Los expertos proponen que la armonización prime sobre la autonomía fiscal

Son casi 600 páginas y 120 recomendaciones sobre qué hacer con el sistema impositivo. Un texto tan voluminoso, sin embargo, no contiene propuestas cerradas ni ofrecimientos concretos. Al contrario. En aras de lograr el consenso de los expertos —que el presidente del comité ha conseguido—, los comisionados han optado por aprobar un documento abierto cuya ejecución, en última instancia, dependerá de lo que decida el Gobierno, que lo presentará, presumiblemente, el próximo jueves.

El informe de los expertos, en síntesis, navega en tres direcciones. Por un lado, asume el compromiso del Gobierno de elevar la fiscalidad medioambiental; por otro, lo que hace es trasladar a la legislación española las últimas decisiones adoptadas en el ámbito de la fiscalidad internacional para evitar la erosión de las bases imponibles en el impuesto de sociedades (un mínimo del 15%), y, por último, se aborda el asunto más espinoso: la armonización fiscal en los tributos patrimoniales. Sobre el sistema de módulos, lo que se propone es su eliminación gradual, pero nunca de forma radical que perjudique a las pequeñas empresas que hoy se acogen a este sistema, y que es una de las principales fuentes de la economía sumergida.

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El presidente de la comisión, el catedrático Jesús Ruiz-Huerta, ha logrado que haya consenso sobre el asunto más vidrioso, como es la armonización fiscal, aunque a costa de que no se hagan propuestas concretas que fijen niveles máximos y mínimos de las bases imponibles. Lo que sí deja bien claro el texto, según uno de los miembros, es que la armonización fiscal prevalece sobre la autonomía de los gobiernos regionales. O expresado en otros términos, ningún Ejecutivo autonómico podrá tomar decisiones que comprometan al resto, ya que en última instancia todos saldrían perjudicados. Un punto que no afecta solo a Madrid, sino también a Cataluña, que de alguna manera asume la coordinación con el resto de regiones, por lo tanto, sin soluciones unilaterales.

El documento, incluso, plantea la posibilidad de que el Estado pueda recuperar los tributos cedidos, como son patrimonio, sucesiones y donaciones o, incluso, transmisiones patrimoniales, aunque este último impuesto no está en discusión, si así lo quiere alguna comunidad, lo que en la práctica significa que sería la Administración central quien establecería los tipos impositivos.

Madrid se blinda

La prevalencia de la armonización fiscal sobre la autonomía financiera de las comunidades no es un asunto baladí, porque recientemente el Gobierno de Madrid aprobó una Ley de Autonomía Financiera con la que pretende blindarse ante “subidas estatales de impuestos”, como declaró su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.

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El documento sí es mucho más preciso en materia de fiscalidad medioambiental, en este caso siguiendo los compromisos contraídos por el Gobierno en el marco de la Agenda 2030. “España promoverá una fiscalidad verde que la situé progresivamente en niveles similares a los de la media europea”, dice el documento. En concreto, un 2,4% del PIB frente al 1,83% de nuestro país “con el objetivo de desincentivar comportamientos perjudiciales para el medio ambiente”. Lo que hace el texto de los expertos, según las fuentes, es asumir las tesis de uno de sus miembros, el catedrático Xavier Labandeira, uno de los mayores especialistas del país en fiscalidad medioambiental.

Ese escenario, en todo caso, no será fácil de cumplir. Entre otras cosas, porque el IPC está en máximos desde hace tres décadas y cualquier retoque al alza en el precio de los hidrocarburos por una subida de tipos impositivos agravaría la situación.

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Lo que ha quedado fuera del informe son propuestas concretas sobre un nuevo modelo de financiación pese a que el sistema actual está caducado desde 2014, lo que parece indicar que el Gobierno no tiene mucha prisa por acometer una reforma en profundidad. A lo sumo, según fuentes solventes, podría plantear una actualización del criterio de población ajustada, en línea con lo que ya avanzó Hacienda a las comunidades autónomas a finales del año pasado.

El documento de los expertos, de hecho, es más analítico que propositivo, lo que deja manos libres al Gobierno, donde hay serias discrepancias entre los dos socios, para actuar. Tampoco estaba obligado a hacerlo, ya que se trata de una comisión meramente consultiva, pero siempre será más creíble su reforma si va avalada por los expertos. Entre otras razones, porque la modernización de la reforma fiscal forma parte (componente 28) de los compromisos adquiridos con Bruselas para recibir los fondos europeos.

Grandes fortunas

Las discrepancias entre los socios de gobierno no son irrelevantes porque cualquier modificación exige una mayoría parlamentaria que hoy el Gobierno no tiene asegurada. Unidas Podemos ya ha podido notar en carne propia cómo el propio PSOE, junto al PP, Vox y Ciudadanos, tumbaba en el pleno del Congreso las propuestas de reforma fiscal pactadas con otros socios de investidura, como EH-Bildu y Más País. Entre ellas, un nuevo impuesto a las grandes fortunas no bonificable por las comunidades autónomas, además de recargos para las grandes eléctricas y las entidades financieras. El PSOE, en alguna ocasión, ya ha dicho que el programa de gobierno con UP firmado en diciembre de 2019 ya se ha cumplido en un 80%, lo que da a entender que tampoco Hacienda va a plantear cambios profundos en el actual sistema tributario.

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Los expertos, en todo caso, según fuentes solventes, han renunciado a proponer una reforma en profundidad y el documento es continuista respecto del actual 'statu quo' fiscal. Es decir, no habrá un cambio significativo en los grandes tributos: IRPF, IVA o sociedades. El mandato de Hacienda a los comisionados era analizar “la imposición directa, indirecta y los restantes ingresos públicos”, según se comunicó en su día.

España cuenta con una ratio ingresos/PIB inferior a la media europea, y los datos muestran, en contraste con otros Estados, un elevado peso de la imposición sobre el trabajo, al contrario de lo que sucede con la imposición medioambiental, que, como se ha dicho, es sustancialmente más reducida. Respecto del IVA, y aquí sí que los expertos plantean algunas líneas de actuación, el problema es la larga lista de productos que entran en tipos reducidos o superreducidos, lo que aminora la recaudación. Aquí está la principal diferencia con Europa. Igualmente, como ha señalado AIReF, existe un amplio universo de bonificaciones y deducciones en el impuesto de sociedades que erosionan las bases imponibles del impuesto que grava los beneficios empresariales.