Las ingenierías tumban casi un centenar de obras públicas que iban a adjudicar a la baja
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gracias a la nueva ley de contratos

Las ingenierías tumban casi un centenar de obras públicas que iban a adjudicar a la baja

Desde que entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Estado, Tecniberia ha pedido rehacer los pliegos de casi un centenar de proyectos. En el 90% de los casos, se ha corregido sin problema

Foto: Imagen de una obra pública. (EFE)
Imagen de una obra pública. (EFE)

Cuando acaba de cumplirse el segundo aniversario de la nueva Ley de Contratos del Sector Público que, entre otros muchos aspectos, estrecha el cerco a las subastas a la baja en los contratos de ingeniería, al primar la parte técnica de las ofertas frente a la económica, la patronal del sector, Tecniberia, ha conseguido tumbar casi un centenar de proyectos que diferentes administraciones públicas han intentado adjudicar a la baja.

En concreto, según ha desvelado el nuevo presidente de Tecniberia, Pablo Bueno, desde que empezó a aplicarse la nueva normativa, la patronal ha pedido volver a hacer los pliegos de más de 90 concursos, requerimientos que en más del 90% de los casos se han resuelto ya a su favor, según indican desde la asociación.

Foto: Aena está sometida a las exigencias de contratación del sector público.

Organismos estatales, comunidades autónomas, direcciones generales de consejerías... Tecniberia ha detectado estos intentos de seguir aplicando las prácticas del pasado en toda España, según Bueno. No obstante, el presidente de Tecniberia es optimista respecto al futuro del sector, precisamente porque la nueva ley les confiere las armas que necesitaban para empezar a erradicar uno de los principales males del sector.

Para hacerse una idea del nivel al que llegó a devaluarse la labor de estas empresas, está el caso del proyecto de diseño interior de las nuevas zonas de embarque del aeropuerto de Girona-Costa Brava, que en el verano de 2016 se sacó a concurso con un plazo de ejecución máximo de tres meses (cualquier retraso se penalizaba), un presupuesto máximo de 1.000 euros (todos los gastos indirectos incluidos) y la exigencia de contar con un equipo de tres profesionales.

Foto: Planta de GNL. (EFE)

¿Resultado? Ingeniería 'low cost', por la que las administraciones, en este caso Aena, solo estaban dispuestas a pagar un máximo de 111 euros mensuales por cabeza. Eso sí, a cambio de contar con un delineante con dominio de programas de diseño 2D y 3D, Photoshop y Adobe, Sketchup, 3D Max-Autodesck o similares, un dibujante y una persona de administración, tres ordenadores, dos impresoras, un 'plotter' y experiencia mínima acreditable de cinco años en proyectos de decoración en edificaciones públicas.

"La nueva Ley de Contratos ha traído cambios, las cosas han mejorado mucho", reconoció Bueno en su puesta de largo al frente de Tecniberia. Un discurso posibilista que, sin embargo, también incluye un punto negro: Aena. El gestor de los aeropuertos españoles continúa adjudicando con subastas electrónicas y no electrónicas gracias a que se acoge a la normativa de Sectores Excluidos, la cual todavía no se ha adaptado a las directivas europeas que forzaron los cambios en la Ley de Contratos del Estados.

Foto: Aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid. (EFE)

En el pasado, Tecniberia y el resto de grandes asociaciones de ingeniería, como Fidex, unieron fuerzas para ir contra la empresa pública y exigir que se sometiera también a la nueva normativa, pero diferentes pronunciamientos han dado la razón a la compañía presidida por Maurici Lucena. Una distorsión de la realidad, a ojos de Tecniberia, que la patronal confía que se corrija en breve.

De hecho, según Bueno, el borrador que se hizo para adaptar la Ley de Sectores Excluidos a las directivas cierra esta puerta a Aena, documento que sigue paralizado en el Parlamento, a la espera de que haya Gobierno y se pueda terminar de tramitar. Eso, si no vuelve a haber otro intento como el vivido bajo el Gobierno del PP, cuyo grupo parlamentario presentó una propuesta normativa para dejar a Aena fuera de las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público.

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