El beneficio de las energéticas en plena crisis abre el debate sobre su contribución fiscal

BP, 5.900 millones de euros. Exxon, 9.300 millones. Chevron, 6.100. Shell, 8.600. Total, 8.500. Petrobras, 8.400. Equinor, 4.900; Eni, 3.300; Repsol, 1.100. Son los beneficios netos de las principales petroleras de Occidente durante el primer trimestre, ajustados para evitar la distorsión de las partidas excepcionales, en un momento en el que muchas de ellas se han desprendido de su negocio ruso. Para completar la serie hay que añadir un dato más, que lo explica (casi todo): barril de Brent, 113 dólares. Y una pregunta que, inmediatamente, viene a la cabeza de muchos ciudadanos: ¿es lícito que las grandes empresas energéticas se estén 'forrando' durante la mayor crisis inflacionista desde los años 70?

Mario Draghi, primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, piensa que no. Paolo Gentiloni, titular de Economía de la Comisión Europea, cree que tampoco. Y de la misma opinión son el ministro de Finanzas del Reino Unido, el conservador Rishi Sunak, una parte del Gobierno alemán (los Verdes), la Agencia Internacional de la Energía y hasta Lionel Barber, exeditor del diario británico 'Financial Times', considerado la Biblia del capitalismo: "Los tiempos excepcionales, como la guerra, requieren una intervención excepcional de los gobiernos".

Lo que hasta hace poco constituía un tabú reservado a las economistas más heterodoxos y algunos populismos de izquierda, como Unidas Podemos en España, se ha instalado en el corazón de Europa hasta convertirse en un debate trascendental sobre el reparto de los esfuerzos de la crisis tras la invasión de Ucrania. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo intentó en septiembre con las eléctricas, pero tuvo que dar marcha atrás tras enfurecer a algunas de las principales cotizadas del Ibex. Con una fórmula diferente, Italia ha sido el primer país comunitario en establecer un impuesto para los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. El debate está servido.

Todas las compañías consultadas para este artículo niegan tener 'windfall profits', un anglicismo que se ha popularizado durante los últimos meses a modo de significante vacío: cada uno puede introducir en él el concepto que quiera. Hasta ahora, en España se asociaban los 'beneficios caídos del cielo' a la remuneración extraordinaria que reciben las eléctricas en el mercado marginalista por su producción hidráulica y nuclear, pagada al precio del gas, pese a tener unos costes muy inferiores. Los récords de esta materia prima estarían enriqueciendo a las empresas y, además, disparando el precio de la luz, lo que justificaría la intervención estatal. Sin embargo, el debate europeo empieza a ir mucho más allá, e incluye en el concepto a todas las ganancias adicionales que consiguen las empresas energéticas —ya sean petroleras, gasísticas, eléctricas o todo al mismo tiempo— como consecuencia de la crisis actual.

Dos fuentes distintas del sector aseguran que el impacto fiscal del real decreto en sus empresas ha sido cero o cercano a cero

Miguel Ángel Lasheras, consultor energético y experto en fiscalidad, prefiere el segundo enfoque. "Son aquellos que tienen su origen en acontecimientos imprevistos", explica. La guerra de Ucrania y sus consecuencias sobre los mercados energéticos entrarían en esta definición. Como cualquier otra ganancia, los 'windfall profits' se gravan inicialmente con los impuestos ordinarios, pero la cosa cambia cuando son anormalmente altos. Y, en este caso, lo son: Shell obtuvo en el primer trimestre los mejores resultados de su historia, BP y Chevron lograron sus mayores beneficios en una década, ConocoPhillips multiplicó por seis sus ganancias, Eni las cuadruplicó, Total las triplicó y Petrobras las multiplicó por 18. Surgen, entonces, tres preguntas inevitables: ¿Son socialmente justos? ¿Se deben gravar de una forma específica? Y, si es así, ¿cómo se pueden separar los beneficios ordinarios de los extraordinarios?

La respuesta, apunta Lasheras, no es técnica, sino política. Y ahí es donde los gobiernos deben establecer un equilibrio entre todos los elementos en juego. Por un lado, la opinión pública, asfixiada por una escalada de precios sin precedentes, demanda este tipo de medidas. Por el otro, las empresas energéticas presionan para que no se lleven a cabo. Para ese equilibrio imposible, hay diferentes respuestas.

