Aprender a vivir con la tormenta: la UE, ante un nuevo año de incertidumbre

En la gestión de crisis de la Unión Europea siempre hay un cierto patrón. Aparece una crisis, ya sea migratoria, económica o sanitaria, que suele pillar por sorpresa. En una segunda fase, de alguna manera, el bloque logra gestionarla y salir adelante y, finalmente, en una tercera fase, los Veintisiete aprenden a vivir con una crisis no resuelta del todo que pasa a convertirse en parte del paisaje. Las dos primeras fases corresponden a 2020 y 2021. El reto de la Unión ahora es intentar que 2022 no sea el año de la tercera fase. Por una vez, los Veintisiete quieren cerrar una crisis. Y hacerlo bien.

Sin embargo, el próximo curso empieza con malas señales. El empeoramiento de la situación sanitaria ha generado mucho nerviosismo en algunas capitales. La posibilidad de dar marcha atrás en el camino recorrido en el último año gracias a la vacunación preocupa mucho en Bruselas. El 2022 debe ser el año de la confirmación de la recuperación económica, del desembolso masivo de miles de millones de euros del fondo de recuperación. Según las previsiones de la Comisión Europea, España será el único país que al final del curso no habrá recuperado su nivel precrisis de producto interior bruto.

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Los cierres, las restricciones, la improvisación y la descoordinación alimentan la incertidumbre, que ha sido el principal desestabilizador de la agenda europea desde la irrupción del coronavirus en Europa. Bruselas necesita una segunda mitad de legislatura más o menos libre de manos. La primera mitad la ha dedicado básicamente a la gestión de la pandemia. Todas las demás ideas, proyectos y propuestas han quedado en un segundo o tercer plano, a veces directamente en los cajones de los comisarios. Con la campaña de vacunación a un buen ritmo, en la capital comunitaria hace meses que se está trabajando ya en el día después, en intentar que la agenda legislativa siga adelante.

Pero la aparición de ómicron vuelve a poner la gestión de crisis inmediata en el centro de la agenda. Al menos en el corto plazo. El instinto natural de la Unión lleva a volver a esa tercera fase de la gestión de crisis: tras dos años, aprender a vivir con ella. Aprender a vivir con la tormenta para poder así seguir sacando adelante otros asuntos quizá menos urgentes, pero igualmente importantes. Por ejemplo, Bruselas tiene prisa por avanzar en el Pacto Verde, con su propuesta Fit for 55 para reducir en un 55% las emisiones en 2030, un debate en el que todavía no se han visto la profundidad de las divisiones que existen entre Estados miembros en cuanto a los objetivos, cómo alcanzarlos y hasta qué punto se pueden hacer sacrificios sociales para llegar a ellos.

Los otros debates

Por eso, la Comisión Europea no es la única que tiene prisa por desatascar la agenda. París estrena en enero la presidencia del Consejo de la UE que retendrá hasta finales de junio y con la que Emmanuel Macron, presidente francés, ha mostrado un renovado interés por el debate europeo del que se había alejado en los últimos años. Además, el líder galo afronta las elecciones presidenciales en mayo de 2022.

Tras las elecciones francesas, se dará por finalizada la renovación del liderazgo en el eje francoalemán. Este mes de diciembre, Olaf Scholz se ha convertido en el nuevo canciller alemán tras 16 años de Angela Merkel al frente de la república federal. Tiene cuatro años por delante y una agenda europea muy cargada. París y Berlín se necesitan mutuamente, y necesitan tener la maquinaria bien engrasada. Los primeros meses del año servirán para que Scholz, que ya ha sido vicecanciller desde 2018, termine de cogerle el ritmo a su nuevo cargo y aprenda a gestionar su coalición de Gobierno. Los meses después de la elección francesa servirán para ver hasta qué punto hay un nuevo ímpetu en el eje franco-alemán.

Uno de los asuntos fundamentales para ese eje es la negociación de la reforma de las normas fiscales, que tendrán su fase clave en este 2022, que en principio será el último curso en el que las reglas están suspendidas para que los Estados miembros puedan hacer frente a la pandemia. Los Estados miembros están de acuerdo en reformar las reglas, que hasta ahora tienen como principales pilares que las capitales deban mantener el déficit presupuestario por debajo del 3% y la deuda pública por debajo del nivel del 60% del PIB. Pero las reglas son enormemente complejas, muy pocos Estados miembros cumplen la segunda y, cuando algunos Gobiernos han incumplido la primera, tampoco se han impuesto multas.

