La gestión de la 'sequía perpetua': un elefante en la habitación llamado agricultura

La sequía ya no constituye un problema coyuntural en España. Los expertos advierten que el cambio climático está convirtiendo lo que hasta hace un poco era un hecho aislado, que se daba cada cierto tiempo debido a la falta de lluvias, en un desafío estructural para nuestro país. Pero nadie quiere afrontar los costes políticos, sociales y económicos que supone entrar en el fondo de la cuestión. Las restricciones de los últimos meses en Cataluña o Andalucía son medidas paliativas, a falta de una estrategia nacional para hacer frente a la nueva situación. La agricultura es el elefante en la habitación que muy pocos quieren ver.

El año finalizó con un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central sobre el uso del agua en Doñana, pero sin grandes novedades en los demás frentes. La restricción en los regadíos en el parque nacional tiene como intención salvar la biodiversidad de la zona, pero es un grano de arena en el desierto. La realidad de la gestión hídrica en nuestro país permanece inmutable: España sigue consumiendo el 80% de este recurso escaso en las actividades del sector primario, que aportan en torno a un 3% del PIB. Esta desproporción, muy superior a la de otros países europeos debido a la preeminencia de los cultivos de regadío, convierte en una anécdota el impacto de los consumos en el hogar, que hasta ahora han centrado la sensibilidad social sobre el problema. No dejar el grifo abierto está bien, pero no es la solución.

Amelia Pérez Zabaleta, presidenta del Colegio de Economistas de Madrid y directora de la cátedra Aquae de Economía del Agua en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), considera que la cuestión se está abordando de una forma cortoplacista, centrada en paliar circunstancias coyunturales: "Los planes de sequía tratan de resolver situaciones de emergencia en momentos puntuales, no de ver cómo podemos estar preparados para resolverlos". Lo segundo es más impopular que lo primero: en un momento crítico, muchos están dispuestos a hacer sacrificios, pero plantear cambios de fondo, que requieren profundas transformaciones en los usos del agua, no resulta tan sencillo.

Esta vez, ya no se trata de construir nuevas infraestructuras, como ocurrió tras el plan de estabilización de 1959, cuando la dictadura franquista empezó a poblar el interior del país de grandes embalses para abastecer a la población, pero, sobre todo, para desarrollar la agricultura de regadío. Durante la dictadura, la superficie ocupada por estos cultivos se duplicó, hasta alcanzar los tres millones de hectáreas, una cifra muy similar a la actual (unos 3,7 millones), que representa la quinta parte de la superficie agraria útil y aporta dos tercios de la producción final vegetal, según el Ministerio de Agricultura.

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La solución para los problemas del agua es muy distinta, apunta Zabaleta: si no llueve, de poco sirve erigir nuevas presas, porque nunca se van a llenar. Los grandes trasvases, que estuvieron muy en boga a principios de siglo, también empiezan a tener mala prensa entre los expertos, por considerarla una política ineficiente que, además, tiene consecuencias perniciosas en forma de enfrentamiento territorial, como se ha visto con el polémico Tajo-Segura. Toca cambiar el enfoque: esta vez, las políticas no pasan por ampliar la oferta, sino por reducir la demanda. Y lo cierto es que no se está haciendo.

Más allá de las medidas de concienciación sobre el consumo privado, que es el chocolate del loro en esta ecuación, y las restricciones puntuales en los lugares más afectados, las grandes coordenadas de la gestión del agua no han cambiado durante los últimos años. Se sigue considerando como un bien abundante, cuando en realidad es cada vez más escaso. Pero la señal de precios, que constituye el indicador económico de la escasez, no lo refleja.

España, una de las naciones con mayores problemas de abastecimiento de la UE, está entre las que tiene un precio del agua más barato

Según los datos más recientes de la Estadística sobre el suministro y tratamiento del agua, que elabora cada dos años el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste unitario medio en nuestro país se situaba en 2020 en 1,9 euros el metro cúbico: 1,14 de suministro y 0,8 de saneamiento. Es un dato muy similar a la media de la última década e inferior, por ejemplo, al de 2016, en plena sequía. Aunque oculta enormes disparidades entre los diferentes municipios, arroja una conclusión inapelable: el precio del agua no muestra una clara tendencia ascendente, pese a la creciente evidencia de su carencia en nuestro país.

Además, se produce una situación paradójica: España, una de las naciones con mayores problemas de abastecimiento de la Unión Europea, sigue estando entre las más baratas. Según EurEau, que reúne a los diferentes proveedores del continente, el precio doméstico de Dinamarca, por ejemplo, quintuplica al de nuestro país: el agua solo es más barata que en España en Portugal, Chipre y algunos Estados del Este.

Ante esta situación, los incentivos para reducir el consumo resultan limitados. El recurso está tan barato que su elasticidad precio, apunta Zabaleta, es muy reducida: excepto que se duplicara o triplicara lo que vale, el consumo de los hogares seguiría siendo muy similar. Por eso, la directora de la cátedra Aquae defiende un incremento sensible de los precios, que compense de alguna manera a los más vulnerables, los únicos que realmente lo notarían. Un esquema, en definitiva, similar al que se está usando con la energía para proteger a los perdedores de la transición. "Deberíamos acostumbrarnos a que los consumidores pagasen más, pero es políticamente incorrecto", asegura la economista.

