Las concesiones para mitigar los daños del fondo energético amenazan su efectividad

Estaba pensado para beneficiar a las clases populares, pero puede acabar perjudicando a casi todos. La efectividad del fondo energético impulsado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está en juego. Y depende de un aspecto que deberá dilucidarse durante el trámite parlamentario del proyecto de ley: si incluye, o no, compensaciones para aquellos sectores más afectados por la medida, que pretende sacar de la factura de la luz las primas a las energías renovables y que este coste sea afrontado por las más contaminantes. La propuesta del Gobierno contempla concesiones que acabarían pagando las familias españolas. Según un estudio del Centro de Políticas Económicas de Esade, el 90% de los hogares con vehículos con motor de combustión sufriría un incremento de su gasto energético.

El 'paper', titulado 'Evaluación de las implicaciones distributivas del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico' y firmado por los investigadores Pedro Linares, Mar Suárez-Varela y José Carlos Romero Mora, reafirma el "carácter progresivo" de la medida, pero recoge una advertencia muy directa en sus conclusiones: "Bajo las condiciones definidas en la propuesta del Gobierno, el FNSSE producirá impactos negativos en un buen número de hogares, muchos de clase media, y algunos incluso por debajo del umbral de pobreza". En todos los escenarios, la propuesta mejora la posición relativa de las rentas bajas respecto a las altas, pero en algunos impacta de forma negativa sobre la mayoría de los grupos sociales.

La clave está en las compensaciones que plantea el Gobierno. Hasta ahora, los consumidores pagaban los 7.000 millones de euros anuales de las primas a las renovables a través del recibo de la luz. Con la creación del fondo, el Ejecutivo pretende ahorrarles ese dinero, que supone hasta un 13% de la factura, en un momento en que la crisis energética ha generado una gran alarma social por los precios de la energía. El coste será afrontado por un fondo sufragado por las actividades más contaminantes. Pero esto supondría un perjuicio para determinados sectores, que el Ejecutivo propone mitigar a través de exenciones (consumo eléctrico para almacenamiento, gasóleo agrícola, gas natural para cogeneración y generación eléctrica, queroseno para aviación, gasóleo y gas natural para navegación y pesca, biocombustibles y gases renovables) o bonificaciones (gasóleo de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural en sectores en riesgo de deslocalización por la transición energética). Lejos de ayudar, estas componendas tendrían unos efectos nocivos para el consumidor final.

Las diferencias entre ambos escenarios pueden marcar el éxito o el fracaso de una de las medidas estrella del Gobierno para abaratar la factura de la luz y dar un paso más hacia la descarbonización de la economía. En la propuesta con compensaciones, defendida por Transición Ecológica, los cinco primeros deciles, que constituyen las rentas bajas, verían reducido su gasto energético, que llegaría a disminuir un 3,06% en el decil 1. En otras palabras: los hogares más pobres se ahorrarían hasta 34,73 euros al año. Sin embargo, los cinco deciles más ricos, entre los que están muchos hogares de clase media, verían incrementada su factura anual, con un aumento que podría llegar a 51,15 euros (1,39%) en el caso del decil 10.

En cambio, si no hubiese compensaciones, todos se beneficiarían, y el ahorro en los hogares más pobres podría llegar a 51,87 euros al año (un 4,64%). Los autores han calculado estas cifras a partir de la 'Encuesta de presupuestos familiares de 2019', elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

"Mientras que el caso sin compensaciones sería beneficioso para todos los hogares, con ahorros mayores cuanto menor el nivel de renta, el caso con compensaciones ya no es tan favorable", resume el informe. La propuesta gubernamental cargaría los costes de la medida sobre las clases medias, que acabarían pagando la revalorización de los precios del gas y del petróleo. El proceso es muy sencillo: como el fondo tiene una cuantía fija, si algunos no contribuyen, porque están exentos gracias a las compensaciones del Gobierno, otros —principalmente las grandes empresas energéticas— acabarán pagando más. Y, como ya advirtieron en su momento, a estas compañías no les temblará el pulso a la hora de trasladar los costes extra al consumidor final.

