Barcos con agua, un parche carísimo: la medida distópica que ya utilizó Barcelona contra la sequía

El Sichem Defender, cargado con 19.000 metros cúbicos de agua potable, atracó en el Puerto de Barcelona el 12 de mayo de 2008. Fue el primero de los dos barcos que finalmente arribaron para paliar la grave sequía que entonces azotaba la comunidad. Para cuando llegó el buque, las lluvias ya habían vuelto y no fue necesaria la flota contratada por la Generalitat para garantizar el suministro a la capital y su área metropolitana. Ahora, 15 años después, la imagen, de aire distópico, está "cerca" de repetirse. Cataluña lleva casi cuatro años registrando lluvias por debajo de la media y el Govern empieza a quedarse sin ideas o medidas que aplicar. Es una solución parcial, extrema y carísima, que vuelve a tomar forma y que Andalucía también ha puesto encima de la mesa.

En 2008 incluso se planteó el envío de agua a Barcelona vía tren ―Renfe aseguró que era viable operar un convoy al día cargado con un millón de litros de agua entre Tarragona y la ciudad condal― y el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, se llegó a encomendar, según reconoció, a la Moreneta. Hoy, el escenario es peor y si Cataluña ha podido aguantar más tiempo ha sido gracias a las medidas adoptadas tras aquel episodio.

Las previsiones no son halagüeñas. El invierno se prevé seco y las lluvias que puedan registrarse no serán suficientes, avanza Javier Martín Vide, experto en climatología y catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona. El Govern no da fechas, pero el presidente, Pere Aragonès, apuntaba la semana pasada a que si en mes o mes y medio sigue sin llover, se declarará la fase de emergencia, la más crítica, y se aprobarán nuevas acciones.

"Optar por traer barcos es una medida extrema, una situación desesperada, adoptada cuando no hay otras posibilidades y hay que procurar que la población y las actividades económicas sigan su desarrollo sin grandes alteraciones", ilustra Joaquim Farguell, experto en hidrología y recursos hídricos y profesor en la Facultad de Geografía de la Universidad de Barcelona. La imagen del Sichem Defender enfilando el Puerto de Barcelona en 2008 ha vuelto a reproducirse estos días al calor de un escenario que muchos en Cataluña dan por inevitable.

Si en 2008 finalmente solo descargaron dos barcos, fue porque la acción de la Generalitat se sustentaba en decretos y entre su debate, aprobación y ejecución, recuerda Farguell, medió el tiempo suficiente para que volviera a llover y los embalses se recuperasen para no tener que recurrir a la medida. El plan del Govern, entonces presidido por José Montilla (PSOE), pasaba por la contratación de 10 barcos. El objetivo era evitar restricciones en Barcelona durante el verano. Con un coste de 22 millones al mes, la previsión era que descargaran 2,6 hectómetros cúbicos de agua ―el consumo de la capital y su área metropolitana en cinco días― procedentes de Almería, Tarragona y Marsella.

El proceso distinguía entre los barcos cargados con agua potable, que a través de la adecuación de la infraestructura del Puerto de Barcelona podían verter directamente a la red y los que transportaban agua que debía tratarse en la planta potabilizadora de Sant Joan Despí. En función de la capacidad de las embarcaciones, el proceso de descarga se podía prolongar hasta 24 horas, según la información publicada en 2008 por El Periódico de Cataluña.

Cómo se ejecutaría hoy

A día de hoy, la alerta activa es la de preemergencia para el sistema Ter Llobregat, que abastece a seis millones de habitantes ―el 77% de la población de Cataluña― repartidos en 202 municipios, entre ellos Barcelona, su área metropolitana y parte de Girona. El objetivo de la Agencia Catalana del Agua (ACA) es retrasar lo máximo posible (lo ideal sería que nunca se tuviera que aplicar) la llegada de barcos. La medida tendrá un coste muy alto y podría multiplicar por 2,5 el precio del metro cúbico de agua potable, al pasar de 1,6 a 4 euros, según las cifras que maneja la entidad.

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El precio final, no obstante, dependerá de lo que establezca el Ministerio de Transición Ecológica. Entre los planes que ha ido esbozando el Govern en diversas declaraciones públicas figura el envío de agua procedente de las desaladoras de Murcia o Baleares, la mayoría propiedad del Gobierno central. No obstante, fuentes del Departamento que dirige Teresa Ribera puntualizan que la ayuda que presta el Ejecutivo de Sánchez se limita a la adecuación de las desaladoras de Tordera II y Foix, con una inversión prevista de 435 millones de euros. Y aunque Ribera ha tendido la mano a la Generalitat y le ha mostrado su "plena disponibilidad", las voces consultadas no especifican si el envío de barcos, medida fuertemente contestada por los colectivos ecologistas, entraría en el abanico de ayudas.

El Ejecutivo, de momento, trabaja con el Puerto de Barcelona y con el de Tarragona para el acondicionamiento de la infraestructura que se levantó en 2008 para el atraque de barcos cargados de agua. Las obras para garantizar que la red esté operativa, si finalmente se aplica la medida, estarán listas en un par de meses y su coste asciende a cinco millones de euros. Los trabajos permitirán la recepción de dos buques al día con una capacidad total de 60.000 metros cúbicos, un tercio de lo que consume en una jornada Barcelona.

"No vemos el final"

El momento que vive Cataluña es inédito. Y la llegada de barcos dependerá de si los embalses de las cuencas internas bajan del 16% de su capacidad, el umbral crítico. Ahora, están en un 17,6% de media. Las previsiones apuntan a que los temporales atlánticos que están afectando a la península podrían dejar lluvias en las cabeceras de los ríos, "pero resultarán insuficientes", alerta Martín Vide. Además, "a tres meses vista, hasta febrero, las llamadas previsiones estacionales no anuncian precipitaciones destacables en el este de Cataluña, aunque son predicciones con un grado de incertidumbre notable. En definitiva, como venimos diciendo desde 2022, no vemos el final de la sequía".

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La actuación de la Generalitat ha venido marcada, a diferencia de lo que sucedió en 2008, por un plan específico de gestión, con escenarios pautados y medidas para cada uno de ellos. Es una de las lecciones que aprendió Cataluña entonces. El problema, señala Farguell, es que la sequía está siendo "tan persistente y tan intensa" que a la administración apenas le quedan medidas por aplicar. "El plan de gestión ha ido muy bien, pero se ha quedado corto. Ya lo hemos desplegado entero. Quizás ha fallado en no prever situaciones peores y por eso necesita una revisión. Hay que renovar los umbrales y que hay utilizar otros indicadores", apunta el experto.

2021, 2022 y previsiblemente 2023 serán los años más secos en Cataluña de los últimos 110, según los registros del Observatorio Fabra de Barcelona. Y aunque Martín Vide apunta a que habría que estudiar con mayor profundidad si el fenómeno se puede achacar al cambio climático, "ya podemos afirmar que en las próximas décadas las sequías en la cuenca del Mediterráneo serán más graves, extensas y duraderas que las de décadas pasadas". Tal vez las imágenes de barcos cargados de agua dejen de ser una excepción para convertirse en la regla.