El Gobierno destina 20.000 M contra la crisis mientras los expertos piden ayudas quirúrgicas

España es el cuarto país europeo que ha hecho un mayor esfuerzo fiscal contra la crisis. Desde que el verano pasado reaparecieran los viejos fantasmas inflacionistas en forma de récords de la energía, el Gobierno ha aprobado medidas por valor de 20.000 millones de euros, la mayoría de ellas a través del plan nacional para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Pero la realidad es tozuda: el IPC sigue por encima de la media de la eurozona, mientras instituciones como el Banco de España o el Consejo Económico y Social (CES) señalan un camino diferente. A unas semanas de la extensión del decreto, crecen las voces que piden dejar atrás las ayudas indiscriminadas, como la subvención universal al combustible, y centrarse en los hogares más vulnerables. De momento, Hacienda hace oídos sordos: el 19 de junio hay elecciones autonómicas en Andalucía.

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La ministra María Jesús Montero insiste en que la rebaja de 20 céntimos a la gasolina se mantendrá sin cambios en el nuevo decreto, que prorrogará las principales medidas tres meses más, hasta el próximo 30 de septiembre. El ala socialista del Gobierno no quiere reabrir en plena campaña un debate que considera finiquitado desde el pasado marzo. El descontento social por el encarecimiento de la gasolina generó entonces una durísima huelga de transportistas, con situaciones puntuales de desabastecimiento, que solo pudo cerrarse a golpe de cheque. Para los camiones, pero también para los Ferraris.

Dos meses después, la medida se ha demostrado "ineficaz" y "regresiva". No son palabras de la oposición, defensora de una rebaja de impuestos que tampoco tiene el consenso de los expertos, sino de instituciones independientes como el CES y el Banco de España. Esta semana, la memoria anual de órgano asesor del Ejecutivo en materia socioeconómica y la comparecencia del gobernador, Pablo Hernández de Cos, en el Parlamento han servido para poner sobre la mesa las dudas que se ciernen sobre la medida estrella de Moncloa para frenar la inflación. Pero también un debate más amplio: ¿Está España respondiendo adecuadamente a la crisis?

"Hemos vinculado las pensiones al IPC y por eso necesitamos subvencionar los carburantes"

Jorge Galindo, director de economía política del laboratorio de ideas EsadeEcPol, resume la respuesta en una frase: "Lo que busca el Gobierno es frenar el IPC, no paliar la inflación". El matiz ilustra: no es lo mismo contener el índice de precios al consumo a corto plazo que diseñar medidas duraderas para proteger a los más vulnerables de la crisis energética sin alimentar la espiral inflacionista.

El Gobierno optó por el camino sencillo, a través de una rebaja lineal que afecta tanto al conductor de una furgoneta que no llega a fin de mes como al turista que se alquilará este verano un coche de alta gama. Todo financiado con los impuestos de los españoles. Lo urgente, apunta Galindo, era atajar cuanto antes la subida de precios del 9,8% que asustó al Ejecutivo en marzo, después de varias décadas en las que la preocupación había estado en los bajos niveles de inflación: "Hemos vinculado las pensiones al IPC y por eso necesitamos subvencionar los carburantes".

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En abril se consiguió un respiro, pero el índice de precios al consumo volvió a repuntar cuatro décimas en mayo, mientras el precio real de los carburantes se acercaba a sus máximos históricos y el que paga el consumidor se comía el 75% de la subvención del Ejecutivo. Por el camino, 1.400 millones de euros que —según las sospechas alimentadas por la vicepresidente del Gobierno, Nadia Calviño, y nunca corroboradas por la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC)— han podido acabar en las cuentas de resultados de las gasolineras.

La estimación es del 'think tank' europeo Bruegel, con sede en Bruselas, que eleva la factura de las medidas españolas contra la crisis a 20.000 millones de euros. Se trata del cuarto mayor montante de toda la zona euro, solo por detrás de Alemania, Francia e Italia, y también del cuarto en relación con el PIB. España se ha dejado el 1,7% de su riqueza en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), rebajas de impuestos a la luz y subvenciones varias. Pero eso no ha evitado que la inflación siga por encima de la medida de la eurozona, donde solo Grecia, Lituania e Italia han emprendido esfuerzos tan onerosos.

El estudio de Bruegel recoge cuatro paquetes de medidas: el real decreto de 'hachazo' a las eléctricas, en septiembre (2.600 millones), el refuerzo del bono social térmico, en octubre (100 millones), el plan nacional contra la guerra (16.000 millones) y el citado reembolso al combustible, ambos en marzo. Sin embargo, basta un solo dato para reflejar la línea de brocha gorda que ha trazado el Ejecutivo: el real decreto para ayudar a los consumidores vulnerables a pagar la calefacción solo se llevó el 0,5% del gasto total. Es 14 veces menos que la rebaja a la gasolina, pese a que el primero cubría todo el 2021, frente a los tres meses de la medida que ahora el Gobierno se empeña en extender.

