Los sectores menos electrificados y zonas rurales cuestionan el Fondo del Sistema Eléctrico

Se avecinan tiempos interesantes para el sector eléctrico y su impacto sobre la economía española. El Ejecutivo tiene previsto poner en marcha el llamado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), una herramienta pensada para asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), la llamada prima de las renovables, y que supone unos 7.000 millones de euros al año. Según el Fondo, esa cantidad la asumirían, en gran medida, el gas y los combustibles, en una decisión que ha puesto en guardia a parte de los empresarios.

El objetivo de la medida, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es aportar mayor certidumbre al sistema, rebajar la factura del recibo de la luz y apoyar con determinación la electrificación de la economía. En la práctica, y según se desprende de un dictamen emitido por el Consejo de Estado, la creación del Fondo significaría "un abaratamiento de los precios de la energía eléctrica" para aquellos particulares o empresas que estén conectadas a fuentes de energía renovable. Por contra, el dictamen estima que la iniciativa supondrá "un incremento de los costes para el consumidor industrial tanto en lo que hace a la energía eléctrica como a otras formas de energía".

El Confidencial organizó un encuentro para analizar en profundidad el impacto que tendrá la futura creación del FNSSE. Miembros de la administración central y regional, así como representantes de empresas, sindicatos y la sociedad civil compartieron mesa con el propósito de dilucidar los pros y contras de la medida.

Descarbonizar la economía

El primer bloque del encuentro, centrado en el impacto que la nueva estrategia eléctrica tendrá sobre las empresas, sentó las bases de lo que sería el resto de la jornada. Una defensa por parte de la administración acerca de unas medidas “necesarias” para descarbonizar la economía, mientras que los ponentes invitados lamentaron que esta transición les vaya a hacer perder competitividad a algunos sectores.

“La pregunta del millón es cómo afectarán estos cambios a las empresas —se cuestionó Manuel Guirao, director general de transición energética del Gobierno de Castilla-La Mancha—, pero algunos expertos ya los han previsto y los creen necesarios. En general será positivo porque bajará el coste de la energía y ayudará en la transición hacia un sistema descarbonizado. Es necesario para mitigar la emergencia climática”.

Frente al optimismo de Guirao se encontró el pesimismo de Alberto Echavarría, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER). Echevarría recordó que hay algunos sectores que “no pueden electrificarse” aunque quieran hacerlo y puso el ejemplo que le toca más de cerca, el cerámico: “Por cada teravatio de electricidad consumimos 14 de gas. Los objetivos son encomiables, pero nosotros necesitamos trabajar con una intensidad de calor —1.200 grados— que nos hace altamente dependientes de esa materia. El fondo implica que el gas y los combustibles pagarán el sobrecoste de las renovables, y eso se trasladará a la factura de empresas y consumidores. Necesitamos objetivos realistas y flexibilidad para algunos sectores porque vamos a perder competitividad”.

Fue Isabel Castro, subdirectora general de Energía de la Xunta de Galicia, la encargada de recordar el efecto que pueden tener estas decisiones sobre el ámbito rural. Castro recordó que a las empresas no les va a quedar otra opción que adaptarse y subrayó que la medida tendrá un efecto asimétrico: beneficiará a aquellas compañías que no usen combustibles fósiles en su empresa “pero las tradicionales, como la conservera o la cerámica, se verán perjudicadas”. La subdirectora general de energía de la Xunta lamentó que sea el medio rural el que vaya a ver “una perdida de competitividad más acusada”.

Dudas respecto al impacto laboral

El segundo bloque, dedicado al impacto social y laboral del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, puso de manifiesto las dudas que algunos agentes, tanto sindicatos como políticos, encuentran a esta medida. Quizá el más rotundo fue Jesús Villamón, coordinador del grupo sectorial de energía y renovables de Teruel Existe, que recordó que la influencia de las renovables en el ámbito rural es insignificante en términos de creación de empleo: “Con 1MW instalado se crean 0,02 empleos. Para crear un puesto entero se necesita instalar 50MW, que equivale a unos ocho o diez aerogeneradores, cuyo coste es de 30 millones de euros. No se puede entender”.

