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Subvención a los carburantes: solución de corto plazo a problemas de fondo
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Vulnerabilidad en los combustibles

Subvención a los carburantes: solución de corto plazo a problemas de fondo

Más allá del debate sobre los pros y contras de la rebaja a los precios del combustible anunciada por el Gobierno, la solución del problema requerirá de medidas más estructurales

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“¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que 50 años después, incluso tras varios avisos, hayamos vuelto a tropezar con la misma piedra?”, se cuestionan los profesores de Economía Luis Puch y Antonia Díaz en un artículo publicado en el blog ‘Nada es gratis’ en el que abordan cuestiones relativas a la crisis energética que enfrenta actualmente la economía española. En la pregunta que se hacen Puch y Díaz va implícito el hecho de que el ‘shock’ actual no representa, ni mucho menos, un episodio único en la historia de España, sino que existen precedentes más o menos equiparables, especialmente en la crisis petrolera de los años setenta.

Precisamente, la solución apuntada este lunes por el Gobierno de Pedro Sánchez guarda muchos paralelismos con la que aplicó en aquella ocasión el régimen franquista, que intentó amortiguar el golpe a los consumidores manteniendo artificialmente bajos los precios de los combustibles, una solución que arrojó resultados poco satisfactorios.

Lo cierto es que desde hace días esta cuestión ha alimentado abundante literatura entre los economistas, que suelen contraponer al indudable efecto positivo que esta política tiene sobre el poder adquisitivo de las familias una serie de impactos negativos, que van desde el carácter regresivo de este tipo de ayudas universales a los incentivos negativos que genera, como incentivar el consumo energético justo cuando la situación requeriría un ajuste.

Foto: Imagen de una gasolinera en Madrid. (EFE/Emilio Naranjo)

En cualquier caso, si la propuesta del Gobierno puede suscitar reacciones encontradas, no puede dejar de leerse como una solución de corto plazo a un problema que viene a revelar también una larga serie de vulnerabilidades estructurales que convendría abordar para limitar en el futuro los riesgos de volver a verse envueltos en una crisis por el precio de los carburantes.

En lo que concierne a la crisis actual, es evidente que el pecado capital tiene un carácter europeo y apunta a la situación de dependencia que se ha generado durante años con un suministrador energético como Rusia y que ahora se trata de corregir a marchas forzadas. Aunque España juega aquí un papel secundario (sus lazos energéticos con Rusia son limitados), la situación ha puesto en evidencia las disfunciones creadas por la propia transición energética que han diseñado los distintos gobiernos y que ha dejado los precios de la energía en situación de dependencia de un activo crítico como el gas natural.

Pero más allá de cuestiones generales sobre la política energética de Europa y España, en el caso concreto del mercado de los carburantes en España también son perceptibles una serie de factores que ayudan a explicar que la situación que se vive en los mercados internacionales resulte tan nociva para la situación económica y social del país.

Así, no puede obviarse que una de las principales pegas que suelen ponerse a cualquier plan para subvencionar de forma directa el precio de los carburantes es el riesgo de que sean las empresas distribuidoras de combustible que acaben aprovechándose de estas ayudas para incrementar sus márgenes. Sea razonable o no esta sospecha, lo cierto es que linda con el que viene siendo uno de los problemas más graves del mercado del combustible en España: la limitada competencia. Así lo han planteado diversos estudios, como el elaborado por los profesores Joan Ramon Borrell y Jordi Perdiguero, en el que denuncian la falta de competencia que se vive en el sector y que se habría traducido en los últimos 15 años en un coste del litro de carburante entre cuatro y seis céntimos más caro que la media europea.

Las políticas de movilidad han fallado en fomentar un mayor uso del transporte público

Aunque esa competencia se ha ido incrementando progresivamente en los últimos años, con el surgimiento de distintos operadores ‘low cost’, parece obvio que el dominio del mercado del que gozan los tres grandes distribuidores (Repsol, Cepsa y BP) condiciona de forma muy marcada las dinámicas de precios, sin que la vigilancia —con sanciones incluidas— por parte de la CNMC haya surtido efectos reseñables. En este sentido, las campañas de descuentos lanzadas al unísono por estos tres grupos en los últimos días parecen más un indicador de la existencia de un margen considerable, como parecen apuntar los datos desde mucho antes de que se desatara la crisis ucraniana, que los efectos de la presión competitiva.

En paralelo a esto, aparecen cuestiones mucho más complejas y que tienen que ver con una política de movilidad que ha resultado en gran medida fallida, ya sea por no haberla tratado como prioritaria o por los errores cometidos en el enfoque de los distintos problemas (por ejemplo, a la hora de tratar de impulsar un menor uso de los vehículos de combustible más a través de medidas punitivas que de incentivos). De este modo, y pese a un intenso gasto de dinero público en distintas modalidades de transporte público, se ha logrado poco por reducir la dependencia del vehículo privado en España, al tiempo que se ha producido una un intenso envejecimiento del parque de automóviles de España, que, según datos de Anfac, superaba ya los 13 años de media al cierre de 2020 (2,3 años por encima de la media europea, tras incrementarse casi cuatro años en una década), lo que tiene también importantes implicaciones en términos de consumo de combustible.

Es obvio que todo esto afecta a cuestiones de elevada complejidad, que lamentablemente no se han anticipado con la antelación necesaria y cuya resolución requiere de unos tiempos incompatibles con las urgencias desencadenadas por la crisis actual. Pero sería conveniente que, una vez que las circunstancias actuales las han vuelto a poner de relieve, no se deje pasar la oportunidad y se actúe sobre ellas para tratar de evitar que, más tarde o más temprano, volvamos a lamentar que España ha vuelto a tropezar en la misma piedra de la crisis de los combustibles.

“¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que 50 años después, incluso tras varios avisos, hayamos vuelto a tropezar con la misma piedra?”, se cuestionan los profesores de Economía Luis Puch y Antonia Díaz en un artículo publicado en el blog ‘Nada es gratis’ en el que abordan cuestiones relativas a la crisis energética que enfrenta actualmente la economía española. En la pregunta que se hacen Puch y Díaz va implícito el hecho de que el ‘shock’ actual no representa, ni mucho menos, un episodio único en la historia de España, sino que existen precedentes más o menos equiparables, especialmente en la crisis petrolera de los años setenta.

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