La oleada de protestas coge al Gobierno sin margen presupuestario ni el auxilio del BCE

Cuando estalló la pandemia del coronavirus, hace ahora dos años, parecía que España no tenía margen fiscal para realizar una política fiscal expansiva que contrarrestase la crisis económica. Con una ratio de deuda pública en el 95% del PIB, muchos pensaban que los mercados obligarían al Gobierno a hacer los ajustes que no había realizado hasta entonces. Se equivocaban, el Banco Central Europeo salió al rescate de los países más endeudados disparando sus compras de bonos públicos, lo que permitió a los socios europeos financiar la respuesta a la crisis. En el caso de España, el déficit público escaló al 11% del PIB, lo que permitió pagar la sanidad, los servicios sociales, el ejército o los ERTE.

Dos años después ha estallado otra crisis, esta vez energética, provocada por la guerra en Ucrania. Y, a diferencia de entonces, España está ya en una situación fiscal muy delicada y ya no tiene el respaldo del Banco Central Europeo. La realidad es que las cuentas públicas tienen poco margen para grandes impulsos fiscales y esto explicaría que el Gobierno esté retrasando las ayudas a empresas y familias por la crisis energética. Su principal objetivo es conseguir que Bruselas termine con los llamados 'beneficios caídos del cielo' para las eléctricas, lo que supondría una rebaja inmediata del precio de la luz a coste cero para el erario público.

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De ahí la gira europea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para convencer a distintos países de la UE de la necesidad de modificar el sistema actual de fijación de precios. Un sistema que se creó para incentivar la inversión en energías renovables y en mejoras tecnológicas, otorgándoles unos beneficios adicionales que ahora podrían desaparecer.

El margen que tiene el Gobierno para hacer bajadas de impuestos generalizadas o grandes planes de ayuda pública es muy limitado. Así se lo advirtió el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, esta misma semana: "El carácter selectivo que debe adquirir el apoyo de la política fiscal se justifica también por la necesidad de minimizar el impacto sobre los desequilibrios presupuestarios en un escenario en que estos han aumentado de manera muy significativa durante la crisis". Esto significa que nada de 'café para todos' con las bajadas de impuestos porque no hay espacio fiscal para ello. Al contrario, las ayudas tendrán que focalizarse exclusivamente en las familias y las empresas que más lo necesiten, lo que dejará al resto de la población y del tejido social al descubierto ante la escalada de los precios.

Estos son los números: España cerró el año 2021 con una deuda pública en el entorno del 119% del PIB. Esto es, sale de la pandemia con casi 25 puntos más de deuda, lo que explica que, si hace dos años ya había dudas sobre el margen fiscal, ahora hay muchas certezas. Y no son halagüeñas precisamente.

En 2021 la deuda pública se redujo levemente, en poco más de un punto del PIB, lo que fue celebrado por el Gobierno como un gran éxito de su política económica. Sin embargo, esta mejora fue consecuencia de la escalada de los precios en la segunda mitad del año, que permitió elevar el PIB nominal (el que se mide en precios corrientes) que finalmente creció más que la deuda. Esto significa que la mejora de la ratio de endeudamiento fue un espejismo provocado por la inflación. Además, hay otra cuestión relevante y es que una importante consecuencia de la subida de los precios se dejó pendiente para el año 2022: la 'paguilla' compensatoria de las pensiones. Esto es, la paga adicional que percibieron los pensionistas para compensar la subida de los precios y que se abonó en enero.

El Gobierno pensaba iniciar este año el ajuste fiscal posterior a la pandemia, moderando el gasto público y subiendo los impuestos. Entre las medidas acordadas con la Comisión Europea se encontraba la subida del impuesto al diésel antes de finalizar el año. Sin embargo, el inicio de la guerra en Ucrania cambió todos los planes. Ahora el ajuste fiscal parece impensable y lo que hacen familias y empresas es exigir al Gobierno un nuevo paquete de estímulos fiscales para compensar la inflación. Pero esta vez la historia es muy diferente a la de 2020.

