Así es la resistencia española a las políticas climáticas: hombre, rural y a la derecha

En España apenas hay negacionistas del cambio climático. El porcentaje de personas que no cree en este fenómeno ha ido cayendo durante los últimos años, a medida que los estudios científicos —y la fuerza de los hechos— convertían el calentamiento global de origen humano en un hecho incontrovertible. Actualmente, el negacionismo se sitúa alrededor del 5% de la población. Sin embargo, sí existe un número apreciable de ciudadanos que se niega a aceptar que, para luchar contra este fenómeno, hace falta tomar medidas. Son los que el laboratorio de ideas EsadeEcPol ha denominado reticentes. Y, según la última encuesta con motivo de la COP 27 —la cumbre mundial del clima, que se celebra estos días en Egipto—, constituyen el 17,5% de la población.

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Pero ¿quiénes son esos reticentes? ¿Y qué los caracteriza? El equipo del think tank, liderado por Lluís Orrriols y Jorge Galindo, ha construido su perfil a través de las respuestas a una serie de preguntas sobre impuestos, subvenciones y restricciones para hacer frente a la crisis climática. "Entre los reticentes predomina el voto a la derecha. Además, parece haber más personas de mediana edad y municipios pequeños. Otros factores relevantes parecen ser el sexo y la clase socioeconómica", destacan los autores en las conclusiones del estudio. De todas las variables analizadas, la que más determina las respuestas es la ideología.

Si mañana se convocasen unas elecciones generales solo entre los reticentes a las políticas climáticas, el PP ganaría los comicios. El 26,2% de los llamados a las urnas optaría por ese partido, Vox empataría con el PSOE en segundo lugar (20,6%) y Ciudadanos (7,5%) superaría a Unidas Podemos (6,7%). El 18,4% se decantaría por la abstención. El bloque de la derecha obtendría el 54,3% de los votos, frente al escaso 27,3% del bloque de la izquierda. En otras palabras: por cada votante progresista que se opone a las políticas contra el cambio climático hay dos conservadores.

Lo más llamativo es que entre los favorables a las subvenciones, las prohibiciones y los impuestos al transporte y a los combustibles sucede todo lo contrario: la izquierda arrasaría con un 68,1% de los sufragios, mientras que la derecha se quedaría en un 21,7%, menos de la tercera parte. Galindo reconoce que los datos correlacionan con la ideología, lo que se demuestra cuando a los mismos encuestados se le hacen preguntas sobre la política fiscal, la preferencia por el modelo territorial o, incluso, la adopción de las parejas homosexuales. La política climática ya entra en ese paquete, pese a no tener una relación aparente con el resto de variables.

Sin embargo, todavía es muy pronto para considerar que se trata de una cuestión identitaria, matiza el politólogo, ya que se desconoce qué peso le dan estos individuos a la cuestión en la construcción de su identidad. De hecho, Galindo recuerda que, aunque entre aquellas personas que tienen una posición muy definida —reticentes y favorables— el componente ideológico es muy fuerte, no ocurre lo mismo entre la mayoría de los ciudadanos (un 64%), que EsadeEcPol caracteriza como ambivalentes. Es decir, "quienes reconocen la gravedad del problema y están dispuestos a aceptar que se subvencionen prácticas que puedan contribuir a combatir el cambio climático, pero a su vez se muestran reticentes a asumir mayores impuestos o prohibiciones", según la definición del estudio. Son mayoría entre los votantes de Vox, duplican a los reticentes entre los del PP y los cuadruplican entre los de Ciudadanos.

Ahí está la clave. A diferencia de otros países —Francia es el ejemplo más cercano— donde la conciencia medioambiental está más arraigada y la ciudadanía se ha ido posicionando en torno a ella en paralelo a la discusión política, en España la lucha contra el cambio climático no ha sido una prioridad hasta ahora. Ni en el Congreso ni en la calle. Y por eso la mayoría de los españoles se encuentra en esa posición ambigua, a la espera de que sus referentes partidistas se definan al respecto. "Su peso en todas las categorías sociodemográficas y de voto es lo suficientemente grande como para ofrecer espacio de maniobra a quienes aspiran a formar coaliciones de apoyo a la transición ecológica", destaca el texto.

Galindo pone el foco en los dos grandes partidos. Mientras que Vox ha utilizado las políticas climáticas para polarizar —en una imitación de la estrategia republicana en Estados Unidos, pero que se aleja del pragmatismo de otros radicalismos de derecha, como el de Giorgia Meloni en Italia—, el PP, y también el PSOE, tienen una oportunidad para llevar a su electorado hacia las posiciones favorables, que hasta ahora solo superan el 30% entre los votantes de Unidas Podemos. "Este 60% [de ambivalentes] acabará tomando posición, y existen dos posibilidades: lo puede hacer con base en quien ponga la medida sobre la mesa o sobre el contenido de la política pública. Ocurrirá un poco de todo", vaticina Galindo.

