El nuevo malestar social: las protestas crecen al margen de sindicatos y patronales tradicionales

El paro de los transportistas de esta semana ha sorprendido al Gobierno y a los agentes sociales. Las grandes federaciones del transporte casi se mofaban de la convocatoria de huelga indefinida al inicio de la semana, pero a medida que pasaban los días y los paros se intensificaban, la preocupación se fue disparando. Hasta el punto de que el jueves ya exigían al Gobierno soluciones para evitar el bloqueo de las carreteras. Aunque estas federaciones se han opuesto a las movilizaciones, empiezan a asumir que muchos de sus afiliados están secundando los paros en señal de protesta ante la escalada de los precios de los carburantes. De esta forma, la huelga no solo ha surgido al margen de los sindicatos y patronales institucionales que copan las mesas de diálogo con las Administraciones Públicas, es que además han perdido la capacidad para desactivar las movilizaciones sociales.

Ha sido, como califica una fuente de la CEOE, una huelga "de abajo hacia arriba" que ha terminado bloqueando las carreteras de España. En un primer momento, las federaciones patronales pidieron a sus afiliados que no cesaran la actividad, pero a lo largo de la semana se han puesto de perfil ante su incapacidad para frenar a los manifestantes. "Muchos de nuestros afiliados nos piden parar como están haciendo el resto de sus compañeros", explican desde una de estas federaciones. La atomización del sector favorece la capilaridad de la protesta: en España, dos de cada tres operadores son autónomos con uno o dos camiones a su cargo. La crisis de representación de las asociaciones tradicionales ha favorecido el surgimiento de movimientos paralelos que ahora son incontrolables.

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La asociación que convocó la huelga, Plataforma Nacional, saltó a los medios al inicio de la semana por una polémica entrevista que concedió a 'El Plural' uno de sus portavoces, José Fernández, que calificaba al presidente de Ucrania de "nazi" y aseguraba que el país tiene "laboratorios de armas biológicas para matar a la mitad de la humanidad". La respuesta del Gobierno fue desacreditar a los manifestantes calificándolos de "extrema derecha" y de "agitadores" e ignorando sus reivindicaciones.

El derroche de descalificativos por parte del Gobierno no ha servido para frenar las movilizaciones, al contrario, ha caldeado más el ambiente. Los transportistas no comprenden que el Gobierno quiera retrasar más el paquete de ayudas que ya ha anunciado, dado que su situación es límite ahora. Los agentes sociales institucionales han criticado también las movilizaciones. Un buen ejemplo es el vídeo que publicó esta semana el secretario general de UPTA (asociación de autónomos próxima a CCOO), Eduardo Abad, en el que exigía a los manifestantes: "Dejen de actuar de forma totalmente 'trapichera' y terminen de arreglar sus problemas".

Es cierto que los paros patronales, igual que las huelgas obreras, generan efectos colaterales negativos. Sin embargo, este no ha sido un argumento que haya detenido movilizaciones sindicales en otras ocasiones. En esta, como en otras anteriores, los piquetes han jugado un papel clave. A lo largo de la semana, los manifestantes han cortado carreteras y han realizado ataques contra otros compañeros que no secundaban los paros. Unos actos vandálicos que está agravando el impacto económico de la guerra en Ucrania. Todos los sectores de la alimentación se están viendo afectados por los transportistas y se preguntan si realmente la situación que sufren justifica paralizar la cadena de suministros del país. Máxime en una coyuntura tan complicada por los últimos coletazos de la pandemia y ahora la crisis energética.

Las redes sociales

La mayoría de los 'sublevados' no son profesionales de la agitación, sino todo lo contrario. Miguel Ángel Maquedo apenas había participado en acciones reivindicativas una o dos veces desde que empezó en el sector como autónomo, casi al mismo tiempo que la pandemia irrumpía en nuestras vidas. A sus 33 años, es la primera vez que forma parte de un piquete. Nunca antes se lo había planteado, pero la desesperación le ha llevado a dar un paso adelante: "Me estoy yendo a la quiebra y tengo tres hijos".

