Guerra de cifras por el impacto de la reforma energética en el bolsillo del ciudadano

La creación de un Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para pagar las primas a las renovables supondrá un traslado de costes de la factura de la luz hacia la del gas y el combustible.

Sin embargo, los diferentes expertos en la materia no se ponen de acuerdo sobre cómo afectará esto al bolsillo de los distintos tipos de consumidores. Esta reforma energética aún está en fase de tramitación y tiene que superar todavía diversos pasos. Sin embargo, el Gobierno ya cuenta con apoyos clave como el del PNV para lograr el aval de las Cortes y poder sacar la medida adelante, tal y como ha adelantado esta semana El Confidencial.

Pero al anteproyecto de ley aún le falta concreción. Los detalles sobre qué sujetos estarán exentos de contribuir al fondo así como aquellos que podrán obtener una compensación por este coste falta por acabar de determinarse. Y esto es precisamente lo que hace que aún no se pueda saber con certeza cómo afecta a cada usuario, dado que a mayor número de potenciales pagadores exentos más tendrán que contribuir el resto, ya que la dotación es fija. Además, en el proceso de tramitación actual aún puede sufrir algunas modificaciones que maticen más los impactos en una u otra dirección.

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Por ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica ha dicho que la luz se abaratará alrededor de un 13,2% para un consumidor medio (3.200 kWh, asimilable a una familia con dos hijos). Según las cifras que mostró el director general de Política Energética en un reciente foro organizado por Aelec, la patronal eléctrica, la bajada de la luz será de unos 7,1 euros al mes en el recibo eléctrico (impuestos incluidos).

No obstante, el departamento que lidera Teresa Ribera no ha querido dar cifras de impacto de subida del gas y los carburantes, que serán los que tendrán que contribuir a dotar el fondo para pagar las ayudas a las renovables que ahora se pagan en la factura eléctrica. Según justifica, los operadores podrían llevar parte de este coste contra sus márgenes en lugar de trasladarlo al consumidor. Un escenario que descartan las compañías afectadas, que aseguran que no pueden hacerlo por margen. Además advierten que, si el Ejecutivo ha establecido una serie de exenciones sobre este pago, es porque dan por hecho que se acabará repercutiendo el coste.

Aunque aún no hay una definición exacta de quienes serán los sujetos obligados a contribuir al fondo, la memoria de impacto económico del anteproyecto de ley sí que ha dado estimaciones sectoriales de cuánto tendrá que contribuir cada sector a dotar el fondo. Su implantación será gradual a lo largo de cinco años —hasta 2025— y se estima que, de los 6.000 millones anuales para sufragar las primas a las renovables, el 31,5% lo cubra el sector eléctrico, el 24,80% lo pague el gas y el 43,7% lo sufraguen los combustibles fósiles.

¿Quiénes serán los más perjudicados? Aquellos usuarios donde el peso de los fósiles sobre su mix de consumo sea más elevado

Con estos datos, desde el sector gasista aseguran que el gas natural subirá 7,08 euros por MWh, el gasoil se encarecerá unos 7,15 céntimos por litro y la bombona de butano costará 1,22 euros más por bombona.

Con todo ello, ¿quiénes serán los más perjudicados? Fundamentalmente aquellos usuarios donde el peso de los combustibles fósiles sobre su mix de consumo sea más elevado. Por el contrario, los que utilicen más electricidad y menos combustibles saldrán beneficiados. El objetivo es precisamente buscar la electrificación de la demanda para tratar de descarbonizar. Un argumento que tanto petroleras como gasistas rechazan, ya que entienden que la descarbonización no pasa solo por la electrificación. Ponen de ejemplo un informe de Eurelectric, la patronal eléctrica a nivel europeo que en 2018 señalaba que España es el país con el plan de mayor electrificación a 2050 de toda Europa y, sin embargo, otros países como Italia, Francia, Holanda, Alemania o Rumanía obtienen niveles de descarbonización superiores al de España.

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¿Cómo afecta a los más vulnerables?

Con los datos que hay ahora mismo encima de la mesa, existen varias discrepancias. Por ejemplo en cómo va a afectar el fondo a los más vulnerables. Desde el sector gasista asumen que los usuarios más vulnerables acogidos al bono social también hacen uso del gas para calefacción y estiman que los 40 euros de ahorro de media anual en el factura de la luz de 1,2 millones de usuarios no compensan las subidas del gas. Especialmente a aquellos que viven en zonas más frías y por tanto son más dependientes de este combustible fósil, el cual consideran indispensable, ya que no es fácil de sustituir si no se hace una gran inversión.

De esta forma, calculan que los hogares con rentas más bajas sufrirán un sobrecoste de hasta 38 euros al año. Solo aquellos situados en climas más templados y menos dependientes (zona climática mediterránea) lograrán ahorros que, en el mejor de los casos, será de seis euros al año. A esto añaden, además, un sobrecoste de 25 euros por cada 5.000 kilómetros que hagan en un vehículo particular de combustión.

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Esta visión no es compartida por la consultora Nera Economic Consulting, que basa sus análisis de impacto en la cesta de la compra tipo que utiliza el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según sus estimaciones, la reforma energética es progresiva. Supone ahorros para los usuarios de los tres deciles más pobres. Es decir, aquellos que tienen unos ingresos anuales de menos de 16.393 euros verán aliviada su factura energética. Aquellos con rentas menores a 7.715 euros ahorrarán 34 euros al año. Los que tengan 11.889 euros gastarán 19 euros menos cada año y los que estén por debajo de 16.393 euros su factura mejorará en tres euros al año.

Por el contrario, en los siete deciles de rentas más altas el impacto será creciente desde los hogares con menos de 18.770 euros al año, que sufrirán un encarecimiento de la factura energética global de 14 euros hasta las consumidores domésticos que ganen más de 72.642 euros, donde el coste se incrementará en 127 euros. Además, el análisis trata de vislumbrar el efecto que tendrá sobre el PIB. Entienden que la implantación del mismo generará mayor crecimiento y eso supondrá un impacto indirecto positivo para toda la población que mejorará sus ingresos entre un 3,1% (239 euros) los más pobres situados en el primer decil de ingresos hasta un 0,5% (328 euros) los más ricos del decil de más ingresos. De media creen que el impacto en la economía del FNSSE proporcionará 331 euros de ingresos adicionales por hogar.