El bono social se renovará de forma automática durante dos años y llegará a todos

El bono social se renovará de forma automática durante dos años y ampliará en 600.000 su número de beneficiarios, hasta llegar al 95% de los hogares que sufren pobreza energética. La medida, aprobada este martes en el Consejo de Ministros que ha dado luz verde al Plan Nacional de Respuesta a la Guerra, relaja los criterios de renta para acceder a las ayudas, hasta incluir a prácticamente todas las familias que no pueden calentarse en invierno.

Pese a que la lucha contra la pobreza energética es una de las grandes banderas del socio minoritario del Ejecutivo, el bono social no ha sido efectivo hasta ahora. Más de la mitad de las familias en situación de pobreza energética no recibe las ayudas, que llegan en dos direcciones: por un lado, el bono social eléctrico, aprobado hace más de una década por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que financian y gestionan las empresas energéticas, y el bono social térmico, que impulsó Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 y otorgan las autonomías con cargo a los presupuestos generales del Estado. Los perceptores del primero también lo son del segundo.

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Ahora, el Ejecutivo ha dado un gran paso adelante para mejorar esta situación a través de una reforma que ampliará en 600.000 el número de perceptores; hasta el momento solo llegaba a 1,3 millones de hogares. Si se cumplen los planes de Moncloa, el bono social beneficiará a 1,9 millones, de los en torno a dos que padecen pobreza energética. Se trata del 95% de quienes no pueden calentarse en invierno, frente al 55% actual, según la estimación realizada por este periódico a partir de los indicadores de pobreza energética del propio Ministerio de Transición Ecológica de 2020 —los últimos disponibles— y los datos del número de personas por hogar del Instituto Nacional de Estadística. Apenas unas 100.000 familias seguirían excluidas. El cálculo, sin embargo, resulta conservador: está hecho con base en cifras previas a la actual crisis energética y empeora si se echa mano de los informes de las asociaciones.

El avance que suponen las medidas aprobadas este martes, entre las que se encuentra la concesión del bono a todos los perceptores del ingreso mínimo vital, es muy relevante. Gracias a ellas, un 45% más de "personas convivientes" podrá acceder a la ayuda. De hecho, el concepto de familia empleado hasta la fecha se elimina, para favorecer el incremento del número de beneficiarios más allá de cuestiones formales (uno de los factores que se tienen en cuenta para otorgar y calcular la cuantía de la ayuda es el tamaño del hogar).

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La reforma elimina algunas de las trabas burocráticas que limitaban el alcance del bono social eléctrico y, por extensión, del térmico, que se recibe a través de un pago único anual de entre 35 y 350 euros. Las asociaciones de consumidores siempre han denunciado que las eléctricas requieren un gran papeleo para dificultar la renovación del primero, que tenía que realizarse cada dos años. Ahora, eso no será necesario, pues se prorrogará de forma automática durante otros dos años a partir de la fecha de caducidad. El Gobierno asume, así, que la crisis energética va para largo, lo que agravará un problema estructural de España: el 11% de las familias ya pasaba frío incluso antes de que los precios de la luz y del gas se empezasen a disparar.

Además, el Ejecutivo afloja los requisitos de acceso. Hasta ahora, los consumidores tenían que cumplir unos criterios de renta muy exigentes, con la excepción de los pensionistas y las familias numerosas. La referencia para determinar si un hogar puede acceder o no a la subvención, así como la cuantía de la misma, es el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), actualmente situado en 537,84 euros. Si se superan determinados umbrales calculados con respecto a este indicador, no hay derecho a las ayudas. Para aumentar el número de perceptores, el Gobierno aumentará en 0,3 puntos el múltiplo del Iprem en el caso de los adultos y en 0,5 en el de los niños.

Por último, el Ejecutivo ampliará hasta el 30 de junio las cuantías extraordinarias del bono eléctrico. Así, se subvencionará el 60% de la factura a los consumidores vulnerables y el 70% a los vulnerables severos, frente al 25 y al 40% que estuvo vigente hasta el pasado octubre. Para hacer frente a ese sobrecoste, la partida presupuestaria aumentará en 228 millones de euros. El decreto también reforma la financiación del bono, que no solo correrá a cargo de las empresas comercializadoras, como declaró ilegal el Tribunal Supremo, sino también de las encargadas de la generación, el transporte y la distribución.