Su caso resulta paradigmático de lo que está ocurriendo estos días. Maquedo pertenece a la Asociación de Transportistas del Puerto de Barcelona, una plataforma de autónomos integrada en Fetransa. Esta última forma parte de la mesa nacional que negocia con el Gobierno y evitó sumarse al paro. Así que el transportista decidió dar el paso. Al saber que la Plataforma Nacional estaba promoviendo movilizaciones, se puso en contacto con ellos, que encontraron a la persona perfecta para liderar una zona en la que no estaban organizados. De la noche a la mañana, Maquedo se ha convertido en el hombre fuerte de Manuel Hernández, el presidente de la Plataforma, en Barcelona.

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Como él, miles de transportistas se han movilizado a lo largo de España decepcionados con la inacción de las asociaciones tradicionales, a las que muchos todavía pertenecen. Las acusan de representar los intereses de la patronal, y no de los pequeños autónomos como ellos, mientras que en los grupos de WhatsApp, Telegram o Facebook proliferan todo tipo de insultos contra los sindicatos. "Están más que vendidos. Reciben subvenciones y son afines al Gobierno. No nos van a apoyar nunca", resume Maquedo.

Hernández ha sabido aprovechar la crisis de representación para recoger todo ese descontento, hasta convertir lo que hasta ahora era un actor anecdótico en el gran aglutinador de las protestas. Pero que nadie se llame a engaño: no tiene el control de un movimiento que, aunque haya encontrado nuevas vías de articulación, funciona de manera espontánea. No hay más que ver el grupo de Telegram de Plataforma, donde las acusaciones de infiltración abundan en una diarrea de mensajes que transitan desde las llamadas a la violencia hasta los mensajes de calma. La discusión política lo enfanga todo y, pese a que se vierten opiniones de todas las tendencias, predominan la difusión de mensajes de apoyo a Vox y noticias de medios de comunicación próximos a sus postulados.

Desde este canal central, donde no hay filtro de entrada ni límite de participantes, los simpatizantes del movimiento se van repartiendo a través de los grupos de WhatsApp territoriales, que sirven como punto de encuentro para preparar los piquetes. En Barcelona, por ejemplo, hay siete, ya que cada uno de ellos puede albergar un máximo de 256 usuarios y los primeros se han ido desbordando. Personas como Maquedo, muchas de ellas sobrevenidas, administran los canales en nombre de la Plataforma y convocan las acciones. Pero su prioridad es la movilización, no el control total: muchas veces se crean pequeños grupúsculos que actúan por su cuenta, aprovechando estas redes sociales para sumar gente a los piquetes, con o sin el conocimiento de aquellos que actúan como enlace de Hernández y difunden sus mensajes en las diferentes provincias.

En ocasiones, las protestas desbordan cualquier canal oficial. Es el caso del grupo de Telegram 'Huelga Transporte', que se creó en enero con una decena de integrantes para conversar sobre banalidades y, desde el inicio del paro, se ha convertido en un foro que difunde todo tipo de propaganda a favor de la movilización y pone en contacto a los participantes en los piquetes. El simple hecho de que su administradora, que nada tiene que ver con el sector, compartiese el enlace en el canal de la Plataforma Nacional disparó la afiliación al grupo, donde sus cerca de mil usuarios comparten en tiempo real dónde están teniendo lugar las protestas o preguntan por ellas para sumarse.

La protesta fluye de manera casual, como resume Maquedo con un ejemplo: "Los convoco [por el grupo de WhatsApp] a las 4:30 en Mercabarna, y la gente viene y a partir de ahí van conociéndose y dicen: 'Pues vamos al Garraf'". Lo que se inicia como un piquete en Barcelona formado por manifestantes anónimos citados por las redes sociales de Plataforma se convierte, en cuestión de horas, en un pequeño grupo de acción de personas de una misma comarca que, en muchos casos, solo responde ante sí mismo. Gracias a este funcionamiento, impensable hace unos años, el movimiento se va extendiendo y cada vez resulta más difícil encontrar unos interlocutores claros. El nuevo malestar es más imprevisible que nunca.

El nuevo malestar

Jorge Galindo, doctor en sociología y director de economía política del laboratorio de ideas de Esade (EsadeECPol), caracteriza el descontento: "Es lo que sucede cuando surgen nuevos grupos de perdedores cuyas demandas no están institucionalizadas". En este caso, los miles de transportistas autónomos que no pueden cubrir gastos mientras el combustible se dispara y ven cómo el Gobierno aplaza dos semanas cualquier decisión y solo reconoce como legítimas a las asociaciones que no recogen el sentir mayoritario. Pero, si toda la ciudadanía se está viendo afectada por la espiral inflacionista, ¿por qué han sido ellos la avanzadilla de la protesta?