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Hay que cambiar las normas, y sobre eso hay consenso. Pero no tanto sobre cómo, en qué sentido, qué cambios realizar. Scholz deberá medir incluso las fuerzas dentro de su propio Gobierno, porque la persona que lo negociará será Christian Lindner, ministro de Finanzas alemán, que es el líder de los liberales (FDP), que acudió a las elecciones defendiendo un discurso de ortodoxia fiscal y mano dura con el resto de Estados miembros.

En todo caso se trata de un debate urgente para algunas capitales. España ha insistido en la necesidad de una negociación rápida. Otros países, que buscan cambios menos ambiciosos, apuestan por una negociación más larga, porque saben que, sin la presión de intentar acercarse a un acuerdo antes de enero de 2024, cuando se reactivarán las reglas fiscales, podrán reducir las reclamaciones de socios como España, Italia o Francia. Por otro lado, en la agenda económica, el 2022 será clave para la ejecución del fondo de recuperación de 140.000 millones de euros pactado por los Estados miembros en 2020.

Además, los Estados miembros pelearán por una reforma de Schengen sobre la que Macron lleva hablando ya años y que se ha convertido en uno de los principales objetivos del presidente galo durante el tiempo en el que Francia ostente la presidencia rotatoria del Consejo. París intentará también desatascar la discusión respecto al Pacto Migratorio propuesto por el Ejecutivo comunitario y al que España sigue oponiéndose por poner demasiado peso sobre los hombros de los países de primera llegada. “Seguimos comprometidos con lograr avances en el nuevo Pacto sobre migración y asilo con carácter de urgencia”, señala la declaración conjunta del Consejo de la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento Europeo sobre los objetivos del próximo curso político.

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En el ámbito no legislativo hay otras preocupaciones. Por ejemplo, la situación en la frontera de Ucrania, donde Rusia acumula a unos 100.000 efectivos en lo que Kiev y los socios europeos consideran que es una amenaza de invasión. Otro punto fundamental es la cuestión del Estado de derecho: se espera que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dicte sobre la legalidad o no del mecanismo de condicionalidad con el que la Comisión Europea podría cortar los fondos europeos a Polonia y a Hungría por sus ataques al Estado de derecho. Si recibe el respaldo de la alta corte de Luxemburgo, el Ejecutivo comunitario podría lanzar expedientes en los primeros meses de 2022 contra Varsovia y Budapest.

Hay también citas electorales. Destaca una por encima de todas las demás: la de Hungría. Precisamente porque todavía se considera que Polonia, cuyo Gobierno ultraconservador inició hace años una reforma judicial que está limitando la independencia de los magistrados, todavía es recuperable. Pero en Bruselas no hay esperanzas en que el primer ministro húngaro Viktor Orbán cambie sus posiciones. Así que el escenario ideal en la capital comunitaria es que el líder conservador pierda en las elecciones que se celebran esta primavera y en la que la oposición se ha presentado por primera vez unida.

Además, habrá algunas renovaciones institucionales. El Parlamento Europeo elegirá a un nuevo presidente en enero, con la maltesa Roberta Metsola, del Partido Popular Europeo, como favorita, y el Consejo Europeo tendrá que decidir si renueva por otros dos años y medio el mandato del belga Charles Michel al frente del foro de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete. Michel ha hecho algunos enemigos en esta primera mitad de mandato, pero la falta de alternativas le favorece.

Se agota la legislatura

Se ha llegado ya al ecuador de la legislatura. El tiempo empieza a agotarse. Los próximos meses y, en general, 2022, serán claves para ver los resultados finales de la legislatura 2019-2024. Otro año de agenda secuestrada por la pandemia, la gestión de daños y un reflote desigual de la economía europea y habrá poco tiempo para reaccionar e intentar salvar dosieres claves antes de que termine la legislatura.

En 2022 tendrán que cerrarse acuerdos y avanzar en otros que tendrán que rematarse en la primera mitad de 2023. A partir de julio de ese año, le tocará a España asumir la presidencia rotatoria del Consejo. Tendrá el difícil papel de jugar con la presión, intentar cerrar acuerdos en tiempo de descuento y salvar los dosieres que sean posibles en un momento en el que la política europea empezará a entrar en el letargo típico previo a las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán en mayo de 2024.