El juez pide datos a bancos sobre la presunta financiación ilegal del PP de Aguirre

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha solicitado información a cinco bancos y a la Agencia Tributaria sobre personas físicas y jurídicas relacionadas con la presunta "financiación ilegal del Partido Popular en la Comunicad de Madrid a través del ente público Agencia Informática y Comunicaciones", impulsando así la investigación sobre la supuesta caja B del PP de Aguirre.

En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el instructor del caso Púnica emite distintos mandamientos judiciales para que se facilite documentación a la Policía Judicial de dos empresarios y diez mercantiles sospechosos de camuflar pagos en negro del partido. García Castellón solicita en concreto información sobre los empresarios José Miguel Alonso Gómez y Juan Miguel Madoz Echevarría, así como de sus sociedades y de las operaciones realizadas entre enero de 2010 y diciembre de 2014. Para ello, el magistrado centra las pesquisas en varios productos financieros de Banca March, Banco Popular, Caixa Bank, Bankinder y Banco de Santander.

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David Fernández

La investigación se centra además en las empresas Pamaz, Swat, Strat Map, The Cell Core, Formaselect Consulting, Eude y Demométrica Investigación de Mercados. El propietario de esta última, Alfonso del Corral, ya admitió en marzo de 2017 a la Guardia Civil que realizó varios sondeos a petición del Partido Popular de Madrid, encargo que le hizó el gerente de la formación hasta octubre de 2014, Beltrán Gutiérrez, otro de los imputados en Púnica por la presunta financiación ilegal de Génova. Según Del Corral, Gutiérrez le ordenó que unas encuestas fueras cargadas al PP y otras a Fundescam, y también le indicó qué conceptos debía poner en las facturas.

La investigación de la Guardia Civil

La petición del magistrado a los bancos y la Agencia Tribunatia llega después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara el pasado 4 de diciembre un informe con los últimos avances en la investigación sobre “la financiación ilegal” del PP en Madrid a través del ente público Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). Para ello resulta clave la declaración de 2015 del exdirectivo de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid Silvano Corujo, quien aseguró ante la Fiscalía Anticorrupción que el exconsejero delegado de ICM José Martínez Nicolás le contó que el expresidente madrileño Ignacio González le había pedido en junio de 2012 un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid.

Esa supuesta solicitud ocurrió tan solo unos meses antes de que, en septiembre, González pasara a la Presidencia regional tras la dimisión de Esperanza Aguirre, quien sin embargo siguió como presidenta del PP de Madrid, cargo en el que había sido reelegida en abril de ese año y en el que continuó hasta febrero de 2016. Aunque Corujo negó posteriomente estos hechos ante el magistrado, afirmando el pasado julio que no se inflaron contratos de esta empresa pública, García Castellón sigue recabando datos sobre ICM para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en la Comunicad de Madrid.