La de España se centró en las eléctricas, y resultó fallida. El real decreto de septiembre que establecía una minoración del 90% de los 'beneficios caídos del cielo' fue corregido en octubre, hasta quedar prácticamente sin efecto. La durísima reacción de las empresas del sector, que perdieron miles de millones en bolsa y llegaron a amenazar con parar la producción nuclear ante el 'hachazo' de 2.600 millones de euros a sus cuentas, logró frenar los planes iniciales de Ribera. El argumento que utilizaron las eléctricas en ese momento, y repiten ahora, es que ya habían vendido la inmensa mayoría de la energía a precios inferiores a los del mercado, por lo que los récords del mercado mayorista no engordaban artificialmente sus cuentas. Y fue escuchado.

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Al eliminar de la minoración los contratos a plazo, el Gobierno renunció al afán recaudatorio de la medida. Dos fuentes distintas del sector consultadas por El Confidencial aseguran que el impacto fiscal del real decreto en sus empresas ha sido cero o cercano a cero. Sin embargo, les ha generado un extraordinario engorro burocrático, debido a las declaraciones responsables que tienen que enviar todos los meses para explicar a qué precio generan, compran y venden la energía. Y, lo más importante: ha evitado la proliferación de mayores beneficios caídos del cielo.

El Ejecutivo volvió a la carga en marzo, cuando el decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra estableció un límite de 67 euros el megavatio hora, a partir del cual se produciría la minoración en los nuevos contratos. Pero las empresas ya habían hecho los deberes, así que no se han visto afectadas, aseguran. Naturgy tenía toda su producción vendida a 65 euros después del verano, mientras que otras compañías del sector empezaron a cerrar contratos en cifras similares a finales de año, cuatro o cinco veces inferiores al precio del 'pool' eléctrico. "El éxito del decreto no consiste en recaudar, sino en que no subamos los precios y vendamos por debajo de los del mercado", afirma una de esas fuentes.

¿Quién se beneficia?

Dos multinacionales del sector consultadas por El Confidencial coinciden en que no se puede hablar de 'beneficios caídos del cielo', y apuntan a aquellas que tienen su negocio ligado a las materias primas. Estas, por su parte, argumentan que son las eléctricas la que realmente reciben los 'windfall profits'. ¿Quién tiene la razón?

"Sí hay energéticas que están viendo el efecto de las subidas de precios: las petroleras están publicando grandes resultados"

De momento, la temporada de resultados ha desplazado el foco desde el mercado de la luz hacia el del petróleo. Iberdrola ha ganado un 29% menos en España, mientras que la portuguesa EDP ha perdido 76 millones de euros. Ambas compañías han argumentado que estos resultados son consecuencia de su renuncia a trasladar al consumidor los récords del mercado mayorista. La semana que viene llegará el turno de las otras dos grandes eléctricas que operan en España: Endesa y Naturgy. El consenso de los analistas de Bloomberg apunta a que ambas tendrán beneficios ligeramente inferiores a los del mismo periodo del año pasado. Mientras tanto, Repsol ha doblado su beneficio y repartirá entre sus accionistas un dividendo superior al euro, en niveles previos a la pandemia. "Sí hay energéticas que están viendo el efecto de las subidas de precios: las petroleras están publicando grandes resultados", sentencian desde una eléctrica.

El argumento de señalar a una u otra actividad puede resultar tramposo, ya que depende de la coyuntura. Fuentes del sector recuerdan que, cuando el petróleo llegó a estar en negativo durante lo peor de la crisis del coronavirus, las petroleras fueron las mayores perjudicadas, por lo que parece lógico que ahora engorden su cuenta de resultados, al depender de las cotizaciones de los mercados internacionales. Lasheras abunda en esa teoría, y asegura que es muy difícil saber, en el caso de Repsol, qué parte de los beneficios son ordinarios y cuál extraordinarios. Además, el experto niega que existan 'windfall profits' como consecuencia del diseño del mercado eléctrico. Pero nada de esto impide que las empresas energéticas deban contribuir más que las demás en un momento especialmente crítico. Y, de hecho, ya lo están haciendo.