La guerra en Ucrania solo ha supuesto la gota que colma el vaso de un descontento que viene de lejos y llegó a provocar la convocatoria de una huelga antes de Navidad, finalmente suspendida tras un acuerdo con el Ejecutivo. En ese momento, la inclusión de una cláusula para que los clientes recurrentes de los transportistas se hiciesen cargo de las subidas de los carburantes desde el momento del encargo hasta la prestación del servicio solucionó la papeleta. Pero no el problema de fondo: el sentirse perdedores de un proceso, la transición energética, que ha encarecido sus costes y les obliga a hacer un gran esfuerzo de adaptación por el que no se ven recompensados.

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Este diario ya planteó el debate el pasado diciembre: ¿es posible el estallido de una revuelta como la de los chalecos amarillos en nuestro país? La conclusión ha ido ganando vigencia con el paso de los meses: España no es Francia, pero cada vez se le parece más. El actual hartazgo por la subida de los combustibles ya era palpable en aquel momento, pero entonces se impuso la vía política, que pospuso el alza de los impuestos a los carburantes tras un pacto entre el PSOE y el PNV. Ahora, mientras la oposición y los transportistas proponen una rebaja fiscal que atenta contra los principios del proceso de descarbonización, queda patente que aquel solo fue un parche más.

Galindo coincide con Simone Tagliapietra y Cristina Monge, los expertos consultados entonces por El Confidencial: la transición energética resulta irreversible, pero hace falta compensar a los perdedores para que sea social y políticamente viable. Y entre ellos destaca dos grupos: los hogares con rentas bajas y lo que el sociólogo llama "pequeños propietarios", como ganaderos o transportistas, que no constituyen exactamente el segmento con menores ingresos, pero se ven especialmente impactados por la subida de los costes energéticos. La mayor contestación ha venido de estos últimos, ya que, destaca Galindo, tienen más recursos económicos, materiales y morales para protestar. Sean o no los grandes damnificados, se sienten como tal, y esta percepción puede acabar quemando las calles de París o vaciando los supermercados de Guadalajara si no se actúa a tiempo.

Más allá de las medidas coyunturales para resolver el problema actual, hace falta atacar la raíz del descontento. Galindo propone hacer partícipes a estos "pequeños propietarios" de la transición, con una política de ayudas para transformar sus flotas y compensar los costes de adaptación a la nueva economía verde. Pero llegamos tarde, lamenta. Para apaciguar los ánimos en el corto plazo, solo existen dos soluciones: o subvencionar los combustibles o bajarles impuestos. Ambas son muy perjudiciales para la meta que persiguen todas las medidas de transición: un mayor precio de las fuentes de energía sucias que acabe desincentivando su uso.

El Gobierno sigue esperando para actuar y se reúne con los interlocutores de siempre

El problema tiene difícil salida, y ni siquiera existen vías para encauzarlo. La única que les queda a muchos es la calle. "Los sindicatos, la patronal y los partidos políticos no están sabiendo canalizar las demandas", recuerda Galindo. El sistema político español ha resultado especialmente rígido para adaptarse a las nuevas formas de protesta, y la esperanza de una modernización que eclosionó el 15-M ha acabado por disiparse con Unidas Podemos dentro del Gobierno. Esta vez, son otros los que intentan apropiarse del descontento, y el sociólogo perfila dos escenarios: "O se institucionaliza o, si va por fuera, se puede capitalizar políticamente a la contra".

Las masivas manifestaciones de este fin de semana, mientras el Gobierno sigue esperando para actuar y se reúne con los interlocutores de siempre, sugieren que estamos más cerca de lo segundo que de lo primero. Las soluciones no llegan y los "emprendedores políticos", como los califica Galindo, están al acecho para sacar tajada. Esta vez, ni siquiera ellos pueden controlar una protesta azuzada por un admirador de Putin al que se han sumado miles de personas anónimas movilizadas a través de las redes sociales.