Los 21 puntos de Torra: fin a la vía judicial, referéndum, no al 155, debate sobre el Rey...

Descubiertos finalmente los 21 puntos, las 21 exigencias de Quim Torra a Pedro Sánchez. Las cuatro páginas que el 'president' entregó al jefe del Ejecutivo en su reunión en el Palau de Pedralbes, en Barcelona, del pasado 20 de diciembre. Entre las demandas, el referéndum de autodeterminación, dejar "atrás" la vía judicial, no más amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución, la presencia de mediadores internacionales en las negociaciones sobre el futuro de Cataluña o un debate sobre la monarquía. Un documento que el Gobierno dijo no tener en cuenta para nada y al que dio carpetazo, porque consideraba que lo importante es lo que las dos partes cerraron un comunicado conjunto en el que no se recogía ninguno de esos puntos.

El texto de peticiones del Govern al Ejecutivo socialista, de cuatro páginas [aquí en PDF], se articula en torno a tres ejes: una "respuesta democrática" para Cataluña, la "necesidad de una regeneración democrática de España, y la 'desfranquización' del país. Así consta en el documento, que la Generalitat dio a conocer este martes en la reunión con los partidos (JxCAT, ERC, PSC y comunes) para aumentar la presión cuando queda apenas una semana para el debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

El primer bloque es el más sustancioso y el que no sería posible de asumir para el Gobierno. "No se puede gobernar contra Cataluña", dice el primer punto. "Cabe reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña", dice el segundo, siguiendo la formulación clásica de los soberanistas. El referéndum es la petición constante de ERC y PDeCAT, y la que continúan poniendo encima de la mesa para aceptar la tramitación de los PGE, ahora en peligro.

"Es necesaria una mediación internacional que ha de facilitar una negociación en igualdad", dice el punto 3 del documento desvelado por el Govern

Tras aquella reunión del Gobierno y el Govern, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, aseguró que, al menos en el encuentro en el que ella participó —con la vicepresidenta, Carmen Calvo, el número dos del Ejecutivo autonómico, Pere Aragonès, y la 'consellera' de Presidencia, Elsa Artadi—, no salió la cuestión del referéndum, pero que en cualquier caso la respuesta del Ejecutivo es la misma: no. El Gobierno ha venido insistiendo en que no aceptará traspasar el marco de la Constitución y de la ley, y una consulta sobre la segregación de Cataluña no cabe en él.

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Sí se ha aceptado al "relator"

"Es necesaria una mediación internacional que ha de facilitar una negociación en igualdad", reza el tercer punto. Otro de las demandas más repetidas por parte de Torra y su equipo, y que sigue coleando. De hecho, en la mesa de partidos que están intentando diseñar Calvo, Aragonès y Artadi, los soberanistas quieren que participe de las reuniones una persona neutral y con "perfil internacional". Aceptan que no se le llame "mediador" para posibilitar el entendimiento con la Moncloa. Este mismo martes, la vicepresidenta rechazó hablar de "mediadores", pero sí aceptó la presencia de un "relator" encargado de "tomar nota" de las reuniones, convocarlas y coordinarlas. No da más detalles de quién podría ser, sí alguien que "entienda de política" y que sea consciente de la dimensión de la crisis territorial.

Torra pide "investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra la población de Cataluña" o no "limitar" los derechos fundamentales

Cuarto punto: "La soberanía de las instituciones catalanas ha de ser respetada y no amenazarla con la aplicación del artículo 155". El Gobierno y el PSOE han agitado esa posibilidad en los momentos de mayor tensión con el Govern, pero ha sostenido en todos estos meses que no concurren las circunstancias para activar la intervención de Cataluña: sería "inconstitucional" y entendido como una "usurpación" del poder autonómico.

"Se han de investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra la población de Cataluña", señala el quinto punto. Y este es el sexto: "La vía judicial ha de quedar atrás". Los separatistas han exigido reiteradamente al Ejecutivo que inste a la Fiscalía a que retire la acusación contra los dirigentes soberanistas encausados, pero este se ha negado porque no puede ni quiere, ha subrayado, interferir en la actuación de la Justicia. El juicio contra los líderes del 'procés' arranca el próximo 12 de febrero en el Tribunal Supremo.

Anulación de los juicios franquistas

El segundo bloque, el que se centra en la "regeneración democrática de España", comprende siete puntos: impulsar "un compromiso" para la ética política, "garantizar la separación de poderes", "poner fin a la limitación de derechos fundamentales", revertir el "atraso de la calidad democrática de España", frenar el "deterioro de la imagen de España en el mundo", acabar con la "complicidad de los cuerpos policiales y el aparato judicial con la ultraderecha", asegurar la "independencia judicial" y preservar "el respeto a los derechos humanos".

Último apartado: el reto "pendiente" de la "desfranquización' de España". Para Torra, la "sombra de la influencia de la cultura franquista pervive y es incompatible con la plenitud democrática de España", según se puede leer en la demanda número 15. El documento continúa reclamando el fin de la "impunidad de los crímenes" de la dictadura. También se pide "aislar y denunciar a los grupos neofascistas" y enterrar los "privilegios derivados del franquismo".

Sánchez ya aseguró que el documento entregado por el 'president' no era más que un "monólogo": fuera de la Constitución y de la ley, "nada"

Punto 18, muy polémico: "Hay que emprender un proceso explícito de 'desfranquización' y un debate sobre la monarquía". No concreta el texto en qué términos habría de hacerse, si bien el Ejecutivo ha repetido que la Corona ha de quedar fuera de toda discusión partidaria y, de hecho, llevó al Constitucional la moción de reprobación al Rey que aprobó en octubre el Parlament. Las dos últimas demandas de Torra hacen referencia a la anulación de los juicios franquistas como un "paso imprescindible" para la recuperación de la memoria histórica y a hacer efectiva la apertura de las fosas comunes.

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El documento señala asimismo que es "hora" de que el Estado pase "del no a todo al sí". Sí, dice, a sentarse a dialogar "sin límites y sin condiciones", a "aceptar que España tiene un problema de calidad democrática", a abordar, "de una vez por todas, la verdad de su pasado y hacer justicia a las víctimas" y a afrontar "cambios estructurales en las instituciones del Estado". España "tiene muchas deudas que saldar", subraya el texto. "No hay un problema catalán, hay un problema español [...]. Es el momento de la política y no de la policía. Es el momento del debate y no del Código Penal".

Sánchez fue preguntado en su comparecencia de balance de fin de año por los 21 puntos de Torra. Son un "monólogo" del 'president', despreció. Fuera de la Constitución y de la ley, dijo, no hay "nada". El Gobierno se ha aferrado todo este tiempo al textual del comunicado conjunto que pactó en Pedralbes con el Govern, en el que se reconoce la existencia de un "conflicto" y que hay que articular una propuesta política sobre el futuro de Cataluña que concite un consenso amplio. Una propuesta "en el marco de la seguridad jurídica", expresión que para la Moncloa remite inequívocamente a la Carta Magna y al Estatut.