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¿Chalecos amarillos en España? Madrid no es París, pero cada vez se le parece más
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¿Chalecos amarillos en España? Madrid no es París, pero cada vez se le parece más

El hartazgo crece ante la subida de los combustibles, la pérdida de empleos y el impacto de las renovables, con epicentro en la España vacía. De momento, se impone la vía política

Foto: Imagen: Irene de Pablo.
Imagen: Irene de Pablo.

El pasado 16 de octubre, miles de personas se manifestaron en la Puerta del Sol de Madrid para denunciar el impacto que la transición energética está teniendo sobre sus vidas. No hubo insultos, ni lunas rotas ni enfrentamientos con la Policía, como en los Campos Elíseos. En vez de chalecos amarillos, vestían camisetas blancas y coreaban un lema: 'Renovables sí, pero no así'. Nadie quiere estar en contra de un proceso irreversible para el planeta, pero los tiempos y las formas se empiezan a colar en la agenda política. A dos años para las próximas elecciones generales, y con la luz y el combustible por las nubes, muchos empiezan a tomar nota. Madrid no es París, pero cada vez se le parece más.

La crisis energética ya ocupa titulares en los medios o discursos en el Parlamento, y ha situado en primer plano el debate sobre el impacto social de la transición. Las preocupaciones de los españoles también empiezan a coincidir con las de los franceses. La última vez que el CIS preguntó por el cambio climático, en enero de 2020, solo un 2,4% negó su existencia, mientras que el 82,7% se mostraba dispuesto a renunciar a algunas cosas del presente para vivir mejor en el futuro. De hecho, el porcentaje de personas que se oponían a reducir al mínimo el uso de vehículos contaminantes apenas superaba el 5%. Siempre que no se toque su bolsillo, claro. Y ahí está la clave del creciente descontento.

Foto: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (EFE)

Una encuesta reciente de 40dB, publicada en el diario 'El País', corrobora que la transición energética y los sacrificios que conlleva reciben un apoyo abrumador en la sociedad, sin apenas distinción ideológica, pero deja un dato para la reflexión: el 68% se opone a que el Gobierno aumente los impuestos a la gasolina y al diésel. Es la única medida que genera contestación popular. Y fue, precisamente, la gota que colmó la paciencia de decenas de miles de franceses, que tomaron París en noviembre de 2018 para exigir la retirada de la tasa, especialmente perjudicial para los trabajadores de zonas rurales que necesitan el coche para sus desplazamientos diarios.

Finalmente, el presidente Emmanuel Macron dio su brazo a torcer ante los llamados chalecos amarillos. Pero el problema persiste y persistirá en las próximas décadas, mientras no se culmine la transición energética. Francia fue solo el primer ejemplo de la ira popular de quienes se sienten perdedores del proceso. Desde los trabajadores de las centrales térmicas desmanteladas hasta los camioneros que temen un hachazo fiscal al gasoil, a este lado de los Pirineos también los hay. La pregunta resulta obligada: ¿realmente puede surgir en nuestro país un movimiento como el de los 'gilets jaunes'? Simone Tagliapietra, investigador sénior en energía del 'think tank' europeo Bruegel, no lo ve posible: "La situación en Francia fue muy particular, así que no creo que se pueda repetir, pero sí puede haber descontentos".

Algunos partidos han conseguido en los despachos lo que los manifestantes franceses lograron en las calles

En España, de momento, el filibusterismo del sistema parlamentario impide reformas drásticas que calienten los ánimos. Algunos partidos han conseguido en los despachos lo que los manifestantes franceses lograron en las calles. Hace solo unas semanas, el PNV impidió que Hacienda incluyese en los presupuestos de este año el nuevo tributo al diésel, que subiría su precio 10 céntimos por litro en un momento en que ya se acerca a máximos históricos. Con las cuentas del año pasado ocurrió lo mismo, pero esta vez el Ejecutivo tiene un compromiso con Bruselas: debe incluir el nuevo tributo antes de julio de 2022, según la memoria del plan de recuperación enviada a la Comisión Europea. De momento, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha decidido pasar la pelota al grupo de expertos para la reforma fiscal, que tendrá sus conclusiones listas el próximo febrero.

Nadie quiere aparecer como el culpable de una medida que afectaría especialmente a las rentas más bajas y a los territorios menos poblados, donde el coche es un instrumento indispensable. Del mismo modo, el fondo energético impulsado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que el consumidor deje de pagar el régimen especial de las renovables y este sea financiado por los combustibles fósiles se cebará especialmente con la llamada España vacía, que usa el diésel para calentarse y desplazarse. Según un estudio del Centro de Políticas Económicas de Esade, el 90% de los hogares con vehículos de motor de combustión gastará más por la energía si la propuesta, que está en trámite parlamentario, sale adelante. Como ocurrió con la globalización, parece que los perdedores siempre son los mismos. O eso, al menos, es lo que piensan quienes se sienten perdedores.