Lo que en los hogares puede parecer anecdótico, no lo sería para los sectores productivos, especialmente la agricultura. Para empezar, por su incidencia en el consumo total: según la memoria del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) dedicado al ciclo del agua, el regadío representa el 80,5% del consumo nacional, frente al 15,5% del consumo urbano y el uso casi testimonial en la industria. Y, para seguir, por su mayor elasticidad: en este caso, la demanda sí va aparejada al precio, ya que el recurso supone un coste muy sensible para la producción, en un sector donde los márgenes suelen estar muy ajustados.

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Zabaleta recuerda que la incidencia de las políticas de precios sería muy diferente en función de las diferentes zonas del país, caracterizado por una gran diversidad climática, y que pide a gritos un pacto nacional por el agua. Actualmente, el nivel de los pantanos varía enormemente, desde el 83% de Galicia hasta el 20% de Andalucía, según el portal especializado embalses.net. Las zonas con una mayor presencia del regadío, concentradas en la vertiente mediterránea y el extremo sur, son, precisamente, las que presentan unas reservas más bajas. Los acuíferos, cada vez más explotados, y las aguas de trasvase conviven con alternativas más sostenibles, como la reutilización de aguas residuales, y otras más discutidas, como las desalinizadoras, cuyos costes se han abaratado enormemente durante los últimos años.

Al final, apunta la experta, se trata de cumplir la directiva marco del agua, que, pese a llevar más de dos décadas en vigor en el ámbito comunitario, la gestión hídrica desarrollada en nuestro país no sigue. La norma dice que se deben recuperar tres tipos de costes: los financieros, los medioambientales y los del recurso. Con el funcionamiento actual del mercado del agua —si es que se puede hablar del mismo, ya que se halla fortísimamente regulado—, solo se recuperan los primeros. De lo contrario, el sistema sería deficitario. Sin embargo, episodios como los de Doñana o las Tablas de Daimiel demuestran que la sobreexplotación está dañando el ecosistema, mientras que el recurso no se repone a través un ciclo sostenible que garantice el suministro durante las próximas décadas.

Recuperar el ciclo del agua

Para atajar la situación, el Gobierno ha desarrollado algunas medidas voluntariosas, como el Perte del ciclo del agua, que pretende mejorar la gobernanza, digitalizar los procesos y fomentar la innovación en el ámbito de la gestión hídrica. En definitiva: conseguir una mayor eficiencia, gracias a una inversión pública directa de 1.940 millones de euros en fondos de recuperación europeos, a los que hay que añadir otros 1.120 millones de colaboración público-privada. Sin embargo, la mayor parte está contemplada para el ciclo urbano del agua, y solo 200 millones se destinarán a la digitalización del regadío, que, como se ha explicado, es la parte mollar del asunto.

A la espera de conocer los avances de esta iniciativa, que como los demás Pertes avanza con parsimonia, la realidad es que los cambios de los últimos años se antojan insuficientes. El uso de aguas regeneradas, notable en ciudades como Barcelona, ha ido en aumento, y constituye una de las claves para el futuro, también en el campo. Otro ámbito importante es la mejora de las infraestructuras, para evitar fugas y optimizar los procesos. En el caso del regadío, cada vez se usa menos agua: según la Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos, que elabora anualmente el Ministerio de Agricultura, el 55% de la superficie irrigada lo hace por goteo, a través de sistemas localizados, más eficientes que los aspersores o los sistemas automotrices, que han ido perdiendo peso durante los últimos años. Sin embargo, el ritmo de la trasformación es muy lento: en una década, el goteo solo ha crecido nueve puntos, mientras que la reducción de riego por gravedad, el más derrochador de todos, no ha impedido que todavía suponga la quinta parte del total.

Más allá de la velocidad de implantación de las innovaciones tecnológicas, la propia evolución del regadío indica la escasa importancia que hasta ahora se le ha dado al uso del agua en la agricultura, relegado a un segundo plano frente a los intereses económicos de un sector altamente exportador, que constituye una ventaja competitiva indiscutible para nuestro país y del que viven decenas de miles de familias en zonas rurales. Esto dificulta un debate cada vez más inaplazable. Es cierto que la superficie irrigada se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos años, tanto en términos absolutos como relativos, con pequeñas oscilaciones. Pero también es cierto que el regadío se ha extendido a algunos cultivos de secano para aumentar la producción o mantenerla en momentos de fuerte sequía.

El uso de aguas regeneradas, notable en ciudades como Barcelona, ha ido en aumento y es una de las claves del futuro, también para el regadío

El mejor ejemplo es el olivar, que se ha visto muy afectado por la falta de lluvias. En la última década, su superficie se ha disparado en 183.000 hectáreas: 135.000 de regadío y solo 48.000 de secano, pese a que este último sigue representando las dos terceras partes de este cultivo. El gran reto de la agricultura española y, por extensión, de la gestión del agua en nuestro país está ahí: en asumir que las condiciones climatológicas están cambiando de forma irreversible, que nos enfrentamos a una sequía perpetua y que la respuesta no puede ser una huida hacia adelante sin más salida que la creciente esquilmación de un recurso cada vez más escaso. "Si no hay agua, no puedes tener regadío. Planificar no solo significa ver dónde hacemos la inversión, sino también decidir qué cultivos se pueden realizar y cómo, y cuáles no", concluye Zabaleta.

El elefante que nadie quiere ver se encuentra en la habitación, y se está bebiendo 8 de los 10 litros que nos quedan. La solución no es deshacernos de él, pero tampoco dejar que se acabe toda el agua.