Ni en la izquierda ni en la derecha: los españoles no quieren sacrificios por la transición ecológica

Todos estamos en contra del cambio climático, hasta que nos toca el bolsillo. Los españoles apoyan el proceso de transición ecológica, pero rechazan hacer grandes sacrificios para luchar contra ella, independientemente del partido al que voten. La polarización verde resulta más reducida que la que se da en torno a otros temas que dividen a la sociedad, según una encuesta publicada por el centro de estudios EsadeEcPol. En pleno debate sobre la bonificación a los combustibles, dos de cada tres se oponen a subir los impuestos a la gasolina y solo uno de cada cuatro defiende prohibir los coches diésel. Además de la ideología, las opiniones dependen del ámbito de residencia o de la clase social, aunque todavía lejos de la brecha que alumbró el surgimiento de los chalecos amarillos en Francia.

El estudio demoscópico, uno de los más detallados que se han hecho en España hasta la fecha, presenta dos constantes. La primera es que las medidas que afectan a las empresas generan más apoyo que las que se refieren a decisiones de consumo o sacrificios personales, lo que señala un camino sobre qué políticas se podrán implementar en los próximos años sin generar una gran contestación social. La segunda es que las subvenciones para la transición verde son apoyadas de forma masiva y transversal, frente a la oposición a las subidas fiscales. Entre estas últimas, una de las más denostadas es la de la gasolina.

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Mientras todos los expertos recomiendan alzas impositivas para que las energías más contaminantes acaben desapareciendo por ser las más caras, el Gobierno no tuvo reparos en alterar la señal de precios y subvencionó con 20 céntimos los combustibles para frenar el malestar social durante la huelga de los transportistas del pasado marzo. Ahora, la encuesta de EsadeECPol, titulada 'Radiografía de las divisiones y consensos de la sociedad española en torno al cambio climático', ayuda a explicar la prudencia del Ejecutivo a la hora de rectificar la medida, pese a su dudosa eficacia y las advertencias de organismos como el Banco de España.

El 64% de los españoles se opone a una subida de impuestos a la gasolina, mientras que solo el 16% se muestra a favor. Aunque el respaldo a esta medida va creciendo de derecha a izquierda, los votantes socialistas y de Unidas Podemos también la rechazan. De todos los sacrificios que se plantean en el estudio, este es el segundo que más animadversión genera, solo por detrás del alza fiscal a la carne y ligeramente por delante de la prohibición de los vehículos diésel, a la que se opone el 55% de los encuestados.

En este caso, los votantes de UP son los únicos que aprueban la medida, que genera menos división que la inmigración, los derechos del colectivo LGTBi o el modelo territorial. Natalia Collado, investigadora de EsadeEcPol y coautora de la investigación, concluye: "La lucha contra el cambio climático genera menos tensiones. Hay cierta polarización en los extremos, pero mucha gente en posiciones intermedias". En una escala de cero a 10, los españoles dan una importancia personal de 7,44 a esta causa.

Las clases medias y trabajadoras lideran el rechazo a prohibir los vehículos de gasóleo o subir impuestos a los de gasolina

Pero eso no quiere decir que no haya importantes brechas, más allá del color político. En las preguntas relacionadas con los combustibles, las respuestas no varían especialmente por razón de sexo o de edad, pero sí por otras dos variables demográficas que reflejan una creciente —aunque todavía moderada— división en la sociedad española: la clase social y el hábitat.

Este último es especialmente sintomático del malestar que se viene fraguando en los últimos años entre quienes se consideran perdedores de la transición energética. Mientras que, cuando se les pregunta en abstracto, los habitantes de las zonas rurales se muestran más dispuestos que los de las ciudades a cambiar su modo de vida y hacer sacrificios para frenar el cambio climático, la relación se invierte cuando se les interpela por la prohibición de los coches diésel: una cuarta parte se muestra frontalmente en contra, por encima de la media de la población.

