El Gobierno cargará a las eléctricas el coste de 'topar' el precio de la electricidad

Los gobiernos de España y Portugal están ultimando la propuesta que enviarán a la Comisión Europea para reducir el precio de la electricidad en España. La fijación de un límite máximo de precios tiene una contrapartida: ¿quién lo paga? El Ministerio de Transición Ecológica lo tiene ya claro: serán las empresas eléctricas, de modo que descarta recurrir al déficit de tarifa ni al déficit público. Así lo explican fuentes del ministerio, que todavía no aclaran cuál será el límite del precio que se va a fijar en la península Ibérica, ya que se está negociando con Lisboa y con Bruselas. El aval de los Veintisiete ha permitido recuperar el 'hachazo' a las eléctricas, tras la rectificación de otoño para excluir los contratos bilaterales e intragrupo.

El sistema que está preparando el Gobierno es que se fije un precio máximo de retribución al que entra el gas en el mercado para así recortar los ‘beneficios caídos del cielo’ (‘windfall profits’) que reciben actualmente las eléctricas. Es importante tener en cuenta que el sistema actual de fijación de precios determina que todas las fuentes de energía se retribuyen al precio de la que sea más cara, que es el gas. De esta forma, al limitar el precio del gas, lo que se hace es que las energías más baratas, que son las renovables y la nuclear, tendrán unos ‘beneficios caídos del cielo’ inferiores y serán ellas quienes financien este tope de precios.

Para ejecutar este recorte a los ‘beneficios caídos del cielo’, España y Portugal necesitan el visto bueno de la Comisión Europea, que es quien tiene la competencia para determinar cómo se retribuyen las distintas fuentes de generación. De momento, ya tienen la autorización para presentar un mecanismo diferente al declarar a los dos países una ‘isla energética’, pero también tienen que dar el visto bueno a las cifras concretas.

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Lo que presentarán los dos gobiernos ibéricos es que todo el ajuste vaya directamente a los 'beneficios caídos del cielo'. No habrá, por tanto, recursos públicos ni déficit de tarifa para garantizar los márgenes de las eléctricas. "Tenemos constancia de que los beneficios de las eléctricas han aumentado por el sistema de fijación de precios", lamentan estas fuentes, que pretenden corregir este defecto lo antes posible.

Una vez decidido este extremo, queda pendiente de determinar cómo se paga la diferencia entre el precio de producir electricidad en las centrales de ciclo combinado y el umbral máximo fijado por el Gobierno. Este coste extra se prorrateará entre el resto de energías. O lo que es lo mismo, el consumidor no se llevará todo el ahorro del recorte de los ‘beneficios caídos del cielo’, sino que una parte se destinará a pagar el coste superior del gas sobre el umbral fijado. De esta forma, no será necesario que esta energía opere a pérdidas, lo que podría haber generado problemas de suministro.

El saldo neto para los consumidores será claramente positivo, porque el gas tiene un peso marginal sobre la producción total de energía en España. En el pico más elevado de demanda, los ciclos combinados nunca suponen más del 20% de la electricidad consumida en España, lo que significa que el coste adicional que quedaría por retribuir es limitado. Por el contrario, el resto del mercado, que es de al menos el 80% de la electricidad consumida, sí tendrá un importante recorte en la retribución, lo que hace que el saldo sea claramente positivo para los consumidores.

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La incógnita que falta por despejar es cuál será el límite de precios a que se retribuye el megavatio en el mercado. El Gobierno quiere que este tope sea “el más bajo posible”, en palabras de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Sin embargo, el Ejecutivo se encuentra aquí con la reticencia de Bruselas, ya que no quiere que el precio de la electricidad en España y Portugal sea mucho más bajo que en el resto de la UE, puesto que dejaría tocado el sistema marginalista actual.

Esta es la batalla política ahora entre los gobiernos ibéricos y la Comisión Europea. Pero lo que ya está dilucidado es que el coste de este nuevo umbral irá directamente a los ‘beneficios caídos del cielo’. En función de dónde se sitúe este límite, el impacto sobre los márgenes de las eléctricas será superior o inferior. Los gobiernos de España y Portugal presentarán su propuesta a la Comisión esta misma semana, y esperan tener el visto bueno en un plazo de entre tres y cuatro semanas. Eso significa que, en el mejor de los casos, los consumidores no tendrán una rebaja en su factura eléctrica, al menos, hasta la segunda mitad de abril.

