COMPARECENCIA TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno ve "inconstitucional" ir ahora a otro 155: sería "usurpación" del poder catalán

Celaá responde a las peticiones de una nueva intervención de Cataluña tanto de PP y de Cs como de barones socialistas que temen el 26-M. La segunda reunión de Calvo será el viernes próximo

Foto: La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este 18 de enero. (EFE)
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este 18 de enero. (EFE)

El Gobierno no va a acceder a las peticiones constantes que llegan desde PP y Ciudadanos para que aplique ya el artículo 155 de la Carta Magna en Cataluña. No se lo plantea, al menos por ahora, porque considera que no ha habido ningún "quebranto" de la legalidad. Es más, intervenir por segunda vez la comunidad, en este momento, sería hasta "inconstitucional" porque supondría la "usurpación" del poder autonómico. Tanto como eso.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez hace oídos sordos a la presión que llega desde fuera pero también desde dentro, desde las filas socialistas. Ayer jueves, la Asamblea de Extremadura aprobó una propuesta del PP, que contó con el respaldo de PSOE y de Ciudadanos, que defendía la unidad de España y la aplicación del artículo 155. Esa posición del partido del presidente Guillermo Fernández Vara revela de nuevo el temor de varios barones que se juegan su pellejo en las elecciones autonómicas del 26 de mayo y que creen que la estrategia de distensión de Sánchez con Cataluña les puede arrastrar y llevar hasta el desagüe.

"El camino del diálogo se está abriendo paso progresivamente", contrapuso no obstante este viernes, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gabinete, Isabel Celaá. El Gobienro no se pone "fechas límite" para hallar una solución, una desembocadura, toda vez que se entiende que el conflicto soberanista, que cogió pegada a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que mutiló el Estatut en 2010, tardará años en encauzarse. El camino es "complejo, como se está viendo", pero hay "convicción" en el Ejecutivo para seguir en ese sendero, ya que España y Cataluña no están en el "mismo sitio" que hace un año, cuando el Govern y el Parlament desobedecieron al TC y las leyes y hubo que tomar las riendas de la Generalitat. Es más, observó Celaá, esa estrategia de deshielo "gana adeptos", aunque no detalló quiénes.

La portavoz sostuvo que sería "inconstitucional pensar en la aplicación del 155". "Una usurpación del poder autonómico por mor de no se sabe qué", añadió. Recordó que en 2017 hubo un "quebranto" de la Constitución, de la ley y de las sentencias de los tribunales que hoy no se da. Para el Ejecutivo, "nadie que reflexione en profundidad" puede continuar apelando a la intervención de Cataluña, porque no conduciría a ninguna "salida política" y porque podría ser concebido —se entiende que por los tribunales— como una "usurpación", conclusión que no obstante también había apuntado Vara en Twitter para explicar el porqué de la votación en el Parlamento extremeño.

La portavoz argumenta que no ha habido un "quebranto" de la legalidad como ocurrió en 2017, por lo que no cabe ahora intervenir la comunidad


De hecho, a esa pedagogía se refirió Celaá: "Lo que vino a decir Extremadura es que, si llegara a quebrarse la ley y el marco constitucional, sería el momento de pensar en el 155". No viene a cuento "medir el grado de incomodidad" del Gobierno con la iniciativa aprobada este jueves en Mérida el mismo día en que el Ejecutivo decidía estudiar la apertura de nuevos espacios de diálogo en Cataluña, defendió la portavoz, porque lo importante es que un nuevo despliegue, en este momento, del 155, no es es el "marco de actuación en absoluto", ya que está ligado a la vulneración de la ley.

Sin "contrapartidas" para los PGE

En ese sentido, la ministra elogió la "importante labor" desarrollada por la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, como la encargada de pilotar las conversaciones con su homólogo catalán, Pere Aragonès, y la 'consellera' de Presidencia, Elsa Artadi, para "encauzar la crisis y llevarla a una vía de solución". Celaá recalcó que es fundamental que la orientación "sea la correcta", porque importa tanto el principio de "realidad como el de legalidad". "Ya conocemos la fuerza autodestructiva de cualquier fórmula binaria", agregó, aludiendo a lo que ha sucedido con el referéndum del Brexit de 2016, que ha sumergido al Reino Unido en un laberinto del que no consigue escapar. El Ejecutivo ha rechazado en múltiples ocasiones acceder al ejercicio del derecho de autodeterminación, como le exigen las formaciones separatistas catalanas.

La siguiente reunión de Calvo con Aragonès y Artadi será el 25 de enero en BCN. Moncloa espera que a la mesa se sienten todas las fuerzas catalanas

Calvo quedó con Aragonès y Artadi, en la reunión que mantuvieron ayer jueves en La Moncloa, que habría la semana próxima un segundo encuentro para afinar más las posiciones. De la cita de ayer salió el compromiso de estudiar una mesa de partidos catalanes para entre todos buscar una "propuesta política" sobre el futuro de Cataluña. Celaá, a preguntas de los periodistas, adelantó que esa segunda entrevista de la vicepresidenta con los miembros del Govern se celebrará el viernes próximo, 25 de enero, y en Barcelona.