De la misma manera, las clases altas y medias-altas priorizan más la lucha contra el cambio climático que las clases populares, que ponen en un primer plano las libertades individuales, aunque "el patrón no es tan nítido como se esperaría", matiza el informe. Esto es debido a que los grupos acomodados son más reticentes a renunciar a su estilo de vida. Sin embargo, cuando se habla de dinero, las clases medias y trabajadoras se ven más afectadas, y lideran el rechazo a prohibir los vehículos de gasóleo o subir impuestos a los de gasolina, "reflejando la mayor probabilidad de dependencia laboral que tienen del combustible en general y de los de diésel en particular", prosigue el estudio.

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El retrato robot del descontento queda, así, trazado: "Esto encaja con la idea de que las movilizaciones contra la subida de la gasolina que se produjeron a finales de marzo de 2022 (...) estaban encabezadas por sectores medios-trabajadores y movidos por un factor esencialmente material". Una vez más, las percepciones remiten esencialmente a factores económicos, no ideológicos.

Otro de los elementos a tener en cuenta, apunta Collado, es el contexto actual. El escenario de crisis empuja a una parte importante de la población a desconfiar de cualquier cambio del 'statu quo' que amenace su posición socioeconómica, incluso aunque reciba compensaciones a cambio. De hecho, recuerda el informe, una encuesta realizada en Francia durante el estallido de la revuelta de los chalecos amarillos mostró que hasta un 70% de la población se oponía a la subida de impuestos al diésel, también en caso de que el Estado ayudase a los sectores más perjudicados. "Es clave informar a la población", añade la investigadora. Canadá, donde el Gobierno ha establecido un mecanismo transparente para ayudar a las capas sociales más afectadas por la elevada fiscalidad de la gasolina, es un buen ejemplo.

El equilibrio entre mantener la señal de precios y no dejar a nadie atrás constituye el gran reto. Y, para ello, surge una tercera vía que genera una menor oposición: aumentar la fiscalidad a través de las empresas. Aunque esto acabe repercutiendo finalmente en el contribuyente, el efecto, menos directo, permite aumentar el apoyo popular a estas medidas. Así, mientras que solo un 36% considera que la consecución de los objetivos climáticos justifica aumentar los impuestos a los individuos, la cifra se eleva hasta el 42% cuando se hace la misma pregunta respecto a las empresas. En el caso de los alimentos, prohibir las macrogranjas despierta más apoyo que impedir el consumo de productos no ecológicos.

Muy pocos quieren que les suban los impuestos para luchar contra el cambio climático, pero la mayoría está a favor de las ayudas públicas

El Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que pretende que las fuentes de energía más contaminantes ayuden a financiar la transición, sería, según esta lógica, menos impopular que una subida fiscal a los carburantes. La norma sigue su tortuoso trámite parlamentario y acumula varios meses de retraso respecto a los planes iniciales del Ejecutivo, a la espera de que el momento se antoje más propicio para su aprobación.

Gran apoyo a las subvenciones

La escasa conciencia fiscal de los ciudadanos se refleja en una gran paradoja: muy pocos quieren que les suban los impuestos para luchar contra el cambio climático, pero la mayoría está a favor de las ayudas públicas. De hecho, medidas como subvencionar a los ganaderos con grajas sostenibles (67%) y dar ayudas para comprar autobuses (70%) o coches híbridos (69%) obtienen un apoyo abrumador, con un bajo grado de polarización. En cambio, este es máximo en lo referido a la prohibición de las macrogranjas, en una reflejo de hasta qué punto el debate político —muy presente en la última campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León— puede condicionar las percepciones de los ciudadanos.

De momento, la mayoría de las medidas más impopulares se han pospuesto en España, a la espera de que la crisis energética amaine y la brecha entre la voluntad mayoritaria para luchar contra el cambio climático y la disposición a emprender sacrificios personales se vaya reduciendo. La siguiente meta volante será la renovación del decreto para paliar los efectos económicos de la guerra, pero no se esperan grandes novedades.