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En el caso de las eléctricas, a través del tope al precio del gas, que obligará a las comercializadoras a compensar a los ciclos combinados que produzcan por encima del máximo de 50 euros pactado entre Madrid y Bruselas. Además, ya financian el bono social. En el caso de las petroleras, el Ejecutivo les obliga a sufragar cinco céntimos de la rebaja de los combustibles, y desde Repsol recuerdan que la compañía ya aplicaba a sus clientes un descuento de 10 céntimos, incluso antes de la subvención de 20 que entró en vigor el 1 de abril. Pero surge una duda: ¿hasta qué punto las empresas acaban trasladando esas contribuciones al consumidor, o incluso utilizándolas como pretexto para aumentar sus márgenes?

Ante la dificultad para comprobarlo, existen dos vías para asegurar que las multinacionales energéticas ponen de su parte en el reparto de los costes y los beneficios de esta crisis, como les han pedido esta semana las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera. Pese a las presiones de Unidas Podemos, que ha llegado a proponer una 'tasa Iberdrola' para que las eléctricas financien el 40% de la factura de la luz, el Gobierno de momento no se ha decantado por ninguna de ellas.

La primera es la vía italiana, que consiste en un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, sea cual sea su actividad principal. Para calcular la base imponible, el Gobierno de Draghi compara las cuentas de los dos últimos trimestres con las del mismo periodo del año anterior. Si las ganancias aumentan en más de cinco millones de euros, se considera un beneficio fuera de lo normal y se aplica una tasa del 25% sobre el incremento. Como recuerda Lasheras, se trata de una iniciativa del agrado de Bruselas, ya que permite financiar las medidas para combatir los efectos de la crisis en los hogares sin incurrir en un aumento del déficit público, como puede ocurrir con las rebajas fiscales.

Roma solo ha recaudado 40 M con el impuesto a los beneficios extraordinarios de Enel

Sin embargo, el efecto recaudatorio resulta mínimo. El 'hachazo' fiscal que ha sufrido Enel —la matriz de Endesa—, por esta causa así lo atestigua. Hasta ahora, con un tipo impositivo del 10%, la medida ha tenido un impacto de 40 millones de euros, y la compañía estima que ascenderá a 60 millones adicionales a lo largo de lo que queda del año, tras el incremento al 25% anunciado esta semana por el Palazzo Chigi. Enel consiguió durante el primer trimestre unos beneficios de 1.430 millones de euros, un 21,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Algunas fuentes del sector prefieren obviar cualquier conversación sobre nuevos gravámenes, pero otras no ocultan que este tipo de medida sería un mal menor para sus empresas, en comparación, por ejemplo, con el 'decretazo' de septiembre. "Si te estás forrando en una circunstancia donde hay que apretarse el cinturón no me parece ilógico que contribuyas más", afirman. Para esas mismas fuentes, la tasa es un "impuesto de verdad" que, en el caso de aplicarse en España, podría las cartas boca arriba y ahorraría una gran carga burocrática a las eléctricas si se compara con la minoración, ya que las declaraciones de impuestos se tienen que presentar de todas las maneras.

La vía inglesa cambia la confiscación del beneficio por un compromiso de inversión

Aunque el ministro de Economía británico barajaba una medida similar, el primer ministro, Boris Johnson, la ha descartado. La vía inglesa, mucho menos agresiva, cambia la confiscación del beneficio por un compromiso de inversión. La promesa de BP de dedicar cerca de 21.000 millones de euros para buscar y extraer petróleo y gas en el Mar del Norte ha disuadido a Downing Street, impaciente por buscar alternativas que aumenten la autonomía energética del Reino Unido. "Si el país aplicara un impuesto de este tipo a las empresas, eso desalentaría las inversiones", justificó Johnson. Para evitar que dentro de la Unión Europea se dé un escenario como el que teme el 'premier' británico, Lasheras propone armonizar las medidas fiscales entre los diferentes Estados miembros y que estas tengan un carácter "temporal y extraordinario".

Mientras tanto, el Gobierno español prefiere ser prudente. Fuentes del Ministerio de Hacienda consideran que el tope al gas será suficiente para evitar los beneficios caídos del cielo y contener la inflación. El Índice de Precios al Consumo (IPC) ascendió en abril al 8,4%, en niveles que no se veían desde hacía muchas décadas. Tantas, que algunas de las empresas energéticas sobre las que ahora se pone el foco formaban entonces parte del Estado.