Johnson impone un hachazo del 25% a las petroleras para ayudar a los hogares frente a la inflación

Las compañías gasísticas y petroleras del Reino Unido tendrán que pagar al Estado el 25% de sus beneficios para ayudar a financiar el macroplan de ayudas de 17.600 millones de euros con el que el Gobierno británico pretende apoyar a las familias para que hagan frente a la inflación.

El siempre heterodoxo primer ministro, el conservador Boris Johnson, ha vuelto a contraatacar en medio del escándalo del 'partygate' con una medida de la que ya se llevaba hablando varias semanas, pero que hasta este jueves no se ha aclarado. Tras muchas idas y venidas —el propio Johnson llegó a descartar la tasa por considerar que desalentaría las inversiones—, Downing Street ha dado finalmente una respuesta ambiciosa al debate que se está abriendo en Europa sobre la fiscalidad de los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, en un momento de crisis inflacionista que les está granjeando unos beneficios récord.

En la línea que ya han explorado Italia y Hungría, el Gobierno del Reino Unido ha anunciado este jueves la introducción de un impuesto temporal del 25% a los beneficios de las empresas de petróleo y gas. Con él, se financiará parcialmente un paquete de medidas de unos 15.000 millones de libras (17.600 millones de euros) para ayudar a las familias británicas a hacer frente al incremento del coste de la vida.

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Marcos Lema

Las nuevas ayudas, anunciadas por el ministro de Finanzas y responsable del Tesoro británico, Rishi Sunak, elevan a 37.000 millones de libras (43.417 millones de euros) el apoyo directo brindado a los hogares británicos para afrontar el encarecimiento del coste de la vida.

"Sabemos que las personas enfrentan desafíos con el coste de la vida y es por eso que hoy anuncio más apoyo para ayudar a afrontar el aumento de las facturas de energía", indicó Sunak, subrayando que "es correcto que las empresas que obtienen beneficios extraordinarios gracias a los precios mundiales récord del petróleo y el gas contribuyan a ello". Una de ellas es, precisamente, la petrolera británica BP.

Entre las principales medidas de ayuda anunciadas, destaca la aprobación de un nuevo pago único de 650 libras (763 euros) a más de 8 millones de hogares de bajos ingresos, así como otros pagos por importe de 300 y 150 libras para pensionistas y personas con discapacidad, respectivamente. Asimismo, Sunak anunció también un incremento en el descuento en las facturas de energía que entrará en vigor a partir del próximo mes de octubre y que pasará a ser de 400 libras (470 euros) en vez de 200 libras (235 euros), mientras que se eliminará la obligación de devolverlo.

Londres calcula que los alrededor de 8 millones de hogares más vulnerables del país recibirán al menos 1.400 euros adicionales

De este modo, el Gobierno británico calcula que los alrededor de 8 millones de hogares más vulnerables del país recibirán al menos 1.200 libras (1.408 euros) adicionales de apoyo este año, incluido el reembolso de impuestos municipales de 150 libras (176 euros) que muchas familias recibieron el mes pasado, en línea con el encarecimiento promedio de la energía durante este año.

Según los cálculos del Gobierno, el nuevo impuesto permitirá recaudar alrededor de 5.000 millones de libras (5.867 millones de euros) en sus primeros 12 meses, lo que se destinará a aliviar la carga de las familias. "Será temporal y, si los precios del petróleo y el gas vuelven a niveles históricamente más normales, se eliminará gradualmente", subrayó el Ministerio de Finanzas.

Desgravaciones a las empresas que inviertan

Al mismo tiempo, con el fin de aumentar los incentivos para invertir, el nuevo impuesto incluirá una nueva y generosa desgravación del 80% por inversiones. Este nuevo gravamen no se aplicará al sector de generación de electricidad, donde también se obtienen beneficios extraordinarios debido al impacto que tiene el aumento de los precios del gas en el precio que se paga por la electricidad en el mercado del Reino Unido. En este sentido, el Gobierno mantiene consultas con el sector de generación de energía y los inversores para impulsar las reformas del mercado energético y garantizar que el precio pagado por la electricidad refleje mejor los costes de producción.