevó a la cárcel al excomisario está generando problemas a la Policía y a la Audiencia Nacional, que se han topado con una barrera difícil de superar. La gran mayoría de los archivos, que contienen una enorme cantidad de audios, se encuentran protegidos con encriptaciones que no permiten su acceso y que están ralentizando su análisis. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional considera prioritario el acceso completo a ese material y por eso reclamará a partir de enero el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para desentrañar los códigos, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

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Siguiendo las recomendaciones de la Policía, Manuel García-Castellón tiene previsto solicitar ayuda al Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo responsable de coordinar la acción de los diferentes organismos de la Administración que utilicen medios o procedimientos de cifrado. Dependiente del CNI, que dirige en la actualidad Félix Sanz Roldán, el organismo se ocupa de funciones relativas a la seguridad de las Tecnologías de la Información y de protección de la información clasificada. El CCN comparte con el CNI medios, procedimientos, normativa y recursos, indica su página web.

El gigantesco volumen de datos del excomisario, que suma casi 40 terabytes, se encuentra almacenado en todo tipo de soportes. Desde discos duros a 'pendrives' e incluso microcintas. Casi nada se conoce del sistema empleado por Villarejo para proteger esta información salvo los detalles que han ido ofreciendo algunos de los autos vinculados con el caso. Uno de los últimos, dictado por la Sala de lo Penal en relación al secreto que pesa sobre el caso, advierte, por ejemplo, de que el acceso se halla encriptado en gran parte e insinúa que los investigados, conocedores de las claves, han podido servirse de terceros para borrar de forma remota datos alojados en servidores.

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"La información telemática ingresada en un disco duro, en un equipo de lugar ignoto mediante una clave operada desde un portal de internet, realmente constituye una medida de seguridad de los investigados presuntamente sobre su actividad ilícita, reveladora de la magnitud de su importancia, lo que funda la pervivencia de la restricción", aseguraba la Sección Tercera en su escrito.

Falta de colaboración

También el juzgado ha hecho referencia en distintas ocasiones a esta especial cautela y a la falta de colaboración del cerebro de la Tándem para facilitar el acceso a los archivos. El hasta ahora instructor de la causa, Diego de Egea, ha reprochado en distintas ocasiones al expolicía su falta de colaboración a la hora de franquear el paso a estas grabaciones. Su negativa ha sido uno de los principales sustentos de la argumentación para negarle la libertad que ha reclamado en numerosas ocasiones sin éxito.

Hasta el momento, todo el material incautado en los registros de noviembre del pasado 2017 se encuentra en posesión de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que ha ido avanzando a un paso muy lento en su análisis. Las fuentes consultadas sitúan en un 1% el volumen de las conversaciones que han podido analizarse hasta la fecha. Aguardan aún centenares de carpetas con acceso cerrado que no han podido abrirse.

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No es la primera vez que la Audiencia Nacional pide ayuda en este caso. Según publicó 'eldiario.es', el instructor ya realizó hace semanas un encargo al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, para que los expertos del centro cooperasen para descifrar los códigos de acceso a los cerca de 400 dosieres hallados.

A vueltas con el secreto

La mínima parte analizada ha dado ya lugar a nada menos que siete piezas bautizadas con el nombre que les atribuyó el propio Villarejo en su creación: King, Iron, Land, Pit, Carol, Pintor y Big. El secreto de los audios vinculados a estas ha sido objeto de uno de los desacuerdos entre la Fiscalía Anticorrupción y el juez de refuerzo Diego de Egea, que renunció hace unos días a continuar al frente de la investigación y se incorporará a su anterior plaza a partir del próximo día 1 de enero.

El secreto de los audios vinculados a estas ha sido objeto de uno de los desacuerdos entre la Fiscalía Anticorrupción y el juez Diego de Egea

Un auto de la sala vino a poner orden el pasado 5 de diciembre. O eso parecía en un inicio. En aquel escrito los magistrados Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Clara Bayarri no vieron problema en dar acceso a las partes personadas al material 'en abierto'. Consideró la sala que esa información ya ha superado el primer filtro de los investigadores y determinó que la documentación digital no encriptada podía, por tanto, entregarse tanto a los acusados como a las acusaciones, eso sí, con la necesaria protección de la intimidad de terceros. Ese criterio inicial se desmontó hace solo unos días después de que se comunicara a los abogados personados que el caso, todo él, volvía a quedar restringido. La publicidad quedó así de nuevo paralizada hasta que la sala aclare algunos términos del "expurgo previo sobre asuntos de seguridad del Estado".