LOS INCENDIOS DE LA BANCA SIGUEN ARDIENDO

La reválida de Guindos: ley de cajas, subastas, test de estrés, créditos fiscales...

Quedan muchos incendios ardiendo que el titular de Economía con la colaboración del Gobernador Luis Linde, debe apagar durante este nuevo curso

Foto: El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. (EFE)
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. (EFE)

Han pasado seis años desde el estallido de la crisis financiera mundial y cuatro desde que nos dimos cuenta de que "el sistema financiero más solvente del mundo" estaba seriamente tocado cuando hubo que intervenir CCM. Después de incontables leyes, reales decretos, circulares y otras normas, de ocho intervenciones o nacionalizaciones de entidades, de un proceso de concentración sin precedentes y de gastar 52.000 millones de dinero público en el sector -de los que 36.000 se dan por perdidos-, la crisis de la banca no está ni mucho menos solucionada. Al contrario, quedan un montón de incendios activos que el titular de Economía, Luis de Guindos, con la colaboración del gobernador Luis Linde, debe apagar en este nuevo curso. Para estudiarlos, el ministro se ha reunido este fin de semana con su equipo en La Granja de San Ildefonso. Estos son los principales:

  • La subasta de NCG Banco (NovaGalicia): es la cuestión más inmediata que tiene el FROB encima de la mesa, pues debe comenzar en septiembre y terminar como muy tarde en octubre. Aquí Guindos tiene que pelear con su 'enemigo' habitual en el Gobierno, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que quiere limitar las ayudas públicas adicionales y el crédito fiscal de 4.500 millones que reclaman los potenciales compradores (el más interesado es La Caixa). Pero además, tiene que vérselas con el barón del PP más próximo a RajoyAlberto Núñez Feijóo, que apoya la iniciativa de José María Castellano (presidente de NCG) de vender la entidad a un grupo de fondos capitaneados por Guggenheim para mantener su "independencia" y "galleguidad". De momento, el FROB ha obligado a que las pujas sean por el 100%, cuando los fondos pretendían limitarse al 51%, y éstos tampoco pueden beneficiarse totalmente del crédito fiscal. Pero el propio Guindos ha avisado también a los bancos españoles de que no piensa dar más ayudas que dicho crédito. Y por si esto fuera poco, previamente tiene que colocar EVO (la deficitaria red de la entidad fuera de Galicia, Asturias y León), en la que hay dos fondos interesados y que se tenía que haber adjudicado en agosto.
  • La venta de Catalunya Banc: por muy liada que esté la subasta de NCG, donde Guindos se la juega de verdad es en la de Catalunya Banc, puesto que no se puede permitir un tercer fracaso. El problema es que hay mucho menos interés en la entidad nacionalizada catalana que en la gallega y Economía teme una repetición del fiasco de marzo, por lo que está dispuesta a otras fórmulas como la adjudicación directa. "Mejor otro Banco de Valencia que otra subasta desierta", es la idea. En cualquier caso, las ayudas públicas tendrán que ser cuantiosas e ir más allá del crédito fiscal, en este caso de 5.500 millones. Este 'caramelo' ha atraído a candidatos que en principio se habían retirado, como Sabadell. Los otros potenciales compradores son Santander, BBVA y La Caixa. De momento, la entidad se está 'poniendo guapa' con un ERE de casi 2.500 empleados.
  • Los activos fiscales: este tema es crucial para las dos subastas, pero también para el conjunto del sector. Los activos fiscales son futuros créditos contra Hacienda -es decir, sirven para reducir los impuestos que deberían pagar los bancos por sus beneficios en el futuro- generados por pérdidas del pasado o, sobre todo, por los gastos anticipados (como  las provisiones dotadas en 2012 por los Reales Decretos 'de Guindos' y los saneamientos y gastos de reestructuración). La regulación internacional de solvencia conocida como Basilea III, que entra en vigor a partir de 2014, obliga a descontar los activos fiscales del cómputo del capital. Y eso es muy grave porque los bancos españoles tienen unos enormes créditos fiscales: en Bankia suponen el 70% de su capital y en Sabadell, casi el 60%. Por eso, Guindos está negociando con Bruselas una fórmula para que no tengan que descontárselos, algo que ya han conseguido los demás grandes países europeos. Si fracasa, no hay que descartar ampliaciones de capital de los bancos cotizados e incluso nuevas inyecciones de dinero público en los nacionalizados. De nuevo, Guindos se enfrenta a Montoro en esta cuestión, ya que la fórmula es reconocer a los bancos la capacidad de aplicarse esas rebajas fiscales sin plazo y sin que tengan que estar justificados por los beneficios futuros esperados, como ahora. Y eso supondría una gran merma de recaudación para el Fisco.