Aunque la Comisión tarde unas semanas en responder a la propuesta ibérica, la realidad es que las conversaciones con Madrid y Lisboa son permanentes. De hecho, el objetivo es que la propuesta que se presente esta semana esté previamente acordada por las tres partes, explican fuentes del Ejecutivo.

Recupera el 'hachazo' con el aval de Bruselas

El mecanismo para compensar a las centrales de ciclo combinado por el tope al gas no figurará en el real decreto que se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, sí estarán las demás medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, como la ampliación del bono social, el adelanto de la devolución de 1.800 millones del régimen especial de las renovables para abaratar en seis euros la factura de la luz o la extensión de la reducción del 80% de los peajes para la industria electrointensiva.

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Sobre todas ellas, destaca una: la recuperación del ‘hachazo’ a las eléctricas que tanta polémica generó a principios de otoño del año pasado. Entonces, el Gobierno aprobó, en una primera versión del real decreto de minoración del gas, un mecanismo que obligaba a las empresas energéticas a devolver el 90% de la sobrerretribución que recibían: los conocidos como ‘beneficios caídos del cielo’. Se trataba de que las energías baratas, como la hidráulica o la nuclear, renunciasen a los ingresos extraordinarios que recibían por la inclusión en el 'mix' de las centrales de ciclo combinado, mucho más caras. La última energía en entrar en el sistema, que colma la demanda, es la que marca el precio, y eso estaba inflando las cuentas de resultados de las compañías en un momento de récords históricos del gas. Entonces, el propio Ejecutivo cifró el rejón en 2.600 millones de euros.

Sin embargo, la polémica generada obligó a una rectificación para conseguir que el real decreto fuese convalidado en el Congreso de los Diputados. Se excluyó del 'hachazo' a los contratos bilaterales (PPA, en la jerga del sector), que han ido adquiriendo un gran peso en los últimos años para asegurar un precio estable en un escenario de gran volatilidad en los mercados de futuros, así como a aquellos entre las generadoras y las comercializadoras de un mismo grupo empresarial. Esto dejó prácticamente sin efecto la minoración original. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica no han querido concretar a cuánto ha ascendido la recaudación desde entonces.

El Gobierno es consciente de que dar la cifra de los 2.600 millones constituyó un gran fallo de comunicación, que puso a las eléctricas en pie de guerra —las caídas en bolsa no se hicieron esperar y hasta amenazaron con parar las nucleares—. Ahora, Moncloa no quiere cometer el mismo error. De ahí la prudencia con que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció la nueva medida en el Consejo de Ministros de este martes.

A diferencia de lo que ocurrió en septiembre, el Gobierno solo aplicará la minoración a los contratos nuevos o en revisión

En esencia, la inclusión de un límite de 67 euros el megavatio hora para la retribución de las eléctricas —es el precio al que ascendería la luz si el gas se cotizase a 20 euros, la media del mercado ibérico desde su creación— supone volver al real decreto original. Todos los contratos que superen la cifra deberán devolver el 90% de la sobrerretribución, por lo que fuentes del ministerio consideran que incentivará los PPA por debajo de ese precio.

Sin embargo, el perfil bajo en la comunicación no es la única novedad desde septiembre: a diferencia de lo que ocurrió entonces, el Gobierno solo aplicará la minoración a los contratos nuevos o a aquellos que se revisen. Los actuales seguirán como están para cumplir con Bruselas. Si el Ejecutivo ha recuperado el 'hachazo' a las eléctricas es porque el Consejo Europeo de la semana pasada avaló estas regulaciones, pero con la condición de que no se aplicasen con efectos retroactivos para no generar inseguridad jurídica. Este martes, las grandes eléctricas no se vieron penalizadas en bolsa con el discreto anuncio de Ribera, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó comunicar a sus dirigentes en las reuniones de la semana pasada.