La escalada de la inflación subyacente aumenta la presión para las subidas salariales

El Banco de España ha reclamado insistentemente durante la actual crisis inflacionista que las subidas de salarios pactadas en convenio no se rijan por el IPC general sino por el subyacente. Esto es, que se excluya de la negociación colectiva el encarecimiento de los productos energéticos como consecuencia de la guerra en Ucrania. El motivo es que este indicador mide la tendencia de fondo de los precios, eliminando el efecto tan volátil que tiene la energía. Por ejemplo, si en las próximas semanas se terminase la guerra, es posible que los precios de la luz o los combustibles cayesen rápidamente, sin embargo, el resto de bienes y servicios mantendría su nivel actual o incluso su tendencia ascendente.

De ahí que el Banco de España pidiese tomar como referencia el IPC subyacente y no el general para la negociación colectiva entre sindicatos y patronal. Hasta finales de 2021, este indicador mostraba avances moderados. En diciembre, la subida de precios interanual se situaba en el 2,1%, cifra en línea con el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE). Y las previsiones apuntaban entonces a una nueva moderación de los costes por la paulatina recuperación de las cadenas de suministro.

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Sin embargo, en febrero estalló la guerra y cambió por completo el escenario económico. Los costes energéticos y de otras materias primas se dispararon de la noche a la mañana y las empresas ya no pudieron soportar más la presión sobre sus márgenes y empezaron a trasladar a sus precios este gasto creciente. Así fue como cayó el ‘dique de contención’ de la inflación, esto es, la inercia de moderación de la inflación debido a la creencia en la estabilidad de precios (los consumidores no aceptan subidas de precios y cambian rápidamente de proveedor cuando este los eleva). Los clientes ahora están resignados a las subidas de precios, por lo que las empresas no se ven expulsadas del mercado si suben sus tarifas.

El resultado ha sido que el IPC subyacente está ya en el 5%, lo que supone el mayor incremento desde 1995, antes de la entrada de España en el euro. En este momento, los consumidores no confían en que pueda producirse una contención del IPC y lo único que esperan es que sus salarios mejoren. Este es el gran reto para los sindicatos, que están cargados de argumentos una vez que la inflación subyacente está en estos niveles.

Para ello, pueden apoyarse en las recomendaciones del Banco de España o de Fedea, quienes han señalado que el IPC subyacente es el indicador preferible para las revisiones salariales en lugar del general. Los sindicatos ya han comenzado su campaña de movilizaciones y seguirán elevando el tono durante los próximos meses. A las empresas se les agotan los argumentos para mantener la subida de los salarios en el entorno del 2,5%.

Uno de los argumentos que utilizaba la CEOE para rechazar una subida de salarios intensa era precisamente que el IPC subyacente estaba muy por debajo del general. En marzo, cuando la brecha entre los dos indicadores era de más de seis puntos, la patronal explicaba que esta diferencia “estaría reflejando el esfuerzo del tejido productivo para no repercutir todo el aumento de costes en sus precios finales de bienes y servicios”. Desde entonces, el IPC general se ha moderado en 1,1 puntos y el subyacente ha subido 1,5 puntos. Esto es, la distancia entre los dos indicadores se ha reducido a casi la mitad, en una tendencia que previsiblemente se mantendrá en los próximos meses, sobre todo cuando entre en vigor el tope al gas.

Esto significa que las empresas están repercutiendo ya intensamente los costes energéticos a sus precios finales, protegiendo así sus márgenes de beneficio. Si se mantiene esta tendencia, las empresas tendrán pocos argumentos a su favor para mantener la moderación salarial actual.

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La escalada de la inflación subyacente también eleva la tensión en el seno del BCE. De hecho, en otros países europeos donde la tasa de paro es muy inferior a la española, los sindicatos tienen mayor capacidad de presión para elevar los salarios. Máxime si las empresas están protegiendo sus márgenes de beneficio repercutiendo los costes.

Para el Banco de España, y también para el Banco Central Europeo, la escalada de la inflación subyacente sitúa la crisis de precios en otro estadio más preocupante. Porque no es lo mismo que suba la luz o el petróleo, por la guerra, a que suban el pan, el aceite o los huevos. En este segundo caso, los efectos indirectos de la energía se extienden por el resto de bienes y servicios.

Para el BCE es clave mantener la confianza en que el IPC se moderará rápidamente a partir del año 2023, pero a medida que avanza la inflación subyacente, esta esperanza se va difuminando. Pero para el BCE es imprescindible que las negociaciones salariales y de precios y prestaciones públicas que se realizarán en el próximo otoño tengan, como escenario base, una ralentización de los precios. Eso permitirá a las empresas y gobiernos negociar las rentas privadas y públicas inferiores al IPC actual para los próximos años y que así se pueda romper el círculo vicioso en el que parece entrar ahora la economía europea.

Esto explica que el BCE vaya a ser agresivo en los próximos meses con su política monetaria: en junio terminará definitivamente con el programa de compras de activos y en julio previsiblemente subirá los tipos de interés. Y esta alza podría ser de 25 puntos básicos o de 50, con el objetivo de sacar el precio del dinero del terreno negativo en que se encuentra actualmente. La escalada de la inflación subyacente dificulta que el BCE pueda prolongar por más tiempo la política ultraexpansiva actual.