  • Las nuevas provisiones de los créditos refinanciados: otra espada de Damocles sobre el sector y, además, inminente. Todas las entidades tienen que remitir al Banco de España el 30 de septiembre la situación de sus créditos refinanciados, que deben considerarse 'subestándar' por definición (no son morosos pero corren el riesgo de serlo) pero que también pasarán en gran medida a mora. Aunque la norma final es mucho menos dura de lo que pretendía inicialmente el BdE, sus efectos van a ser demoledores para la tasa de morosidad; la anticipación de este reconocimiento ya ha llevado a esta tasa a máximos históricos en el 11,6% (y eso que los peores créditos de las entidades rescatadas han pasado a Sareb), y todavía falta por aflorar el grueso de la misma. Este aumento de la morosidad se traduce en la necesidad de dotar más provisiones, que, en un entorno de fuerte caída de los márgenes, puede acabar con la inicipiente recuperación de los resultados del sector en el primer semestre. Y además, pone en peligro las cédulas hipotecarias.
  • La Ley de Cajas: parecía un tema zanjado pero no lo está, por la insistencia de Isidre Fainé (presidente de La Caixa), apoyado con menos entusiasmo por Braulio Medel (Unicaja), Amado Franco (Ibercaja), Mario Fernández (KutxaBank) y Manuel Menéndez (Liberbank). La norma prohibe, por imposición de Bruselas, que los presidentes de las cajas presidan a la vez el banco a través del que ejercen su actividad financiera. Fainé trató primero de parar esta incompatibilidad, después intentó que se pudiera simultanear un cargo ejecutivo y otro dominical, más tarde buscó una moratoria de tres años... Hasta ahora no ha recibido más que negativas del Gobierno, pero no tira la toalla y pretende que CiU incluya una enmienda a la norma que defienda sus intereses.
  • La interminable fusión de Unicaja y Ceiss: esta operación lleva coleando más de dos años y Braulio Medel no está dispuesto a cerrarla hasta que no consiga todas las garantías que ha pedido. La exigencia en que están encalladas las negociaciones es que la entidad castellano-leonesa no sólo no necesite mayores inyecciones de capital, sino que además aporte 1.250 millones sumando el canje de híbridos y los 604 millones inyectados por el FROB. Y eso, sin que los preferentistas de Ceiss tengan más del 26% de la entidad fusionada. Antes de eso, Medel consiguió otras demandas como el ERE de 1.230 trabajadores o la asunción por el Estado del riesgo de que Sareb rebaje el valor de los activos traspasados por Ceiss. Medel juega con la ventaja de que la alternativa a la fusión es que el FROB se haga cargo de otra entidad nacionalizada. Mientras se resuelve la cuestión, los grandes perjudicados son los titulares de preferentes y subordinada de Caja España-Duero, que son los peor tratados de todo el sector porque no tienen liquidez ni arbitraje.
  • Los nuevos test de estrés: por si todo lo anterior fuera poco, este mes comienza la primera fase de los nuevos test de estrés europeos, que consiste en una revisión de la calidad de los activos (asset quality review) que en España llevará a cabo, cómo no, Oliver Wyman. Las reticencias de países como Francia e Italia hacen prever que estas pruebas serán menos exigentes que las realizadas en nuestro país el año pasado para determinar la cuantía del rescate europeo. Pero parece inevitable que se incluya algún recorte de valoración a las posiciones en deuda pública, lo que puede deparar alguna sorpresa en los resultados puesto que las posiciones en bonos del Estado de nuestras entidades están en máximos históricos. Los resultados de estas pruebas determinarán si hay que ampliar los 41.000 millones del rescate.
Empresas
Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
3 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios