Moncloa encara el año electoral con reformas pendientes que le castigarían en las urnas

Moncloa encara el último cuarto del partido con algunos deberes por hacer. Ya solo queda un año para el fin de la legislatura, pero todavía resta una larga lista de pendientes en las mesas de los ministerios. Desde que tomó posesión en enero de 2020, el Ejecutivo se ha ido comprometiendo con Bruselas a una serie de reformas, la mayoría como contrapartida para recibir los fondos de recuperación aprobados a raíz de la pandemia. Sin embargo, muchas de ellas aún no se han cerrado, y algunas es difícil que lo hagan ya ante las urgencias electorales, que comienzan con las municipales del 28 de mayo. El interés general del país y los intereses partidistas de la coalición formada por el PSOE y Unidas Podemos no siempre coinciden. Estas son los principales puntos que aún están en el debe del Gobierno y que le podrían perjudicar en las urnas.

Las reformas en curso

El Ejecutivo tiene en marcha varios asuntos que, en teoría, deberían rematarse antes del final de la legislatura. La gran patata caliente son las pensiones. Mientras Francia se prepara para una huelga nacional lanzada por ocho sindicatos contra la subida de la edad de jubilación desde los 62 hasta los 64 años, en España el Gobierno ha incumplido sus propios plazos para la segunda parte de la reforma.

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La primera era la fácil: consistía en garantizar el poder adquisitivo de los jubilados, a través de una indexación de la cuantía de los retiros contributivos al índice de precios de consumo (IPC). Una perita en dulce para 10 millones de pensionistas, que son el colectivo que más participa en las elecciones. Pese a la polémica abierta por diferentes profesores universitarios, y apoyada por antiguos dirigentes del Partido Socialista, el Ejecutivo se ha negado a hacer una excepción este año: mientras los trabajadores españoles son cada día más pobres —los salarios de convenio han subido una media del 2,78% en 2022, frente a una inflación del 8,4%—, los jubilados quedan fuera del pacto de rentas auspiciado por el Ejecutivo para repartir los costes de la crisis.

Para cuadrar las cuentas, el Gobierno se comprometió con Bruselas a impulsar el destope de las bases máximas de cotización, que según la propuesta presentada al diálogo social subirían más que la pensión máxima, rompiendo el principio contributivo del sistema. También la sustitución del factor de sostenibilidad impulsado por el Partido Popular —y ya derogado— por un mecanismo de solidaridad intergeneracional que supondría un coste añadido para los empresarios. Y, por último, la ampliación del período de cómputo para establecer el cálculo de la pensión, que en el borrador más reciente del Ministerio de Seguridad Social subiría de los 25 años actuales a 30, aunque se podrían descartar los dos peores. En otras palabras: una bajada de las pensiones.

La urgencia para solicitar los fondos europeos suscita el temor de que el Gobierno emprenda una reforma cosmética de las pensiones

Todas estas propuestas están recogidas en el componente 30 del plan de recuperación, que el Ejecutivo tendría que haber cumplido antes de que acabase 2022 para solicitar la cuarta entrega de los fondos. No lo ha hecho. La oposición de los empresarios a los mayores costes laborales y de los sindicatos al recorte de las pagas para las carreras más irregulares dificulta el acuerdo. Hoy, todos admiten que fue un error separar en dos la reforma, y dejar la parte más impopular para el año electoral. El Ejecutivo pasa ahora la pelota al Congreso, y asegura que aprobará el acuerdo por real decreto, que tiene que ser convalidado en las Cortes. Pero las centrales se niegan a pactar nada si antes no tienen la seguridad de que hay un consenso político al respecto.

Nadie contempla que la legislatura acabe sin la reforma, pero los días pasan y los interlocutores del diálogo social ya no hablan de semanas, sino de meses. La urgencia para solicitar los fondos europeos hace albergar el temor de que el Gobierno finalmente emprenda una reforma cosmética en aras del consenso y ocurra algo similar a lo que pasó con la de las cotizaciones de los autónomos, también prometida en su día a Bruselas, pero que se quedó muy lejos de los objetivos iniciales de ahorro y sostenibilidad.

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Mucho más sencilla se antoja la reforma de la tarifa regulada de la luz, a la que la Moncloa se comprometió con la Comisión Europea a cambio de la excepción ibérica. El Ejecutivo tendría que haberla aprobado antes de fin de año, pero la consulta pública del anteproyecto de ley finalizó en noviembre y no se ha vuelto a saber nada. Es un asunto que no suscita una gran oposición popular, sino más bien técnica: la idea de reducir la exposición del recibo al mercado diario para limitar la volatilidad ha sido criticada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya que considera que encarecerá los precios. Desde el punto de vista político, en cambio, se podría vender como un movimiento más para proteger al consumidor, tras dos años muy difíciles. Se espera que el Consejo de Ministros dé luz verde al nuevo diseño en las próximas semanas.