Sánchez siempre ha urgido al 'president', Quim Torra, a establecer un diálogo con los nacionalistas. Esa interlocución está en vía muerta en Cataluña, pues a la iniciativa de la Generalitat no se han sumado ni PP, ni Ciudadanos, ni la CUP. El Gobierno socialista espera que, con su impulso, las conversaciones se puedan encarrilar. En la nueva mesa que acordó crearse ayer, dijo Celaá, "todos los partidos tendrán la oportunidad de anunciar su presencia ante una cuestión tan importante para Cataluña para consolidar un diálogo efectivo, que es el objetivo".

El Gobierno ve "inconstitucional" ir ahora a otro 155: sería "usurpación" del poder catalán

Artadi señáló este viernes que Calvo sí citó durante el encuentro en La Moncloa los Presupuestos. Celaá separó ambas cuestiones. A la hora de negociar las cuentas públicas "no hay contrapartidas", salvo el propio proyecto de ley. Los Presupuestos, destacó, son "suficientemente importantes" por sí mismos como para recabar los apoyos necesarios, no solo por parte de los independentistas, sino del resto de fuerzas políticas que están llamadas, todas ellas, a "negociar y acordar". Las cuentas de 2019 suponen "importantes mejoras para la ciudadanía", con dos metas básicas, "blindar el Estado del bienestar" y, en paralelo, "encauzar la crisis catalana". "La fuerza de los Presupuestos está en los Presupuestos. Es ahí donde nos tenemos que encontrar, en todas esas políticas importantes que llevan los Presupuestos y que son de gran resultado y de gran eficiencia para los catalanes. Otras contrapartidas, no", aseguró.

Marlaska señala que el arresto de 16 personas por el corte de vías de tren no fue "desproporcionada" porque la causa "supervisada" por el juez y el fiscal

Junto a Celaá compareció el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que presentó su plan de modernización de infraestructuras para la seguridad y de mejora de las fronteras de Ceuta y Melilla. El ministro fue preguntado por las detenciones de 16 personas (entre ellos, dos alcaldes de la CUP), este pasado miércoles, por ocupar las vías del AVE en el aniversario del referéndum del 1 de octubre. Ante las críticas de los grupos independentistas, Marlaska recordó que la causa por los cortes "violentos" de infraestructuras está "judicializada" después de la denuncia que interpuso Adif, el gestor ferroviario. Así, toda la instrucción está "supervisada" por el fiscal y el juez de instrucción, que "fueron informados de todo el conjunto de actuaciones". Los agentes, por tanto, "actuaron como Policía Judicial". Una operación bajo la tutela del juez, por tanto, no se puede considerar "ni desproporcionada ni inaceptable", defendió.

El Gobierno ve "inconstitucional" ir ahora a otro 155: sería "usurpación" del poder catalán

Los aforamientos llegan al Congreso

El Consejo de Ministros y Ministras aprobó este viernes el proyecto de reforma de la Constitución, en sus artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, relativos a los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno, añadiendo a ambos artículos la frase "en el ejercicio de las funciones propias de su cargo" para limitar funcionalmente el alcance de los aforamientos.

Como explica el Ejecutivo, "con esta inclusión se recorta la competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ya no abarcará todos los delitos cometidos por los parlamentarios y miembros del Gobierno [el presidente y sus ministros], sino que quedará circunscrita a aquellos que cometan de forma directa en el ejercicio de su cargo". 

El Ejecutivo pone en valor que la reforma que propone "se inscribe en la tendencia del constitucionalismo europeo, que se prevé expresamente en las constituciones de Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Noruega, Polonia, Rumanía, Grecia y Suecia". 

 

El Gobierno de Pedro Sánchez ya recibió informe positivo del Consejo de Estado en noviembre, y el pasado 20 de diciembre obtuvo el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial [el informe aquí en PDF], así que ahora el proyecto se remite inmediatamente a las Cortes Generales para que arranque su tramitación. "Esperamos que las Cámaras sean sensibles y aprueben esta reforma", señaló la portavoz del Gabinete, Isabel Celaá.

A partir de ahora, los socialistas dialogarán con todos los grupos, pero no será fácil que pueda sacar su proyecto adelante. El PP, a través de su diputado en el Congreso Jaime de Olano, tachó de "frívola y peligrosa" la modificación planteada por el Ejecutivo. Los populares son absolutamente necesarios, puesto que la Constitución exige para su reforma del apoyo de tres quintas partes de cada Cámara, y en el Senado el partido de Pablo Casado goza de mayoría absoluta. 

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