En una línea similar se pronunció Juan José Álvarez, director general de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), al lamentar que “se legisle desde Madrid sin un conocimiento de lo que es el campo y lo que significa el medio rural”. Álvarez aplaudió iniciativas recientes, “como las 130 medidas para el reto demográfico”, pero subrayó el hecho de que no se le haya asignado un presupuesto para ejecutarlas. “Será un perjuicio para el campo y para la España vaciada”.

Isabel Castro quiso recordar que los primeros estudios estiman que los consumidores sí verán un ahorro en sus facturas. “Un consumidor medio, de unos 3200KWh al año, verá un descenso de un 10-15%, unos seis o siete euros mensuales”, ilustró. El problema, a su juicio, reside en las dificultades que muchas áreas rurales van a encontrar para poder consumir energías renovables. “No llega el gas canalizado, se depende de los hidrocarburos y no hay una infraestructura para afrontar una demanda tan elevada”, explicó.

Frente a estas denuncias, Guirao recordó que "toca ponerse las pilas a la hora de instalar más eólica y solar en el campo español. El cambio de tecnología se hará de manera paulatina. Pero hace falta más energía renovable. Hay que hacerlo de la mano del desarrollo rural y de la protección ambiental”, aseguró, sin cerrar la puerta a que también se potencien otras modalidades como “la generación distribuida, el autoconsumo o las comunidades energéticas”.

"Toca ponerse las pilas e instalar más eólica y solar en el campo español. El cambio de tecnología se hará de manera paulatina. Pero hace falta más energía renovable"

Un sector energético fuerte debería ser un polo estable de creación de empleo. Esa fue la opinión de Ambros Arias, portavoz del sector energético de UGT-FICA, quien destacó que la energía “ha destruido el 50% de las plantillas en los últimos años”. Según Arias, España necesita estabilidad y “medidas que no penalicen la competitividad de empresas, ya que estas sí que crean trabajo”.

Hacia un sistema más eficiente

El bloque final del encuentro, centrado en el impacto sobre el sistema energético que tendrá la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad para el Sistema Eléctrico en el sistema energético. Manuel García, director general de Política Energética y Minas del Gobierno de España, fue el encargado de hacer una defensa más encendida acerca de su conveniencia. “Es la palanca para comenzar a caminar en la dirección de la descarbonización de la economía”, aseveró. ¿Cuál es ese camino? “El consenso en el mundo empresarial y académico es que la manera más eficiente y viable tecnológicamente es la electrificación con energías renovables”. García no quiso olvidar que “descarbonizar no es electrificar” y que todavía existen algunos retos en sectores concretos “donde no hay soluciones viables o a precios competitivos”.

Esa fue una de las principales quejas que llegaron desde el ámbito de la empresa, en especial de las petroleras. Andreu Puñet, director general de la AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), resaltó ese último punto. “El refino tiene procesos importantes con un elevado nivel térmico que no se pueden electrificar. Y no olvidemos que la electricidad, hoy, no es 100% renovable. Nuestros coches eléctricos todavía emiten CO2 aunque no tengan tubo de escape”.

Que el sistema sea más eficiente dependerá también de la transición que hagan los hogares. Un cambio que debería abaratar la factura de la luz, especialmente en los hogares con rentas bajas, según la opinión de Paloma Sevilla, directora general de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec): “Favorecerá a los hogares que se electrifiquen, especialmente en aquellos donde hay un mayor peso de los hidrocarburos. No hay que olvidar el impacto positivo que tendrá en el sector servicios, que es muy importante en nuestro país”.

Frente a los servicios y los hogares, Victoria Zaera, responsable de Asuntos Industriales de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), quiso recordar que la iniciativa gubernamental no representa un problema intrínseco para su sector. Pero su implementación le supondrá un enorme riesgo: “Si España quiere mantener a la industria aquí, y que no se vaya, necesitamos que los costes de la energía no estén asociados a las redes o las infraestructuras que construimos. Eso nos hará quedarnos fuera de los mercados extranjeros”. El tercer debate, como los dos anteriores, volvió a poner de manifiesto dos posturas enfrentadas ante lo que parece un reto inevitable: cómo evitar los perjuicios que, a corto plazo, supondrá descarbonizar la economía para cumplir con los objetivos que marca Europa.