Tras la guerra de cifras de los últimos meses, en la que los diferentes grupos interesados especulaban sobre el impacto del fondo de Ribera en los precios energéticos, los expertos de Esade corroboran los malos augurios de las compañías perjudicadas por el fondo. La medida abaratará la electricidad, como pretende el Gobierno, pero encarecerá las energías sucias, como dicta la lógica. La cuestión es cuánto. Y, una vez más, las componendas acabarían siendo perjudiciales para todos. El escenario planteado por el Ejecutivo bajaría los precios de la luz un 12%, frente al 13% que se lograría en el caso de no existir compensaciones. Además, estas ventajas elevarían en dos puntos el alza del gas natural y los derivados del petróleo, que subirían un 8% y un 6,5%, respectivamente, en el caso de que se cumplan los planes de Moncloa.

La medida sería especialmente dolorosa para aquellas familias que aún dependen de las energías sucias. El caso más flagrante, el de los hogares que poseen coches con motor de combustión, solo supondría ahorros para el decil más pobre. La medida seguiría siendo progresiva, pero para repartir su impacto negativo: el decil más rico pagaría un 2,1% más al año y el segundo más humilde —todavía por debajo del umbral de la pobreza— 'solo' vería incrementados sus gastos en un 0,1%. Este efecto prácticamente desaparecería en el escenario sin componendas, "haciendo una vez más evidente la importancia de tener en cuenta las compensaciones a la hora de estimar los impactos distributivos", destacan los autores del informe.

La propuesta del Gobierno también perjudicaría a los hogares que dependen del butano, que pagarían más a partir del tercer decil, o del gas natural, que se verían penalizados a partir del cuarto. En este último caso está otro de los puntos débiles del diseño del fondo.

El desequilibrio territorial

Pese a ser una de las competencias del ministerio de Ribera, el FNSSE tendría un impacto negativo en el equilibrio territorial, con la España vacía como gran agraviada. El informe de Esade corrobora las sospechas que cualquier conocedor de los climas del país podría albergar: las zonas más frías, especialmente en el interior y el norte, pagarán más, mientras que las regiones templadas del Mediterráneo se ahorrarán un dinero. La explicación está en el uso más intenso del gas para calentarse, pero también en la mayor presencia del coche privado en la vida diaria del medio rural, como denunció el único diputado del BNG, Néstor Rego, en la enmienda a la totalidad presentada en el Congreso de los Diputados contra el proyecto de ley.

El resultado: un nuevo desplazamiento de rentas desde las áreas más envejecidas hacia las más pujantes, con algunas excepciones, como la Comunidad de Madrid, que se vería penalizada por su clima continental. Riojanos, navarros, cántabros y castellanoleoneses serían los más perjudicados, todos con incrementos del gasto superiores al 1%, mientras que los ceutíes podrían llegar a ahorrarse casi un 2% al año. Algunas formaciones, como Teruel Existe, han reclamado que el proyecto final tenga en cuenta esa realidad.

Una vez fracasadas las enmiendas a la totalidad de BNG y Vox, la Cámara Baja aún tiene que resolver 72 enmiendas parciales de los diferentes grupos parlamentarios, que podrían aliviar la carga del fondo para los consumidores o incluso aumentarla. Este último caso es el del PNV, cuyos votos son fundamentales para el Ejecutivo, que ya obtuvo la palabra de los nacionalistas vascos a cambio de aminorar el golpe al gas. Lejos de eliminar componendas, los 'jeltzales' piden más exenciones para la industria, lo que incrementaría la carga para el consumidor.

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En cambio, el PP, el PDeCAT y Junts piden financiar el fondo a través de los Presupuestos Generales del Estado, como ya reclamó en su momento el Ministerio de Industria en un durísimo informe sobre el proyecto de Ribera. Según los expertos de Esade, esta sería "la opción que menos problemas redistributivos produciría" y evitaría "distorsiones indeseadas", en referencia al aumento de los precios del gas y del petróleo. El cobro de un tanto alzado a los hogares es otra de las alternativas recogidas en el informe que, en cualquier caso, pide que se eliminen las compensaciones y se palíen los efectos negativos sobre los grupos más impactados por la medida, a través de cheques energéticos para las familias más vulnerables o prioridad de acceso a ayudas para la eficiencia energética o la sustitución de vehículos.

"Estas actuaciones, además de asegurar la justicia en la aplicación del FNSSE, seguramente mejorarían la aceptabilidad social de la misma, algo clave en cualquier proceso de transición energética", concluyen los investigadores. Del bolsillo a la calle hay una fina línea, como bien sabe el presidente de Francia, Emmanuel Macron.