UP pide una tarifa plana de 10 € para el transporte público en pleno debate sobre el plan anticrisis

El debate sobre la extensión del plan nacional contra la crisis va ganando intensidad. También en el seno del propio Ejecutivo. Mientras que el presidente, Pedro Sánchez, anunció la prórroga del decreto durante tres meses más, hasta el próximo 30 de septiembre, Podemos ha pedido este lunes que permanezca vigente hasta final de año. El partido de Ione Belarra propone incluir una tarifa plana de 10 euros para el transporte público, pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, va mucho más allá y cuestiona la progresividad de las medidas actuales: "No es correcto subvencionar sin sesgo de renta".

La bonificación de 20 céntimos para el combustible está en el centro de todas las disputas. Organismos como el Banco de España y el Consejo Económico y Social (CES) la consideran "ineficaz" y "regresiva", apoyados en un dato nada halagüeño: los precios ya se comen el 75% de la ayuda. En ese contexto, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, abrió la discusión la semana pasada. Y, ahora, Díaz la retoma.

La ministra de Trabajo —que, al igual que Garzón, no está a afiliada a Podemos— se ha mostrado este lunes partidaria de tener en cuesta nuevos factores, como la renta, para poder acceder a la rebaja, que hasta la fecha se ha distribuido de forma lineal entre todos los consumidores que acuden a las estaciones de servicio. Díaz ha puesto su propio ejemplo personal para argumentar que ella recibe el descuento por ir a trabajar en coche, mientras que los usuarios del transporte público permanecen excluidos de la bonificación: "No tiene sentido", ha dicho en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.

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De momento, Podemos no se ha pronunciado oficialmente sobre la polémica bonificación, pero comparte la estrategia de Díaz de poner el énfasis en los medios públicos frente al vehículo privado. El partido ha presentado este lunes sus propuestas de cara a la extensión del decreto, que el Congreso debería aprobar durante las próximas semanas si el Ejecutivo reúne los apoyos suficientes. La principal es la creación de un fondo extraordinario de 560 millones que permita a las comunidades autónomas y a los municipios subvencionar el transporte público a través de una tarifa plana de 10 euros mensuales para todos los usuarios.

La medida se inspira en un programa piloto que acaba de poner en marcha Alemania, donde los billetes integrados de transporte costarán nueve euros durante los meses de verano. Además, va en la línea de las recomendaciones de ahorro de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Comisión Europa para reducir la dependencia energética de Rusia, hasta ahora soslayadas por el Gobierno en su plan anticrisis. Sin embargo, presenta dos grandes problemas.

El primero es que, al igual que la subvención a los combustibles, tendría un carácter universal, por lo que tampoco contribuiría a promover la progresividad que piden los expertos —si acaso de forma indirecta, debido al menor nivel de renta de los usuarios—.

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El segundo hándicap tiene que ver con la escasa efectividad de la ayuda. Según diversos estudios, la elasticidad precio-demanda de este servicio es muy limitada si no va acompañada de una mejora de las rutas. En otras palabras: aunque el transporte público sea más barato, el número de usuarios no se incrementará sustancialmente si no supone una alternativa competitiva al vehículo privado. Los datos recogidos en un trabajo de campo en Suecia, por ejemplo, indican que una disminución de un punto en la tarifa solo aumenta la demanda un 0,26% en el corto plazo.

Las otras dos medidas estrella de Podemos son menos originales. Tanto que una ya se ha aprobado y la otra ya se ha comprometido. La secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha llamado este lunes a través de un vídeo colgado en su cuenta de Twitter a extender el bono social de la electricidad —que también da derecho a recibir el bono social térmico— hasta llegar, al menos, a los dos millones de beneficiarios. Sin embargo, el Real Decreto del 29 de marzo ya contemplaba la ampliación de esta ayuda hasta los 1,9 millones de hogares, 600.000 más que los que lo recibieron en 2021 y prácticamente todos los que sufren pobreza energética, según los cálculos de El Confidencial a partir de los datos del Ministerio de Transición Ecológica.

Podemos también propone reformar el bono para que los trámites de acceso sean más sencillos, pero el plan nacional ya contemplaba su extensión automática durante dos años para todos los perceptores.

Por otro lado, Belarra ha abogado por subir las pensiones no contributivas un 15% con carácter inmediato. Precisamente, la semana pasada el PSOE pactó con Bildu una enmienda a la ley que regulará el fondo público de pensiones para asegurarse el voto favorable de los 'abertzales' a cambio de una revalorización hasta final de año como la que ahora propone Podemos. El propio ministro de Inclusión Social, José Luis Escrivá, confirmó que el Ejecutivo estaba trabajando para que esa medida formase parte del nuevo paquete para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania.

España es el cuarto país europeo que más ha gastado en sus planes para hacer frente a la subida de los precios de la energía: 20.000 millones en el último año, según un estudio del 'think tank' Bruegel. Pese a ello, la tasa de inflación ascendió en mayo al 8,7%, por encima de la media de la eurozona y en niveles que no se veían desde hace cuatro décadas. El Ejecutivo ha centrado su respuesta a la crisis en controlar el incremento del IPC a través de subvenciones indiscriminadas y rebajas de impuestos, pero los expertos abogan por cambiar la estrategia y demandan ayudas quirúrgicas para los colectivos más afectados.