Los más golpeados por la sequía en Cataluña: "Si no nos ayudan, no podremos seguir viviendo aquí"

La Generalitat, si nada cambia drásticamente, declarará el estado de pre emergencia en los municipios cercanos a los embalses de las cuencas internas de Cataluña, es decir, las provincias de Barcelona y Girona. Este es un paso previo que, según el Ejecutivo catalán, prepara a los catalanes para lo peor. El director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Samuel Reyes, lo ha definido como "un estado preparatorio para el estado de emergencia que puede entrar muy pronto" y que, en este caso, sí que supondría restricciones de agua. Hasta ahora, 37 municipios están en alerta máxima por la falta de agua.

En este último mes, Aguas de Barcelona (Agbar) ya ha puesto en marcha pruebas para bajar la presión del agua en casas e industrias y ha anunciado que el precio del agua se encarece en la mayor parte de Cataluña. El aumento será nada más y nada menos que del 33% y se hará efectivo en 2024. Serán los ayuntamientos los que decidan en qué medida repercute esa subida sobre los hogares o que parte la asume el presupuesto municipal.

El aumento de precios afectará a todos los hogares, pero especialmente a las familias que viven en habitaciones realquiladas. Según datos de Cáritas Cataluña, existen 3.700 hogares de este tipo solo en el área metropolitana de Barcelona.

Fermina llegó de Perú a finales del año pasado y desde entonces se ha visto obligada a realquilar habitaciones. Ella, su marido y su bebé de seis meses viven en una habitación en un piso en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). La habitación tiene "una cama de plaza y media, pero no entra ni una cuna para el bebé, solo un corralito", explica Fermina. Antes de este piso, ya compartieron uno de manera similar en Barcelona, solo que en ese únicamente cabía una cama pequeña.

TE PUEDE INTERESAR

Cataluña se queda sin agua: la lluvia no llega y los embalses caen a mínimos históricos

Jose Luis Gallego

Según Aigües Ter-Llobregat (ATL), la empresa que transporta el agua de los ríos a los municipios, el aumento en el recibo de los hogares podría ser de un euro por persona al mes. Según las cifras de la empresa, el aumento afectará al agua que se suministra al 90% de la población de Cataluña, entre ellas grandes ciudades como Barcelona, Mataró y Terrassa.

ATL sostiene que mantenía las tarifas congeladas desde 2017 y que este aumento se deba al coste de la energía y al mayor uso de las dos grandes desalinizadoras catalanas, ubicadas en El Prat de Llobregat y Blanes, para conseguir agua potable y suplir la falta de agua en los pantanos, que se encuentran en mínimos históricos (por debajo del 19%).

El conseller de Acción Climática, David Mascort, ya advertía el julio pasado en una entrevista concedida a El Periódico que "el precio del agua subirá: si no se paga con recibos, se hará con impuestos". Cuatro meses más tardes esta subida se ha materializado y ahora es responsabilidad de los ayuntamientos decidir cómo se refleja en las facturas de los hogares.

La hora límite

En los pisos de "realquiler" existen unas normas, no solo entre los que conviven, sino con el propietario del piso. Por un lado, los horarios y el reparto de tareas y espacio, por otro la limitación de recursos. "Tenemos un horario: a partir de las 6 de la tarde no se puede hacer ruido, ni poner lavadoras", expone Fermina. "Ahora viene el invierno, necesitamos que la ropa esté limpia y seca, en verano se secaba rápido, ahora hay que esperar y no hay espacio suficiente para todos, también hay turnos".

Desde Cáritas, Sonia Lacalle comenta que es habitual que las personas que alquilan "les limiten la posibilidad de ducharse cuando quieran, a veces pueden llegar a dejar que se duchen solo una vez a la semana, hay muchas vulneraciones de derechos".

TE PUEDE INTERESAR

Cataluña llama a "dar un paso más" en el ahorro de agua y defiende las reducciones de presión

Europa Press

Las personas que viven en esta situación se están viendo afectadas además por la subida de los precios y el abuso de los arrendadores. "No tienen ninguna justificación, les dicen que el agua sube 70 euros y que tienen que subir el alquiler. No hay seguridad para las personas que viven así", expone Lacalle.

Fermina lo confirma: "Nos han dicho que van a subirnos el alquiler porque está subiendo la luz, el agua, y porque somos tres, estoy muy preocupada", y añade que ellos no ven las facturas, así que nada pueden reclamar: "Si no nos ayudan, no podremos seguir viviendo aquí".

Vuelven los "lavaderos" públicos

Ante una situación que no deja de empeorar, diversas entidades sociales reclaman la aprobación inmediata de la proposición de ley para erradicar el sinhogarismo, que actualmente está tramitándose en el Parlament de Cataluña. Según Cáritas, la proposición de ley es clave para hacer frente a esta situación y asegurarse de que se crearan nuevos derechos imprescindibles para aquellos que viven en la calle o en condiciones precarias como el acceso a una ducha, a una lavadora o al transporte.

Cáritas calcula que hay unas 18.000 personas sin hogar en Cataluña, un 80% más que en el 2016. Para hacer frente a esta problemática, Cáritas ha arrancado una nueva iniciativa que pasa por ofrecer la posibilidad de lavar la ropa a todo el mundo.

De momento, esta iniciativa se ha puesto en marcha en la zona de San Ildefonso, un barrio de Cornellá de Llobregat (Barcelona), dónde Cáritas ha abierto un lavadero público al acceso de todos aquellos que lo necesiten. Fermina, que comenta que no puede lavar la ropa y no dispone de secadora en su casa con habitaciones realquiladas, ve con buenos ojos este proyecto: “es una ayuda, no tenemos alternativa”.

Un problema de vivienda

"Cuando buscábamos habitación, no había nada por menos de 450 euros, tuvimos que suplicar a la persona que nos alquila ahora para que nos dejase venir con la bebé por 380 euros al mes", explica Fermina. Según Cáritas, la mayoría de las personas en esta situación son inmigrantes en situación irregulares que no pueden acceder a contratos de trabajo. A estos problemas se les suma ahora la subida de precio del agua que ha anunciado por ATL.

Cáritas no ofrece ayudas para el pago de los suministros porque consideran que no es necesario. La ley de pobreza energética ya apara a las personas que no pueden hacer frente al coste de las facturas y prohíbe el corte de los suministros, a las familias vulnerables. El problema es que los realquilados no son titulares de los contadores y están al libre albedrío de la voluntad de sus caseros, que son los que pagan la factura.

Lo que sí que hacen desde la organización es asesorar a las familias para que puedan acceder a las ayudas públicas e intentan pagar "para que tengan un techo", dice Lacalle. Además, la responsable del área jurídica de Caritas advierte que se trata de una tendencia en aumento y que les preocupa especialmente el elevado número de menores en estas condiciones.