Compensar a los perdedores

Cristina Monge, politóloga aragonesa experta en medio ambiente y miembro del comité de expertos que fiscalizó la actuación del Gobierno de coalición en 2020, se muestra concluyente: "La sensación de agravio existe y va a ir a más si no se toman medidas". La docente, una gran defensora de la transición justa, considera que la reformas para descarbonizar la economía son imprescindibles, pero pide que vayan acompañadas de unas políticas públicas ambiciosas para paliar a "las víctimas". De lo contrario, advierte, "lo que pasó en Francia puede volver a pasar en cualquier país europeo". Entre ellos, lógicamente, el nuestro.

En el caso del impuesto al diésel, Monge propone la instauración de una renta climática, como la que ya se ha implantado en Canadá, que distribuiría la recaudación del impuesto —unos 1.200 millones de euros al año, en el caso de España— entre los ciudadanos de forma inversamente proporcional a su renta, para garantizar la progresividad del tributo. En una línea similar, Tagliapietra defiende usar la tasa al carbono, que la Comisión Europea tiene previsto implantar a partir de 2026, para distribuir un 'dividendo' que compense a las familias empobrecidas por el encarecimiento de la energía y favorezca que las clases medias y populares adquieran coches y sistemas de climatización eléctricos.

Foto: El portavoz del PNV, Aitor Esteban, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo, este miércoles en el Congreso. (EFE)

La única forma de que la transición sea justa, coinciden ambos, es que los impuestos que desincentivan las energías limpias no supongan otra vía recaudatoria para el Estado, sino que los perjudicados vean que se destinan a resarcirlos. El propio comité de expertos encargado por Macron tras la revuelta le recriminó —en un extenso capítulo de su informe coordinado por la española Mar Reguant— la falta de alternativas que ofrecía su propuesta. Compensar: esa es la forma de que los perdedores empiecen a apoyar la nueva fiscalidad verde, que tanto Bruselas como Madrid están dispuestas a implantar. Pero no se puede hacer de un día para otro.

Otra de las claves para evitar la irrupción de un movimiento de chalecos amarillos —"una sombra que planea sobre Europa desde que aparecieron", en palabras de Monge— es manejar bien los tiempos. Acelerar desde el poder público la transición en un momento en que los consumidores pagan la factura de la luz más elevada de la historia no parece la mejor idea. Aunque Tagliapietra considera que la crisis energética actual es consecuencia de un problema coyuntural en el mercado de las materias primas y no del cambio hacia una economía verde —solo el 20% del alza de la electricidad se debe al encarecimiento de los derechos de CO2—, advierte de que implantar las nuevas regulaciones demasiado rápido puede generar contestación social. Sin ir más lejos, el impuesto al diésel provocó la revuelta en Francia en un momento mucho más favorable.

placeholder Manifestación a favor de una transición energética justa, en Madrid. (EFE)
Manifestación a favor de una transición energética justa, en Madrid. (EFE)

Europa no puede permitirse cometer el mismo error. De momento, los planes de Bruselas son que el impuesto al carbono tenga un impacto "casi imperceptible" a la hora de llenar el depósito durante los cuatro primeros años de vigencia, explica el investigador. A partir de 2030, la tasa aumentaría progresivamente, cuando las ayudas para comprar coches eléctricos hayan conseguido reducir de forma drástica el número de afectados. De momento, el optimismo de Tagliapietra contrasta con la realidad de nuestro país: según los datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y la patronal de los concesionarios (Faconauto), España solo ha instalado 11.517 puntos de recarga de los 340.000 que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En lo que va de año, apenas se han vendido 20.000 coches eléctricos, frente al parque móvil de tres millones proyectado en el PNIEC para 2030.

Para pasar de las palabras a los hechos, hace falta financiar una transformación del modelo productivo, en línea con el 'Green New Deal' proyectado por la Comisión. Más allá de redistribuir los impuestos medioambientales para compensar a los afectados, es necesario un aumento de la inversión pública y privada que evite una nueva reconversión industrial traumática para el empleo. "Los costes de la transición son muchos —reconoce Monge—, aunque los beneficios también son muchos. Hasta las empresas marrones se están pasando a lo verde". Pero una cosa es la especulación y otra las inversiones que repercuten en la economía real.

