BNG y Vox fuerzan la primera prueba de fuego para el fondo energético de Ribera en el Congreso

La carrera de San Jerónimo alberga extrañas coincidencias, sobre todo cuando se avecina un frío invierno y la energía está por las nubes. Este lunes, el BNG y Vox, dos de los partidos con posiciones más alejadas del arco parlamentario, forzarán en el Congreso la primera prueba de fuego para el fondo energético impulsado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ambas formaciones presentaron en su día sendas enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley, que penaliza los combustibles fósiles con el objetivo de avanzar hacia la electrificación de la economía. Ahora se debatirán en las Cortes en plena polémica sobre la subida de los precios de la luz.

El Gobierno aprobará este martes las nuevas medidas para abaratar el recibo, pero la primera ya la tomó cuando nadie hablaba de ello. El pasado diciembre, el Ejecutivo inició la tramitación de urgencia del llamado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el que pretende abaratar la factura de la luz un 13,2%. La propuesta consiste en sacar de la tarifa las primas a las renovables, unos 7.000 millones de euros al año, que se financiarán a través de un fondo sufragado por las compañías energéticas en función de lo que contaminen. En otras palabras: las fuentes más nocivas para el medio ambiente, sobre todo el gas y los combustibles, pagarán el régimen especial de las energías limpias, que hasta ahora recaía sobre los hombros del consumidor eléctrico.

El Gobierno ha apalabrado el apoyo del PNV, pero aún no tiene asegurada la mayoría. De aprobarse, la nueva ley llegará con medio año de retraso

La idea inicial era que esta suerte de tributo, similar —argumenta el ministerio— a otros que están poniendo en marcha países como Francia o Alemania, estuviese listo a mediados de 2021. Sin embargo, el proyecto de ley no salió del Consejo de Ministros hasta el 1 de junio, y ahora continúa su trámite parlamentario en el Congreso sin que el Ejecutivo tenga aún asegurado el apoyo de la Cámara. El PNV, clave para lograr la mayoría, ha apalabrado su voto favorable. El periodo de presentación de enmiendas parciales acabará el próximo 15 de septiembre, pero antes se debatirán las dos enmiendas a la totalidad, una de los nacionalistas gallegos del BNG y otra de Vox. Lo más probable es que la nueva ley, de aprobarse, no entre en vigor hasta finales de año.

Ambos partidos coinciden en un temor expresado en los últimos meses por expertos, empresas, agricultores y sindicatos: que las energéticas trasladen los costes del fondo a los consumidores. En ese escenario, que el Gobierno ha evitado aclarar, la medida aliviaría la factura de la luz cuando más falta hace (unos 7,1 euros al mes para el usuario medio, según los cálculos del ministerio), pero los ciudadanos acabarían pagando las primas a las renovables a través del consumo de no renovables. "Es un instrumento vacío que solo traslada costes", resume Vox en su enmienda.

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El sector gasista, uno de los más afectados por la nueva regulación, ha cuantificado el posible impacto: prevé que el gas natural suba 7,08 euros por megavatio hora, el gasoil se encarezca unos 7,15 céntimos por litro y la bombona de butano cueste 1,22 euros más. Se estima que el 31,5% del fondo lo cubra el sector eléctrico, el 24,8% lo pague el gas y el 43,7% lo sufraguen los combustibles fósiles. Repsol, Cepsa y Naturgy serán las empresas más damnificadas. En cualquier caso, esto no ocurrirá de manera inmediata, ya que la implantación de la medida será gradual, a lo largo de los próximos cinco años.

Las dudas sobre el proyecto llegan desde diferentes frentes. En un dictamen, el Consejo de Estado llegó a vaticinar un incremento de los costes para el consumidor industrial, lo que ha puesto en guardia a empresarios y trabajadores de factorías con una gran dependencia de las energías 'sucias', que mostraron sus reservas en un foro organizado por El Confidencial. La patronal y los sindicatos de esas compañías coinciden con Vox en que la competitividad de la economía española y miles de empleos están en juego.

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Pero no solo. El organismo presidido por María Teresa Fernández de la Vega mostraba sus dudas sobre otro de los argumentos que esgrime el Gobierno para defender el fondo: la equidad. Según el Consejo de Estado, el Ejecutivo no ha justificado suficientemente el impacto social de la medida, que el sector gasista considera que afectaría especialmente a los ciudadanos más vulnerables. En la misma línea, el único diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, denuncia que la calefacción de gas o los vehículos de combustión constituyen la forma de calentarse y desplazarse de las clases populares, sobre las que estarían recayendo los costes de la transición energética. "El problema es quién puede, cuándo puede y cómo puede dar el salto hacia el uso de la electricidad", reflexiona.

A diferencia de la de Vox, la enmienda a la totalidad del BNG no persigue tumbar la ley, aclara Rego, si bien ese sería el efecto inmediato en el improbable caso de que prosperase. Según el portavoz nacionalista, lo fundamental es abrir un debate amplio en el Congreso sobre el modelo energético, para el que propone nacionalizaciones y dice defender argumentos opuestos a los del partido de Santiago Abascal. "No estamos en contra de que exista el fondo, pero no va a ser la solución", añade. Además de los anteriores, en el ánimo del Bloque pesa un tercer factor que ha puesto en guardia a otros partidos de ámbito regional.

La incidencia territorial

La medida de la ministra de Transición Energética puede tener efectos nocivos en uno de los cometidos de su departamento: el equilibrio territorial. Teruel Existe fue una de las primeras formaciones que criticaron la norma, que podría suponer un nuevo desplazamiento de rentas desde las regiones del norte y del centro de España, más envejecidas y estancadas, hacia la pujante área mediterránea. Sedigas, la patronal española del sector, calcula que la factura energética se incrementaría 220 euros al año en las zonas de baja densidad de población, frente a los 161 euros para las más densamente pobladas. El mayor uso del coche privado y de la calefacción de gas en los lugares fríos y vacíos explicaría esta brecha.

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Rego recuerda que la medida resultaría especialmente gravosa para Galicia, donde la dispersión de la población y las deficiencias en la red de transporte público convierten en indispensable el uso diario del coche para la mayoría de la población. El diputado del BNG considera que, si se quiere conseguir una transición ecológica social y territorialmente justa, primero hay que empezar por ahí. "Se está poniendo el carro antes que los bueyes", alega, y califica de "cosméticas" las medidas del Ejecutivo.

La alternativa de los nacionalistas para sacar de la factura la prima a las renovables sin que esto suponga un encarecimiento del gas y los combustibles consiste en incluir esos 7.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado. Una opción que el Ministerio de Industria ya contemplaba en un durísimo informe contra el proyecto de Ribera. Según el departamento de Reyes Maroto, la ley impulsada por Transición Ecológica pone en duda la neutralidad tecnológica que debe mantener el Ejecutivo, y podría contravenir la política comunitaria sobre ayudas de Estado debido a su régimen de exenciones y compensaciones.

"Genera inseguridad jurídica", concluye Vox en su enmienda. Y Rego añade: "Lo que no puede ser es que la transición energética sea solo para ricos". Dos argumentos distintos, pero complementarios, para cuestionar una medida urgente cuyo trámite parlamentario se está haciendo eterno.