Los trabajadores de Catalunya Banc pagan el 'pato' de los retrasos del FROB

El ERE de Catalunya Banc, presentado ayer a los trabajadores, tiene unas condiciones mucho peores que los acometidos en las otras entidades nacionalizadas. Algo que es culpa del retraso del FROB en acometer el ajuste de plantilla exigido por Bruselas, ya que pretendía que asumiera el coste social el comprador de la entidad en la subasta fallida de marzo. Como esta fracasó, lo tiene que ejecutar el fondo de rescate de todos modos. Pero por el camino la legislación se ha endurecido notablemente, y los que lo van a pagar son los empleados, a los que se les ha ofrecido las condiciones mínimas de la reforma laboral: 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.

El plan de reestructuración pactado con Bruselas a cambio de la inyección de dinero público en la entidad plantea 2.453 despidos, casi los 2.500 que adelantó El Confidencial en mayo. Según fuentes sindicales, el expediente de regulación de empleo no afectará a los trabajadores mayores de 55 años, ya que las prejubilaciones son la figura más castigada por la nueva normativa laboral. La dirección de la entidad nacionalizada también ha planteado ajustes para la plantilla que se mantenga tras el ERE, como una reducción del 15% del sueldo, movilidad geográfica y reducciones de jornada, lo que permitiría aumentar la indemnización para los despedidos de las 12 mensualidades previstas inicialmente hasta 18.

El FROB, que preside el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, se ha hecho cargo de los recortes de plantilla de las otras entidades nacionalizadas, a pesar de que NovaGalicia va a ser subastada igual que la entidad catalana o de que Banco de Valencia ya estaba vendido a La Caixa (una de las condiciones impuestas por Isidre Fainé fue que la compra se ejecutara después del ajuste laboral). Y el fondo público ha sido bastante generoso, en especial en el caso de Bankia, donde ha pagado un 50% por encima de lo exigido por la ley. Esta actitud contrasta con la de la época del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez: los ERE de CCM, CajaSur, CAM y Unnim fueron asumidos por los compradores.

Sin embargo, el FROB actual hizo una excepción con Catalunya Banc, a la que decidió aplicar la doctrina anterior en solitario. Algo que en principio habría dado lo mismo si por el camino no se hubiera cruzado el Real Decreto-Ley de 15 de marzo de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, diseñado para poner fin a las prejubilaciones masivas en el sector financiero. Esta norma, como informó El Confidencial, abría la puerta a ERE draconianos en las entidades rescatadas al penalizar las prejubilaciones, en las que se habían basado buena parte de los procesos de ajuste en las otras nacionalizadas.

Los empleados pagan platos rotos

La consecuencia es que los platos rotos van a pagarlos los empleados de las entidades que no habían acometido sus reestructuraciones antes del 15 de abril (el real decreto daba un período de gracia de un mes). No se trata sólo de la catalana, pero es en la que se da un mayor agravio comparativo con las otras nacionalizadas. También está afectada Liberbank, que ha optado por una fórmula sin despidos, sino basada en las reducciones de jornada y de salario que le va a salir 'gratis total' a la entidad que preside Manuel Menéndez. Y BMN, que ha ofrecido 30 días por año a las bajas incentivadas y está negociando la indemnización para los mayores de 50 años. Sin embargo, Catalunya Banc, donde el ERE es mucho más grande y cuya situación económica es bastante peor que la de estas otras dos entidades, ha ofrecido el mínimo posible.

La entidad prevé el cierre de unas 450 oficinas, entre las que predominan las 300 que tiene fuera de Cataluña y que la entidad estima haberlas cerrado o vendido al término de 2014, mientras que las cerca de 150 restantes se ubican en Cataluña y prevé cerrarlas en un periodo de tiempo más escalonado. Fuentes sindicales han considerado que esta propuesta supone una "ofensa" para la plantilla, ya que ofrece el mínimo legal, mientras que fuentes de la dirección de la entidad han señalado que la de este martes ha sido una primera reunión para acercar posturas y han declinado hacer valoraciones.

Los trabajadores han explicado que el acuerdo con Bruselas prevé que la reestructuración se lleve a cabo hasta 2017, por lo que han criticado que se pretenda hacer cuando hay un proceso de venta de la entidad en marcha. Como siempre ocurre en estas negociaciones, lo previsible es que la entidad flexibilice un tanto su propuesta inicial. Pero el hecho de partir de un nivel tan bajo no ofrece grandes esperanzas a los empleados afectados.