Teruel Existe: "La transición energética la estamos pagando por todos lados. Se está perdiendo la oportunidad de que sea justa"

Con una deuda pública que supera el 121% del PIB, el Gobierno confía en el maná de Bruselas para impulsar el proceso. Sin embargo, los fondos europeos se están retrasando y las plataformas de la España vacía temen que los territorios más pobres queden, una vez más, fuera de juego. Los convenios de transición justa, que se han ido firmando desde 2019 en algunas comarcas afectadas por el cierre de centrales térmicas, tardan en llegar para otras. Y cuando llegan, no siempre convencen. "La transición energética la estamos pagando por todos lados. Se está perdiendo la oportunidad de que sea justa", aseguran desde Teruel Existe. Como ejemplo, ponen la central térmica de Andorra, que cerró en julio de 2020 sin que hubiese ninguna alternativa laboral para la zona. En su día, llegó a representar el 5,5% del empleo y el 9% del PIB de la provincia; hoy, solo acoge a 120 trabajadores, "y solo 20 son del pueblo", denuncia la agrupación de electores. El concurso para explotar con proyectos sostenibles los megavatios que dejó libres la planta no ha sido convocado hasta este mismo miércoles, más de un año después del cese de la actividad.

Las renovables, el 'casus belli' español

En el lugar de las viejas instalaciones de energías sucias, que aseguraban empleos estables y actuaban como tractor de otras actividades económicas, la España vacía se está llenando de instalaciones renovables que crean muy pocos puestos de trabajo en el territorio. Si el 'casus belli' de Francia fue el impuesto al diésel, el del incipiente movimiento de rebelión de las provincias españolas están siendo los gigantes eólicos. El rechazo se apoya en tres argumentos. El primero, paradójicamente, es de carácter medioambiental, y denuncia el impacto sobre la biodiversidad. Pero el segundo y el tercero son económicos: destruyen el empleo de la zona, al perjudicar sus motores (la agricultura y el turismo), y no dejan dinero, pues están en manos de grandes empresas de capital foráneo que no pagan por las externalidades negativas que provocan. Toma fuerza la reivindicación de un canon éolico nacional —actualmente, solo existe en algunas comunidades, como Galicia o las dos Castillas—, similar al que se aplica a la energía hidráulica, y que otros países europeos, como Francia o Dinamarca, ya han puesto en marcha.

Foto: Protesta en Galicia contra la instalación de un parque eólico. (EFE)

Pero no todo es el diseño de políticas públicas. La parte sentimental juega un creciente papel en la sociedad actual, y, aunque la mecha siempre prende por un motivo concreto, las causas lejanas del descontento son mucho más complejas. En el ambiente, dos procesos que pueden influir —o confluir— en la génesis de un movimiento como el de los chalecos amarillos: el auge populista y la reivindicación de la España vaciada.

Por un lado, Tagliapietra advierte de que la protesta francesa surgió de la percepción generalizada de un Gobierno elitista y alejado de los problemas de la ciudadanía, que fue aprovechada por los partidos extremistas para fomentar una rebelión antipolítica. "Para evitar el riesgo populista, necesitamos apoyar la transición con políticas sociales", concluye. Como en toda Europa, esa España existe, y se manifiesta en partidos como Vox, el único del arco parlamentario que pone en duda el cambio climático o ha presentado una enmienda a la totalidad —además del BNG, aunque por otros motivos— al fondo energético del Gobierno.

Madrid solo produce el 2% de la energía que consume, mientras que Aragón 'exporta' el 44%

Por otro lado, hay una España apolítica que se siente abandonada por sus gobernantes por haber nacido lejos de los centros de poder. Monge recuerda que la transición solo será justa "si es capaz de apoyar a los territorios que peor lo pasan" y advierte de la desconexión de las élites urbanas con la realidad socioeconómica de gran parte del país. La situación se resume en la conversación que mantuvieron el día de la protesta contra las renovables un miembro de Teruel Existe y un familiar suyo que vive en la capital.

—No entiendo esto de los molinos. Si es tan bueno, ¿por qué protestáis?

—Si ponemos delante de tu ventana ocho molinos tan altos como el Pirulí de TVE, a ver qué te parece.

Basta un dato para entender las realidades paralelas en que ambos interlocutores viven: Madrid solo produce el 2% de la energía que consume, mientras que Aragón 'exporta' el 44% de la que genera.

Entre las múltiples formas de dividir las dos Españas, surge la de los ganadores y la de los perdedores de la transición energética. El tiempo dirá si los segundos se enfundan los chalecos amarillos para cortar carreteras y rodear el Congreso o se conforman con acompañar a Tomás Guitarte, el único diputado de Teruel Existe, en el gallinero del hemiciclo. Quizás un poco más abajo, más cerca del poder. "Estas plataformas podrían tener entre 12 y 15 diputados. En un Parlamento tan fragmentado como el actual, deciden el Gobierno y las políticas. Es una preocupación importante para los partidos estatales", concluye Monge. De momento, ya han decidido presentarse conjuntamente a las próximas elecciones generales. En España, los chalecos pueden ser de raya americana.

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