El Gobierno tacha de "pinchazo" la marcha y apunta a urnas al ver casi perdidos los PGE

"Ha sido un buen día para nosotros". En el Gobierno y en el PSOE no se respiraba preocupación por la multitudinaria concentración de las derechas, por la "unidad de España" y por "elecciones ya", en la plaza de Colón de Madrid. En la dirigencia socialista no había generado inquietud ni su convocatoria en las horas y días previos —es más, se veía como un "revulsivo" potente para despertar a la izquierda—, así que difícilmente podía mostrar nerviosismo una vez celebrada. Pero la manifestación resultó incluso mejor de lo que ellos esperaban. Fue un "pinchazo", según la valoración oficial. Un fiasco que en nada cambia, advierte el Ejecutivo, el curso de la semana o las decisiones que pueda tomar Pedro Sánchez. Porque lo importante es lo que suceda a partir de este martes, cuando se abra el juicio histórico del 'procés' y arranque el debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Una caída de las cuentas, el escenario más probable para la Moncloa, abocaría muy probablemente a un adelanto electoral. Y el superdomingo gana peso en las apuestas internas.

"Han pinchado claramente. Se veían muchas calvas en las imágenes. Han fletado autobuses de toda España y había tres partidos [PP, Ciudadanos y Vox] agitando la manifestación. ¿Y con todo eso solo suman a 45.000 personas?", señala un alto cargo del equipo de Sánchez, que recuerda que en diciembre de 2017 la misma cifra de asistentes se calculó para una marcha independentista en Bruselas.

El Ejecutivo se remite al número facilitado por la Delegación del Gobierno, 45.000 manifestantes (los organizadores hablaron de 200.000), porque "no tiene ni trampa ni cartón", ya que la cúpula policial en Madrid es "la misma" que nombró el PP: el jefe superior del cuerpo sigue siendo Jorge Manuel Martí, y el jefe de Seguridad Ciudadana, Tomás González de la Oliva. Los socialistas subrayaban así que el volumen de concentrados este domingo quedaba lejos del de otras manifestaciones que se convocaron o terminaron en Colón, caso del Orgullo LGTBI (700.000) o la marcha del Día de la Mujer (170.000) del año pasado, o la que se organizó contra el proceso de paz impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero (181.000) o contra la aprobación del matrimonio homosexual (166.000). En todos los casos, recordaban, la fuente era la misma: cálculos de Policía Nacional facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid.

El Ejecutivo remarca que la cifra de 45.000 asistentes no tiene "trampa", porque la cúpula policial en Madrid es "la misma" que con el PP

"Fue muchísima menos gente de la que ellos y nosotros teníamos previsto. Han ido los más hiperventilados. Al final, los ciudadanos no son tontos y no se creen las mentiras que les cuentan", señalaban fuentes gubernamentales. Los socialistas destacaban, en ese sentido, las afirmaciones directamente "falsas" que contenía el manifiesto leído por los periodistas Albert Castillón, María Claver y Carlos Cuesta, como que Sánchez "cedió" ante Quim Torra al "aceptar" sus 21 exigencias planteadas en Pedralbes. El presidente ignoró por completo ese documento —pedía referéndum de autodeterminación, mediación internacional, enterrar la vía judicial o un debate sobre la monarquía—, que calificó de "monólogo" del 'president'. "Las derechas han medido su fuerza, pero si basas tu discurso en una trola, tienes problemas para movilizar", indicaba un alto mando del Ejecutivo.

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El PSOE "siempre" fue leal a Rajoy

El propio presidente contestó a los concentrados desde Santander, donde protagonizaba un mitin de su partido. Expresó su respeto a los manifestantes, pero recordó a los convocantes que cargaban contra un dirigente, él mismo, que "siempre" fue leal al Gobierno de Mariano Rajoy, y eso que los soberanistas le organizaron dos referéndums ilegales y una declaración de independencia que fue replicada por la activación del artículo 155 de la Constitución, también apoyada por el PSOE. El Ejecutivo que él dirige, dijo, también trabaja por la "unidad de España", y eso significa "unir a los españoles y no enfrentarlos, como hacen las derechas en la plaza de Colón".

"PP y Cs han pagado un alto coste. Gana Vox. Es una prueba de su desesperación y de cómo no han digerido la moción", dicen en el entorno de Sánchez

Los socialistas están convencidos de que PP y Cs tienen poco de qué felicitarse tras la concentración de este domingo. "Han pagado un alto coste. El ganador ha sido Vox. Lo de hoy es una prueba de su desesperación y de cómo no han asimilado la moción de censura", apuntaban fuentes próximas a Sánchez. En el partido acogían como un "regalo" la foto de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, los líderes de PP, Ciudadanos y Vox, juntos. El presidente naranja, a ojos del PSOE, es el "gran perdedor", al sucumbir a esa imagen con la ultraderecha, de la que tanto había rehuido en la conformación del pacto andaluz.

Los dirigentes críticos con el presidente también entienden que el 10-F no salió a pedir de boca para PP y Cs, como evidenciaba un tuit del aragonés Javier Lambán. "No ha sido la manifestación histórica que ellos creían. Pero no le da al PSOE margen para volver a las andadas o volvernos a equivocar. Si hubiéramos convocado nosotros para apoyar nuestra política catalana, hubiera habido mucha menos gente (salvo que vinieran los 'indepes'). La foto de las tres derechas nos beneficia. Pero insisto: no tenemos margen para más errores. Si hoy hubiera elecciones, la suma de las derechas se nos llevaría por delante", manifiesta un presidente autonómico.

Según subrayan en el Gobierno, la manifestación de Colón no tiene "consecuencias" directas para Sánchez. No será ese el elemento que le empuje a convocar elecciones generales. Lo determinante será lo que ocurra el martes y miércoles, cuando se solapen el arranque del juicio a los dirigentes independentistas y el debate de totalidad de los Presupuestos.

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Sin contactos el fin de semana

Durante el fin de semana no ha habido contactos con los independentistas para retomar las negociaciones. El viernes se consumó la ruptura y todo ha quedado paralizado. Desde el Gobierno, aseguran que no habrá más intentos ni más gestos de acercamiento. Las cartas están echadas. "No hablamos con ellos. Los independentistas harán lo que vean. Pero han desperdiciado una oportunidad de diálogo. Ellos tienen un caos interno notable y son poco de fiar", valoran desde el núcleo duro de Sánchez. La estrategia es trasladar la presión a los soberanistas. El Gobierno defiende que ha "demostrado que el diálogo es la salida", y si los separatistas "no lo ven, tendrán que explicar que votan con la ultraderecha de Colón". De hecho, Sánchez decía este domingo que el miércoles puede verse con nitidez aquello de que la política "hace extraños compañeros de cama", cuando tanto las derechas de PP y Cs como los secesionistas votarán juntos para tumbar los Presupuestos.

La sensación es que ERC y PDeCAT no aflojarán, aunque "son marcianos", dicen en el Gobierno. "Que expliquen que votan con la ultraderecha de Colón"

Porque, de hecho, esa es la previsión del Ejecutivo. Que las cuentas caerán muy probablemente el miércoles. Cierto que en el propio Consejo de Ministros y en la cúpula del PSOE hay quienes no pierden la esperanza, porque aún podría producirse un giro de última hora, que ERC y PDeCAT finalmente retirasen su enmienda de totalidad. "Los independentistas son marcianos", volubles, resumen de forma expresiva fuentes del Gabinete. Sin embargo, el hecho de que la manifestación haya sido un "pinchazo" tampoco incentiva a los separatistas a que den un paso atrás, a tenor de la lectura de la Moncloa. Dicho de otro modo, según los cálculos que habían expresado en privado algunos miembros del Ejecutivo, si la concentración hubiera sido masiva, quizás habría podido asustar a ERC y PDeCAT y empujarlos a retirar la enmienda de devolución. En todo caso, Sánchez ya ha recalcado que "nunca" aceptará el referéndum de autodeterminación, la exigencia que ponen por delante las dos fuerzas que sustentan el Govern.

Otro elemento de complicación para los PGE es el juicio del 'procés'. El Gobierno es consciente de que la imagen de los dirigentes soberanistas en el banquillo, entre ellos Oriol Junqueras, impactará como un misil en Cataluña y despertará de nuevo las emociones. Un contexto adverso para que ERC y PDeCAT aflojen.

¿Y si los Presupuestos caen, qué? Carmen Calvo, la vicepresidenta, ya reiteró el viernes pasado que si no hay cuentas públicas, el tiempo de la legislatura "se acorta". Una reflexión que en el otoño también hacía el jefe del Ejecutivo pero que más tarde abandonó, para no ligar el éxito o el fracaso de su proyecto de ley a las urnas. Pero esa vinculación, para muchos miembros del Gobierno, sí existe. En el PSOE y en el Gabinete va cogiendo impulso la hipótesis de que Sánchez podría disolver las Cortes y convocar las generales para el 26 de mayo, haciéndolas coincidir con las municipales, autonómicas y europeas. El superdomingo es defendido por el círculo del presidente porque entiende que se podría maximizar la participación y porque el partido se moviliza a tope siempre que llegan las locales.

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"Crear nuestro 'momentum"

Barones y alcaldes socialistas, sin embargo, abominan del superdomingo. Sería jugarse todo el poder a una carta. Creen que su campaña podría verse contaminada por la dinámica nacional, y que todas las urnas se leerán como un plebiscito al líder del Ejecutivo, al margen del juicio a la gestión de autonomías y ayuntamientos. En la cúpula del PSOE defienden que el debate será forzosamente de carácter nacional, y que la marca Sánchez suma más que las siglas del partido, por lo que tiraría de todos los candidatos.

La cúpula ve bien un 26-M por la movilización máxima y por el tirón que atribuye a Sánchez. Abril sería otra opción, pero se cruza la Semana Santa

Sánchez tendría aún un tiempo para apretar el botón y dirigir a España a una superconvocatoria inédita. Hasta el 2 de abril. Ese día, debería estar publicado en el BOE el decreto de disolución de las Cámaras. Otra opción es esperar al otoño, aunque en el PSOE se teme que, sin PGE, aguardar hasta entonces puede ser arriesgado. Pero en el ADN del presidente está resistir, aguantar al máximo la presión, y él ha venido reiterando, tras la moción de censura, que su pretensión es agotar la legislatura.

Otra alternativa sería fijar las generales en abril, pero apenas hay opciones. Si el decreto de convocatoria sale publicado el 19 de febrero, los comicios se celebrarían el 14 de abril, una fecha icónica para la izquierda porque se conmemorarán 88 años de la proclamación de la II República. Pero es Domingo de Ramos, fecha de arranque de vacaciones para muchos españoles. Llevar las urnas a finales de mes supondría comenzar la campaña a la vuelta de la Semana Santa.

En el corazón del Ejecutivo mantienen la máxima reserva respecto a los planes del presidente, y piden aguardar al miércoles, cuando se voten las enmiendas de totalidad. "Debemos seguir nuestra hoja de ruta. Crear nuestro 'momentum", el clima más favorable para los socialistas. Pero el partido sale de una semana caótica y negra, en la que se dejó muchos pelos en la gatera, aunque el desenlace de la ruptura y el "pinchazo" de la concentración de las derechas hayan concedido un cierto respiro.

La propuesta del Govern: una mesa de partidos para "trabajar" en una solución que incluya el referéndum

La última propuesta que presentó el Gobierno al 'vicepresident', Pere Aragonès, y a la 'consellera' de Presidencia, Elsa Artadi, sigue sobre la mesa, aunque fue rechazada por ambos al filo de las dos de la tarde del pasado viernes. La vicepresidenta, Carmen Calvo, que ha conducido las negociaciones, mantuvo varias conversaciones con los dos en la misma mañana del viernes. Ella, de hecho, apenas pudo atender las deliberaciones del Consejo de Ministros porque quería rematar los términos del diálogo esa misma mañana y hablaba con los 'consellers' en otra sala del complejo. 

Al final, el diálogo se truncó porque, según el Gobierno, los independentistas enviaron un texto en el que incluían la negociación sobre el referéndum, que era inaceptable para el Ejecutivo. En concreto, señala que la mesa de partidos tendría por objetivo "trabajar para acordar una solución democrática al conflicto político existente entre Cataluña y el Estado español con respecto al ejercicio del derecho de autodeterminación en aplicación del Derecho Internacional y los tratados internacionales".

En otro párrafo, la Generalitat escribía que "cualquier propuesta política que se plantee debe ser finalmente validada democráticamente (al menos) por la ciudadanía de Cataluña en un referéndum de autodeterminación organizado a tal efecto". 

El Ejecutivo sí había aceptado ya la figura del relator (llegó a emerger el nombre del ponente constitucional Miquel Roca) para una mesa de partidos en la que también se sentarían PSOE y Podemos.