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Por ejemplo: habrá votantes conservadores que estén de acuerdo con una determinada prohibición, pero que se opondrán si es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien la propone. Por eso resulta esencial, recuerda el politólogo, que Ejecutivo y oposición vayan de la mano y asuman la transición ecológica como una política de Estado.

Las otras divisiones

Como ya mostraba la primera parte de la encuesta, que se publicó el pasado junio, la mayoría de los españoles no están dispuestos a grandes sacrificios para luchar contra el cambio climático, especialmente si estos implican una subida de impuestos. Se trata de una opinión transversal, que los resultados de la segunda parte parecen contradecir en parte. Sin embargo, Galindo puntualiza que lo que se ha hecho ahora es ponderar el peso de las respuestas sobre las diferentes medidas —que van desde subir el impuesto a los carburantes hasta prohibir los vehículos diésel— para obtener los perfiles. La cocina demuestra que la mayoría de los ciudadanos no tiene una opinión tan definida como podría parecer. Esto no solo afecta a los reticentes, sino a los que el estudio considera favorables, que solo representan el 18,5% de la población.

Las zonas rurales son las únicas donde los que se oponen a la transición superan a los entusiastas

El terreno de juego, por lo tanto, está abierto. Para decantar a esa mayoría difusa no solo influirán la ideología y las actuaciones de los partidos, sino otros factores que tienen que ver con características sociodemográficas. Una vez más, la brecha entre las zonas urbanas y rurales resulta palpable. Los problemas en esos ámbitos son diferentes: la dependencia del vehículo particular, por ejemplo, resulta mucho mayor en las localidades más pequeñas que en las más grandes, como demostró la revuelta de los chalecos amarillos en Francia contra el impuesto a los combustibles, que tuvo su foco en las provincias menos pobladas del centro del país. Esto explica la mayor reticencia en los municipios de menos de 10.000 habitantes, que supera en un punto y medio a la de las grandes ciudades. Pero, sobre todo, el menor porcentaje de favorables, donde la brecha aumenta hasta 6,1 puntos. Las zonas rurales son las únicas donde los que se oponen a la transición energética superan a los entusiastas.

Otro problema de las políticas contra el cambio climático es su mayor impacto en las rentas bajas, que tienen menos capacidad de adaptación para, por ejemplo, comprarse un coche eléctrico. De hecho, el 20% más pobre es el único segmento de renta en que los reticentes superan a los favorables. El estudio de EsadeEcPol corrobora que el porcentaje de ciudadanos que apoya las políticas climáticas va aumentando a medida que se incrementa la renta, en parte porque están más definidos.

Por último, los hombres (19,5%) son mucho más reticentes que las mujeres (15,5%), y los que se oponen a la transición ecológica tienen mayor presencia en los grupos de mediana edad, con una tendencia ascendente a medida que se cumplen años que solo se frena a partir de los 55. Los datos coinciden con la distribución del voto de los partidos de derecha y extrema derecha, que se concentra en estos colectivos.

"Los hombres de mediana edad y los que viven en municipios pequeños son los grupos más claramente sobrerrepresentados entre los reticentes. En contraste, las mujeres, los más jóvenes, las personas de clase acomodada y los habitantes de ciudades de mayor tamaño pueblan en mayor medida el grupo de favorables", concluye el estudio. Pero en todos los grupos, sin excepción, quienes aún no están definidos son mayoría. Ahí se librará la batalla que está por venir.

El eurobarómetro apunta al mismo sitio

A finales de octubre, la Comisión Europea publicó un eurobarómetro sobre las actitudes de los europeos ante la calidad del aire. Algunas de las conclusiones que se pueden extraer de las respuestas apuntan en el mismo sentido que las del trabajo de EsadeEcPol. Existe consenso en el hecho de que una mala calidad del aire provoca problemas graves para la salud, pero no está tan claro cuál es el papel de los distintos agentes para mejorar dicha calidad.

El sector industrial, eso sí, es uno de los que sale peor parado en cuanto a la percepción de inacción, y el reparto de responsabilidades resulta más difuso entre las energéticas o las autoridades públicas. En casi todos los países, los hogares son los que presentan porcentajes más bajos de valoración negativa por no hacer lo suficiente.

El barómetro incluye, entre las medidas para atajar la situación, el incremento de impuestos para actividades contaminantes. Pero esta medida no cuenta con especial apoyo entre la población europea, ya que tan solo el 18% se muestra a favor. Además, desde 2019, cuando la Comisión preguntó en el mismo sentido, la percepción sobre la efectividad de aplicar impuestos ha decrecido en todos los países de la Unión Europea, a excepción de Polonia, donde ha crecido un punto.