La inflación sí entiende de clases

A diferencia de los modestos planes de estímulos durante la crisis del coronavirus, esta vez el Ejecutivo español está gastando como pocos, pero crecen las voces que le piden gastar de otra manera. En el seno del Ejecutivo, Unidas Podemos empieza a sentirse incómodo con las medidas regresivas, y el propio ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha atacado esta semana el diseño actual de la rebaja al combustible: "No necesita la misma cantidad de subvención una gran fortuna que cobra 200.000 euros al año que una pequeña fortuna, por decirlo irónicamente, que no llega ni a 10.000". Montero le respondió que las clases medias pagan más impuestos y también necesitan una compensación, pero la lógica económica contradice esto último.

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Aunque afecta a todos, la inflación es el impuesto de los pobres, y la primera gran crisis inflacionista en cuatro décadas está aumentando los niveles de pobreza. Lo que empezó como una espiral energética se está empezando a trasladar al conjunto de la economía, con un impacto desigual en función de la renta, como demuestra este informe del servicio de estudios de CaixaBank. El título no puede ser más enfático: 'La inflación sí entiende de clases'. Las más bajas ven cómo se reduce su renta disponible de una forma mucho más rápida, ya que la mayor parte de sus ingresos se van en pagar las facturas energéticas y los alimentos.

Según Eurostat, los hogares con menores recursos concentran un tercio de sus gastos en estas partidas, mientras que en los de mayor renta no llega al 15%. Y precisamente los bienes de primera necesidad, apunta el estudio, son los que más han subido en el actual escenario inflacionista. El resultado: la inequidad a causa de la inflación ha escalado a sus mayores niveles en una década, mientras la demanda de los bancos de alimentos crecerá este año un 20%, según la Fundación "la Caixa", y el ingreso mínimo vital solo llega a 800.000 familias, un tercio de las previstas inicialmente por el Ministerio de Inclusión.

El Gobierno debe claudicar en su empeño de controlar la inflación con la política fiscal y dejar ese cometido a la política monetaria del BCE

Mientras el Ejecutivo se ha centrado en bajar los impuestos a la luz a todos los españoles y subvencionar el combustible a todos los que reposten en España, con el objetivo de frenar el IPC, los colectivos más vulnerables capean la situación con un apoyo público muy similar al habitual. Y eso, en este país, supone agravar un problema estructural —la tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión está entre las más altas de Europa— por circunstancias coyunturales, como ya ocurrió con la crisis del coronavirus. Hay algunas excepciones, como la extensión del bono social al conjunto de familias que sufren pobreza energética y el aumento de su cuantía, pero solo constituyen un parche cuando los 10 millones de usuarios acogidos a la factura regulada afrontaron en marzo el recibo más caro de la historia.

Un informe de EsadeECPol, titulado 'Cómo alinear los objetivos de independencia energética y descarbonización', propone un cambio de paradigma: el Gobierno debe claudicar en su empeño de controlar la inflación con la política fiscal y dejar ese cometido a la política monetaria del Banco Central Europeo. En su lugar, surge un incipiente consenso ejemplificado en los halagos del diputado de Unidas Podemos, Txema Guijarro, al gobernador del Banco de España tras su comparecencia el pasado miércoles en el Congreso.

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El discurso de De Cos resultó tan concluyente como el que había pronunciado unas horas antes el presidente del CES, Antón Costas, apenas 500 metros más abajo. Dos ideas fuerza: el impacto de la guerra es asimétrico y ya va siendo hora de que las ayudas se centren en los más vulnerables. Costas incluso llegó a plantear un subsidio complementario al ingreso mínimo vital que permita compensar los costes de la inflación en los hogares más necesitados, mientras que Galindo es partidario de relajar los requisitos de la ayuda actual para que incorpore a más gente, aunque sin ligarla a la pérdida de poder adquisitivo para no alimentar posibles efectos de segunda ronda.

Las fórmulas abundan, pero el músculo fiscal es limitado, como se encargó de recordar De Cos. ¿Por qué el Gobierno no atiende, entonces, a los expertos y sigue tirando de chequera en lugar de aplicar medidas quirúrgicas para los grupos que más lo necesitan?

Galindo apunta al descontento: la necesidad de aplacarlo motivó el decreto de marzo, y el miedo a que reaparezca condicionará su extensión. A nadie le hace gracia que le suban 20 céntimos el precio de la gasolina de un día para otro, aunque antes se lo hubiesen bajado. Y menos si ese día es domingo y las urnas reflejan el sol de justicia del verano andaluz.