Las reformas aplazadas

La crisis energética no solo ha obligado al Gobierno a improvisar nuevas medidas, sino que también ha dejado en el tintero algunas apuestas de la legislatura. Es el caso del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que duerme el sueño de los justos desde hace dos años en un interminable trámite parlamentario. El objetivo era sacar del recibo de la luz los costes de las renovables e imputárselos a las energías sucias, como el gas o los combustibles. Pero, si ya desde un inicio su aprobación resultaba muy complicada, el estallido de la guerra de Ucrania y la nueva taxonomía europea han acabado por darle la estocada final.

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El gas ha sido incluido como una energía de transición, y la propia ministra del ramo, Teresa Ribera, ha ido suavizando su discurso contra él a lo largo de los últimos meses. El Gobierno ha buscado otras medidas más populares para abaratar el recibo de la luz, como limitar los beneficios de las eléctricas, y centrará su estrategia energética para el año electoral en dar la batalla en Bruselas para la reforma del sistema eléctrico (esta misma semana presentó su propuesta). En cambio, no abrirá el melón de los combustibles, que incluso ha subsidiado con 6.000 millones de euros durante el año pasado —y seguirá haciéndolo durante el primer trimestre para los transportistas—, en contra de las recomendaciones de todos los organismos internacionales. Esto contrasta con uno de los compromisos del componente 28 del plan de recuperación, en que el Ejecutivo se comprometía a revisar las bonificaciones de los hidrocarburos antes de que acabase 2022.

El pragmatismo ante la crisis energética se ha impuesto, aun a costa de renunciar a la señal de precios —es decir, el fomento de la transición a través de un encarecimiento de las energías sucias para desincentivar su uso—, que era la política que había defendido el Ejecutivo y que impulsa la Comisión Europea para luchar contra el cambio climático. La oposición de la España Vaciada y de las clases bajas, que serían las más perjudicadas por este tipo de políticas, dificulta que estos proyectos se retomen en pleno año electoral. Un dato: el 64% de los españoles se opone a la subida de impuestos a la gasolina, según un estudio del laboratorio de ideas EsadeEcPol.

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El Ejecutivo se ha atrevido con el impuesto al plástico, pero ha dejado en un cajón la nueva tributación medioambiental que presentó a Bruselas. Es más: la reforma fiscal, uno de los proyectos estrella de la legislatura, está aplazada sine die con el pretexto de la guerra. Moncloa ha preferido señalar a algunos colectivos que se estarían lucrando con la crisis, como las energéticas, la banca o las grandes fortunas, antes que emprender un cambio profundo del sistema impositivo español para equipararlo a los estándares europeos.

El informe de los expertos para la reforma fiscal, presentado solo unos días después del comienzo de la guerra en Ucrania, incluía medidas especialmente impopulares, como la creación de una tasa sobre los billetes de avión o la reducción de algunos de los beneficios fiscales del IVA. En un contexto de crisis inflacionista, el Ejecutivo ha hecho lo contrario para paliar los efectos de la subida de precios sobre las familias: el impuesto sobre el valor añadido de la electricidad, del gas o de algunos alimentos está rebajado, y las brechas del sistema impositivo, lejos de taparse, se han ampliado, hasta convertirlo en un queso gruyer.

El componente 28, sobre la modernización del sistema fiscal, contiene promesas incumplidas

La política gubernamental no es muy diferente a la que han seguido otros Estados, pero va en contra de las recomendaciones de la Comisión, que siempre ha criticado los tipos superreducidos en los impuestos indirectos. Pero, además, supone otra falta en los compromisos del plan de recuperación. El componente 28, sobre la modernización del sistema fiscal, contiene varias promesas incumplidas, y que es muy difícil emprender en pleno año electoral debido a su impopularidad. La instauración de los peajes en las carreteras de uso estatal, que serviría para financiar el mantenimiento de las infraestructuras, constituye el mejor ejemplo: el Ejecutivo ha lanzado varias veces la idea, cuya implantación el documento enviado a Bruselas fija para el cuarto trimestre de 2023, es decir, antes de que acabe la legislatura. Sin embargo, el Ministerio de Transportes ya la descarta.

Como ocurre con las pensiones, la oposición de Unidas Podemos y de los socios parlamentarios del presidente Pedro Sánchez es otra de las explicaciones al bloqueo de estas reformas. El Gobierno ha renunciado a dar la batalla en algunos asuntos, consciente de que el contexto no es el más favorable, pero las desavenencias en el Ejecutivo dejan otros en compás de espera. La ley de vivienda, que se recoge en el componente 2, encara su recta final con una tensa negociación en la coalición, mientras que la ley de industria, que se recoge en el componente 12, se tendrá que negociar con el PNV y ERC —el sector manufacturero tiene un peso muy destacado en el País Vasco y Cataluña— en vísperas de las elecciones municipales.

No solo la Moncloa teme ser castigada en las urnas por las reformas: también otros actores políticos que se juegan el 28 de mayo su poder regional.