Comercializadoras dudan del plan del Gobierno para bajar la luz: "Podría ahorrar solo un 5%"

El pasado 27 de abril, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que su plan aprobado por Bruselas para bajar la luz se notaría en la factura de mayo y podría reducir el recibo un 30%. Lo primero no se podrá cumplir, porque la Comisión Europa no dará el plácet definitivo hasta junio, con lo que los consumidores no notarán nada hasta ver el recibo de ese mes, que no llegará hasta el verano. Es decir, más de tres meses después de que el presidente del Gobierno anunciara la medida. Sobre lo segundo, el nivel de ahorro, cada vez hay más dudas. La máxima responsable de la política energética en España ya matizó el pasado 13 de mayo, al aprobarse el mecanismo, que los ahorros estarían como mínimo en el 15%.

Ahora, tras detallarse en el BOE el funcionamiento de la intervención del mercado eléctrico 'topando' la generación con gas, hay responsables de importantes comercializadoras de luz que opinan que, según sus análisis internos, a los que ha tenido acceso El Confidencial, en determinados escenarios nada descartables los ahorros podrían caer hasta tan solo un 5%.

Desde diversas empresas dedicadas a la compra y venta de electricidad, que se ven impactadas de manera directa por este mecanismo, ponen el acento en el elevado grado de incertidumbre a que están sometidas, ya que hay una serie de variables incontrolables que serán las que determinen hora a hora el nivel del ahorro, por lo que están teniendo serios problemas para implementar estrategias comerciales de cara a los próximos 12 meses que durará la intervención del mercado.

Según los cálculos más preliminares, basados en la información facilitada por el Ejecutivo, los ahorros estarán entre el 15% y el 5%, dependiendo de las circunstancias. Tras 'topar' el gas, el mercado marginalista se pondrá en alrededor de 130 euros, según el Gobierno. Sin embargo, los mercados de futuro están apuntando a precios más de entre 140 y 150 euros. Es decir, que el propio mercado no acaba de creer el vaticinio del Gobierno. El cálculo del Ejecutivo está hecho para el CO₂ a 80 euros por tonelada, mientras que durante los últimos días ya ha superado con creces esa cota.

Pero más allá del precio que marque el mercado 'pool', para los expertos en regulación consultados la clave será la compensación o ajuste que se habrá de pagar para las plantas de generación eléctrica con gas natural, que seguirán funcionando igual. Ya desde hace semanas se viene insinuando que esto provocará dos cambios de comportamiento en el mercado.

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Por un lado, Francia utilizará mucho más la electricidad que llegue de España a través de la interconexión, lo que obligará al 'mix' de generación nacional a producir más. Esto, según estiman, provocará un mayor uso de los ciclos combinados de gas de lo que es habitual. Subvencionar parte de la luz al país galo fue uno de los peajes que tuvo que pagar España para lograr el plácet de la Unión Europea.

Por otro lado, se prevé que las eléctricas, que gestionan las plantas hidráulicas de los embalses y que eran contrarias a esta reforma, no generen mucha electricidad por esta vía, ya que el nuevo mecanismo hace que no tengan ningún incentivo como ocurre en la actualidad, por lo que preferirán dejar que se llenen los pantanos y esperar a que pase el año en que aplica el mecanismo y mientras tanto utilizar las plantas de ciclo combinado cuyo gas está subvencionado. Solo así se entiende que desde el pasado 25 de marzo, día en que España y Portugal acordaron la medida con el Consejo Europeo, se haya disparado la producción hidráulica, pese a que el nivel de los embalses es anormalmente bajo. Los analistas creen que turbinan ahora todo lo que pueden, ya que una vez que entre en vigor el tope al gas no tendrán ningún incentivo a hacer un uso eficiente del agua embalsada.

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Teniendo en cuenta estas hipótesis, se estima un uso de alrededor del 25% del 'mix' de generación eléctrico con gas, carbón y cogeneración sin prima, que habrá que compensar por parte de los usuarios beneficiados de la medida. Y aquí está la tercera fuente de incertidumbre. El Gobierno ha dado de plazo a las eléctricas hasta este lunes para que demuestren ante los reguladores que tienen clientes con contratos ya preestablecidos para quedar exentos de la compensación al gas. Esto quiere decir que, cuantos más clientes se encuentren bajo este paraguas de coberturas, serán menos los clientes que tendrán que asumir el coste de la subvención al gas.

En el mercado se estima que entre un 40% y un 60% de usuarios tienen contratos fijos, con coberturas financieras, que estarían exentos de pagar el nuevo mecanismo. Si finalmente solo un 40% de usuarios paga y se dispara el uso de ciclos combinados, el coste a pagar es mayor. La última gran fuente de incertidumbre, la cuarta variable incontrolable, es cuánto habrá que compensar en función del precio del gas en el mercado internacional. Pero teniendo en cuenta los precios actuales, la conclusión de las fuentes consultadas es que el mercado marginalista más la compensación podría oscilar entre los 175 y los 210 euros por MWh (entre 135 euros y 150 euros por MWh más la compensación). Es decir, que los ahorros podrían quedar entre el 15% y el 5%, muy por debajo de lo que estaría vaticinando el Ejecutivo ante la opinión pública, cada vez más hastiada por el nivel récord de inflación en cuatro décadas. Por ello, ya hay quien cuestiona si una reforma de este calado, que cambia las reglas que siguen los otros 26 Estados miembros de la Unión, merece la pena, sabiendo la cantidad de efectos secundarios negativos que podría generar. El Gobierno ya tuvo que rectificar en noviembre el recorte aplicado a las eléctricas en septiembre, tras admitir que generaba efectos indeseados.

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Entre los que se llevan la peor parte ahora están algunas comercializadoras de luz, muchas de las cuales no están de acuerdo con diversas partes del nuevo mecanismo. Es más, la asociación que representa una parte de ellas, ACIE, ha debatido el lanzamiento de una nota pública para hacer llegar sus consideraciones al Ejecutivo. Existen diversas quejas, la mayoría de ellas de corte técnico, pero el principal miedo de alguna de ellas es que el tope al gas acabe por complicar su actividad, ya muy tocada con la actual situación de precios. "Quizá para las eléctricas la medida reduzca algo sus beneficios, pero nosotros nos estamos jugando nuestra supervivencia", lamenta un directivo de una empresa de este ramo. Desde que se iniciara la crisis energética, las grandes 'utilities' le han dado la vuelta a la tortilla y la pérdida de clientes que sufrían desde que se liberalizó el sector se ha revertido. Recuperan clientes a costa de las pequeñas empresas, que en el primer trimestre perdieron casi un 10% de usuarios, según constata la CNMC.