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No solo la deuda pública es 25 puntos superior, es que el déficit público también es muy elevado. Aunque todavía no hay cifras del cierre de 2021, lo que sí es cierto es que la deuda pública empezó el año con un crecimiento interanual del 5,6%. Y esto era antes del inicio de la guerra. En resumen: no solo la deuda pública está más alta, sino que cualquier estímulo se sumará a un déficit público ya elevado.

Pero lo que es más importante en esta ocasión es que el Banco Central Europeo ya no estará comprando deuda pública española en los mercados secundarios. La diferencia es que en esta crisis la inflación tiene un papel protagonista al tratarse de un 'shock' energético. Por este motivo, los bancos centrales de todo el mundo están iniciando una retirada de los estímulos monetarios, aunque eso signifique dejar de apoyar la recuperación.

En Europa, el Banco Central Europeo terminará este mes de marzo su programa de compras de deuda de emergencia de la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) y también va a reducir su programa tradicional (APP) de forma drástica en los próximos meses. Eso significa que el Tesoro ya no tendrá al BCE comprando todo el papel que salga al mercado, lo que supone un hándicap a la hora de financiarse.

Para empezar, los tipos de interés de las últimas emisiones están subiendo rápidamente. Por ejemplo, España llevaba desde el segundo trimestre de 2019 emitiendo bonos a 10 años a un tipo de interés inferior al 1% y llegando a un mínimo del -0,03% durante la pandemia. Sin embargo, en las últimas semanas el coste ha subido rápidamente hasta situarse por encima del 1,3%. Esto significa que para una emisión de un bono por valor de 5.000 euros, el Estado terminará pagando más de 650 millones de euros, mientras que con las emisiones de hace un año no pagaba nada.

Este cambio de postura del BCE, forzado por la escalada de la inflación, es clave para España debido al impacto que tiene sobre la carga de intereses. Si bien es cierto que la entidad no tiene prisa en subir los tipos de interés, si la guerra se prolonga tendrá complicado mantenerlos en el -0,5% actual. El tiempo corre en contra de España, ya que la persistencia del 'shock' elevará las presiones inflacionistas y tendrá un impacto acumulativo sobre la renta de las familias, las empresas y el propio Estado. La incertidumbre sobre la duración de la guerra y del 'shock' inflacionista obliga al Gobierno a guardarse alguna bala para el futuro.

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Es cierto que los ingresos públicos están creciendo rápidamente gracias a la inflación (IVA e impuestos especiales) y a la subida de los salarios (IRPF y cotizaciones sociales). Pero también es cierto que la inflación dispara los gastos. Por ejemplo, las pensiones están indexadas al IPC y cada punto de subida de este supone 1.500 millones más de gasto anual. Y el IPC actualmente está más cerca del 10% que del 5%. También el ingreso mínimo vital subirá tanto o más que el IPC, ya que está indexado a las pensiones mínimas. Por su parte, los sindicatos de funcionarios están exigiendo subidas salariales que garanticen su poder adquisitivo. En definitiva, que la inflación tendrá también efectos negativos sobre las cuentas públicas.

La reacción del gobernador del Banco de España solicitando una política fiscal responsable con ayudas muy bien focalizadas da buena muestra de la situación tan delicada de las cuentas públicas de España después de años sin hacer los 'deberes'. Durante la pandemia, Hernández de Cos fue de los que recomendó al Gobierno abrir la mano del gasto público para contener la recesión. Sin embargo, en esta ocasión pide prudencia al Ejecutivo, no solo porque la situación de endeudamiento es mucho más delicada, también porque el apoyo del BCE ya no podrá ser tan contundente como lo fue hace dos años.

El Gobierno pide tiempo para diseñar y negociar el plan de acción con otras fuerzas políticas y los agentes sociales. Sin embargo, se encuentra con huelgas y movilizaciones por parte de empresarios y trabajadores que reclaman el tradicional 'qué hay de lo mío'. Pero esta vez, el Estado está endeudado hasta las cejas.